El acceso al financiamiento, la capacitación y la adecuación de las políticas públicas a la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) forman parte de los principales desafíos del sector productivo. En conversación con La Nación/Nación Media, el presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), Luis Tavella, destacó avances en herramientas de apoyo al sector y analizó las condiciones necesarias para fortalecer la formalización y el crecimiento de las mipymes.

Tavella recordó que el Fondo Nacional de Mipymes existe desde 2012, con la creación de la primera legislación para el sector, aunque posteriormente fue fortalecido mediante modificaciones legales que establecieron una transferencia anual aproximada de USD 5,5 millones por parte del Gobierno nacional.

Según explicó, para facilitar la operatividad de estos recursos se implementó un fideicomiso administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), desde donde el Viceministerio de Mipymes ejecuta distintos programas. El titular del gremio señaló que actualmente se contaba con la previsión de una donación de USD 5 millones proveniente de un gobierno árabe, de los cuales se transfirió USD 1 millón a fondos corrientes, monto con el que se operarán algunos programas.

Asimismo, indicó que aún quedan pendientes desembolsos correspondientes tanto al saldo de la donación como al aporte estatal anual previsto por ley. No obstante, remarcó que el Viceministerio de Mipymes prevé iniciar parte de los programas establecidos en agenda con los recursos actualmente disponibles.

En cuanto al lanzamiento de la plataforma “Avanza Mipymes”, Tavella aclaró que se trata de una herramienta independiente del Fondo Nacional y enfocada en ofrecer servicios de capacitación, formación y acceso financiero. La plataforma permitirá además facilitar el acceso a cuentas bancarias básicas mediante una interoperabilidad de datos con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), previa autorización expresa de los usuarios.

Respecto a la relación entre el sector privado y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Tavella valoró la continuidad de la agenda de trabajo pese al cambio de autoridades ministeriales.

Señaló a La Nación/Nación Media, que existe una dinámica de trabajo sostenida tanto con la administración anterior como con las actuales autoridades, manteniendo las prioridades estratégicas trazadas para el sector. Según sostuvo, esto permite dar continuidad a proyectos orientados al fortalecimiento de las mipymes y evitar interrupciones en las políticas impulsadas durante los últimos años.

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Sobre el debate en torno a la informalidad laboral, Tavella coincidió en la importancia de abordar este fenómeno desde una mirada estructural, considerando especialmente la realidad de las microempresas.

Explicó que una parte importante de los trabajadores del segmento corresponde a jóvenes recién egresados o personas provenientes del interior del país que aún se encuentran en procesos de inserción laboral y capacitación. En ese contexto, señaló que la productividad, la formación técnica y las condiciones del entorno económico son factores que influyen directamente en la dinámica laboral de las microempresas.

Respecto a la incorporación de trabajadores al sistema de seguridad social, Tavella reafirmó que la cobertura previsional es una obligación legal, aunque consideró importante analizar también aspectos relacionados con el funcionamiento de los servicios.

Asimismo, mencionó factores vinculados al endeudamiento de trabajadores que, según indicó, en algunos casos también inciden en la decisión de incorporarse a esquemas de formalización laboral.

El presidente de Fedemipymes también se refirió al impacto del transporte público en el presupuesto familiar, especialmente para trabajadores con horarios extendidos en sectores como gastronomía, hotelería, estaciones de servicio y retail. Según explicó, las limitaciones de conectividad en determinados horarios llevan a muchos trabajadores a recurrir a alternativas de movilidad que incrementan sus costos mensuales. En ese sentido, consideró que mejoras en el sistema de transporte podrían contribuir a aliviar parte de la presión económica sobre los hogares.

Finalmente, Tavella destacó que la legislación vigente ya contempla mecanismos específicos para microempresas, incluyendo disposiciones relacionadas con salarios y seguridad social.

Recordó además que el 88 % de las mipymes en Paraguay está conformado por microempresas, por lo que consideró importante impulsar espacios de diálogo tripartito que permitan adaptar políticas públicas a las características del sector.

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El proyecto de reforma que busca crear el código de defensa del consumidor prevé actualizar una legislación creada en 1998 para adaptarla a un mercado completamente distinto al de hace casi 30 años.

Así lo explicó al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media la titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, quien defendió la necesidad de modernizar las herramientas jurídicas frente al avance de las plataformas digitales, las redes sociales, la inteligencia artificial y los nuevos mecanismos de financiamiento.

Señaló que el mercado actual ya no se parece al existente cuando se aprobó la normativa vigente, por lo que muchas situaciones cotidianas quedaron sin regulación específica.

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“Hoy tenemos inteligencia artificial, plataformas digitales, publicidad en redes sociales y nuevas dinámicas comerciales que no existían en el año 98”, sostuvo Irún. Uno de los puntos centrales de la reforma apunta, justamente, al entorno digital.

En ese sentido, el nuevo proyecto incorpora reglas más claras para la publicidad en redes sociales, las ventas online y las relaciones de consumo dentro de plataformas digitales, sectores donde actualmente existen vacíos legales que generan conflictos frecuentes entre consumidores y proveedores.

Irún explicó además que gran parte de las nuevas disposiciones ya se vienen aplicando en la práctica mediante criterios administrativos y jurisprudencia, pero que ahora buscan quedar expresamente establecidas en la ley para dar mayor previsibilidad y seguridad jurídica tanto a consumidores como a empresas.

Otro de los capítulos que genera mayor debate es el relacionado con el sistema financiero y el denominado “préstamo responsable”. La propuesta establece que bancos, cooperativas y entidades financieras deberán informar y advertir con mayor claridad sobre las consecuencias de los créditos otorgados, especialmente en relación con la capacidad de pago y los riesgos de sobreendeudamiento.

Según detalló la ministra, la intención no es restringir el acceso al crédito, sino garantizar que el consumidor tome decisiones con información suficiente. Actualmente, explicó, muchas operaciones digitales se realizan de manera automática, con contratos extensos y condiciones poco comprendidas por los usuarios.

“El consumidor sigue teniendo la decisión final. Lo que buscamos es que entienda las consecuencias del crédito y que el proveedor también pueda demostrar que informó correctamente”, afirmó la titular de la Sedeco.

La reforma también incorpora herramientas inéditas en Paraguay, como las acciones colectivas, que permitirán agrupar reclamos de múltiples consumidores afectados por una misma situación. La medida apunta a evitar cientos de juicios individuales por montos pequeños y fortalecer la protección colectiva.

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El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N.° 5929/2026, mediante el cual se reglamenta el régimen de seguridad social para los empleados públicos contratados de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

La normativa dispone la incorporación obligatoria de estos trabajadores al Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en cumplimiento de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil.

La medida será efectiva a partir del segundo semestre del presente ejercicio fiscal. Como paso previo, los empleados contratados deberán gestionar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) la baja o suspensión de su registro en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través del Sistema Marangatu, ya que dejarán de facturar como prestadores de servicios para pasar a ser cotizantes directos de la Caja Fiscal.

Si bien los contratados dependientes del Poder Ejecutivo inician sus aportes este año, el decreto establece un cronograma para el resto de los Organismos y Entidades del Estado. Estos se incorporarán de manera gradual, teniendo como plazo máximo el 1 de enero de 2028.

Un punto clave de la reglamentación, basada en el artículo 84 de la Ley N.° 7445/2025, es la preservación de la antigüedad. En caso de que un empleado contratado pase a ser funcionario permanente mediante concurso o asuma un cargo electivo, seguirá aportando de forma ininterrumpida, y su antigüedad se computará desde el primer aporte realizado bajo la figura de empleado público.

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Los OEE serán los encargados de efectuar las retenciones correspondientes sobre las remuneraciones imponibles. Para viabilizar la liquidación, cada contrato registrado en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) deberá incluir obligatoriamente el código de cotizante.

Quedan exceptuados de esta medida, los contratados por productos específicos; las consultorías; y los servicios profesionales independientes que no impliquen una relación de dependencia con el Estado. Estas categorías continuarán rigiéndose por las disposiciones tributarias y administrativas actuales.

El MEF será la autoridad encargada de reglamentar los procedimientos técnicos y contables. Asimismo, se realizarán los ajustes necesarios en el Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE), para garantizar que la transición operativa y el flujo de los aportes jubilatorios se realicen de manera eficiente y segura.

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La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) lanzó un manifiesto en el que, si bien reconoce avances del gobierno, advierte sobre problemas estructurales que siguen sin resolverse y que, a su criterio, frenan el desarrollo del país.

En el documento, los empresarios valoran medidas adoptadas en los últimos años, como reformas vinculadas a inversiones, maquila y modernización institucional, señalando que “estos logros existen”. Sin embargo, el foco del mensaje está puesto en el manejo del gasto público, la falta de reformas de fondo y la persistencia de privilegios en el Estado.

Feprinco cuestiona la falta de avance en la reforma de la Caja Fiscal y advierte que el sistema previsional público “seguirá siendo una burbuja de privilegios injustos”, generando inequidades frente al sector privado y trabajadores informales.

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En esa línea, también apunta al prebendarismo y a decisiones políticas que priorizan intereses electorales por sobre el bien común.

Uno de los ejes centrales del manifiesto es el rechazo a un eventual aumento de la carga tributaria. “¡El camino es ampliar la base, no asfixiar a los que sostienen el sistema!”, dicen e insisten en que el problema no está en quienes ya cumplen, sino en la informalidad.

También advierten sobre el uso ineficiente de los recursos públicos y señalan que el presupuesto se construye con supuestos poco realistas, lo que termina afectando la inversión. “Se ajusta donde más duele. Se reduce aún más la inversión en infraestructura y no se honran los compromisos”, alertan.

En materia económica, cuestionan medidas que califican como “caramelos políticos”, como reformas laborales regresivas o propuestas que no apuntan a mejorar la productividad. Para el sector empresarial, el foco debe estar en generar empleo de calidad y no en decisiones de corto plazo. “El ingreso no se decreta, el ingreso se construye”, remarcan.

El manifiesto también pone énfasis en la necesidad de mejorar servicios básicos. Plantea que el problema no es solo el nivel de ingresos, sino el costo de vida, y señala que el Estado debe garantizar transporte eficiente, salud y servicios de calidad para aliviar la carga sobre las familias.

Entre los principales reclamos, Feprinco exige una reforma integral del Instituto de Previsión Social (IPS), denunciando deficiencias en la gestión y falta de respuesta a los aportantes. “El tiempo se agotó. Exigimos una reforma integral e inmediata del IPS”, remarcan.

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