La Dirección General del Tesoro Público (DGTP), dependiente del Viceministerio de Administración Financiera (VAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desembolsará en la fecha un total de ₲ 8.861 millones para honrar sus compromisos con los proveedores del Estado.
El pago corresponde a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) presentadas por los Organismos y Entidades del Estado (OEE) hasta el viernes 23 de enero, financiadas con Fuente 10 “Recursos del Tesoro”.
Desde la Dirección General del Tesoro Público destacaron que continúa ejecutando de forma sostenida el proceso de transferencias, conforme al orden de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas, garantizando así la previsibilidad y transparencia en los pagos.
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Igualmente, recordaron que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gov.py), en la sección Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos, o en el enlace: https://www.mef.gov.py/consulta-ciudadana/calendario-de-pagos/pago-a-proveedores.
Cumplir con sus obligaciones es parte fundamental del equilibrio de la administración estatal, la cual apunta a poder continuar con este ritmo, ya que la inyección de dinero que se da a los acreedores también se ve reflejada en la circulación de dinero a nivel local.
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Peña y Lovera convocan a exministros de Hacienda para debatir desafíos fiscales y perspectivas económicas
El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó una reunión con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Lovera y exministros de Hacienda, con el objetivo de analizar la situación actual de las finanzas públicas, intercambiar criterios sobre los principales desafíos fiscales y evaluar las perspectivas económicas del país para los próximos años.
A través de sus redes sociales, Peña calificó el encuentro como un “enriquecedor espacio de reflexión”, destacando que la conversación permitió combinar distintas experiencias en la conducción de la política económica. Germán Rojas, Benigno López , Manuel Ferreira, Miguel Gómez, César Barreto, Oscar Llamosas, Marco Elizeche y Juan José Galeano, fueron los exministros presentes en la reunión.
El mandatario señaló que su participación aportó una doble visión, tanto desde su experiencia como exministro de Hacienda como desde su rol actual al frente del Poder Ejecutivo, con el propósito de construir proyecciones económicas “sólidas y responsables”.
Durante la reunión, el ministro Oscar Lovera presentó un diagnóstico sobre la evolución de las cuentas fiscales, las medidas que viene impulsando el Gobierno y los principales retos que enfrenta la administración económica. Posteriormente, se desarrolló un intercambio abierto entre los participantes para analizar distintos escenarios y compartir recomendaciones.
Uno de los asistentes fue el exministro de Hacienda Manuel Ferreira, quien explicó a la 1080 AM que uno de los ejes centrales de la conversación fue la necesidad de transparentar las obligaciones acumuladas por el Estado con sus proveedores.
Según indicó, el gobierno presentó una estimación de USD 2.700 millones en deudas pendientes, principalmente con proveedores del sector salud, empresas farmacéuticas y constructoras de obras públicas. A su criterio, incorporar estos compromisos dentro de las cuentas fiscales permitirá reflejar con mayor precisión la situación financiera del Estado.
Ferreira sostuvo que ese sinceramiento tendría un impacto sobre la trayectoria fiscal prevista. De acuerdo con los datos expuestos durante la reunión, el déficit podría acercarse al 4 % del producto interno bruto (PIB) en 2027, superando la senda inicialmente proyectada al inicio de la actual administración.
El exministro consideró que reconocer estas obligaciones constituye un paso necesario para fortalecer la credibilidad de la política fiscal y facilitar el diálogo con organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), en torno a las medidas que el país deberá adoptar para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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MEF inicia la semana con pagos por G. 209.313 millones a proveedores del Estado
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inicia la semana con un nuevo desembolso destinado a proveedores y acreedores del Estado. A través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), la cartera económica transferirá G. 209.313 millones, correspondientes a compromisos financiados con la Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro.
El pago contempla el procesamiento de la totalidad de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas por los Organismos y Entidades del Estado (OEE) entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio, dando continuidad al cronograma habitual de desembolsos que realiza el Tesoro Nacional.
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Con esta operación, el Gobierno busca mantener el flujo de pagos a empresas proveedoras y acreedores del sector público, permitiendo el cumplimiento de obligaciones asumidas por las distintas instituciones estatales y contribuyendo a la liquidez de las firmas que prestan bienes y servicios al Estado.
El mecanismo de las STR constituye el procedimiento mediante el cual los organismos públicos solicitan al Tesoro la transferencia de recursos para cancelar compromisos previamente autorizados. Una vez verificadas las solicitudes, la DGTP procesa los pagos conforme al orden de presentación y a la disponibilidad de fondos.
Desde el MEF señalaron que este esquema de desembolsos se desarrolla de manera permanente, con el objetivo de garantizar previsibilidad en el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado y dar continuidad al funcionamiento de la administración pública.
Las empresas interesadas pueden verificar el detalle de las transferencias a través del Calendario de Pagos a Proveedores, disponible en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas. La información también puede consultarse en la plataforma de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dentro del apartado de pagos, así como en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPE).
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Dación en pago: la alternativa que proponen para saldar la deuda del Estado con el IPS
El conflicto que surge sobre cómo cancelar la deuda histórica que el Estado mantiene con el Instituto de Previsión Social (IPS) suma una nueva propuesta. El asesor de la previsional, Carlos Pereira, planteó utilizar la figura jurídica de la dación en pago, mediante la cual el Estado transferiría hospitales públicos a la entidad en compensación por parte de la deuda acumulada, evitando recurrir a una nueva emisión de bonos.
Esta alternativa nace en medio de la discusión sobre el saneamiento financiero de la previsional. Días atrás, la institución anunció que busca reprogramar parte de su deuda financiera a diez años con el objetivo de liberar recursos para fortalecer la compra de medicamentos y mejorar la disponibilidad de insumos en los servicios de salud.
En ese contexto, Pereira sostuvo que el Estado dispone de bienes que podrían utilizarse para cancelar sus obligaciones con la previsional. “Soy partidario de no pedir emisión de bonos por parte del Estado. Hay que buscar otros mecanismos”, afirmó a la 1020 AM.
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Como alternativa, propuso que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) transfiera al IPS los hospitales que actualmente utiliza y que pertenecen al Estado, siempre que el valor de tasación de esos inmuebles represente el monto de la deuda histórica.
La dación en pago es un mecanismo previsto en el derecho civil mediante el cual un deudor extingue una obligación entregando un bien distinto al dinero originalmente adeudado, siempre que ambas partes acepten esa modalidad de pago.
En este caso, implicaría que el patrimonio inmobiliario sustituya parcialmente el desembolso de recursos financieros. Según Pereira, una vez regularizada esa deuda histórica, podría establecerse una nueva relación financiera entre el IPS y el Estado, basada en reglas claras y coordinada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Está propuesta abre un nuevo debate sobre las alternativas para fortalecer la situación financiera del IPS sin incrementar el endeudamiento público mediante emisiones de bonos, y al mismo tiempo, busca dar una salida a una obligación que se arrastra desde hace años.
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Proyecto que busca consolidar al RUN como registro inmobiliario más ágil y seguro, pasa a la CSJ
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó este viernes el traspaso del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Registro Unificado Nacional (RUN) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte del proceso de consolidación del nuevo sistema que integra el Catastro y el Registro de Inmuebles bajo una administración unificada.
El acto fue encabezado por el ministro de Economía, Óscar Lovera, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quienes coincidieron en que el RUN constituye una de las principales reformas institucionales para modernizar la gestión de la propiedad inmobiliaria y fortalecer la seguridad jurídica en el país.
La transferencia forma parte del proceso iniciado en enero de este año, cuando las funciones relacionadas con el Catastro comenzaron a pasar al Poder Judicial tras la creación del Registro Unificado Nacional.
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Durante el encuentro también participaron autoridades del MEF, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y funcionarios de las instituciones involucradas en la implementación del proyecto.
Lovera destacó que el funcionamiento del RUN tendrá un impacto que trasciende el ámbito administrativo. “En economía mucho se mueve por expectativas. Cuando empecemos a dar señales de que el sistema está funcionando, de que la decisión fue la correcta y que el proceso de gestión unificado comienza a mostrar resultados, se generará un cambio importante, tanto para la ciudadanía como para quienes buscan invertir en Paraguay”, afirmó.
Creado mediante la Ley N.º 7.424/2025, el RUN unifica en una sola plataforma la información catastral y registral de los inmuebles, con el objetivo de simplificar los trámites relacionados con la propiedad, mejorar la calidad y confiabilidad de los datos y reducir los tiempos de gestión.
Desde el Gobierno sostienen que esta transformación permitirá brindar mayor previsibilidad al mercado inmobiliario, fortalecer la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y mejorar el clima de negocios.
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