La Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitió un comunicado este miércoles en el que celebra abrir el debate sobre del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, impulsado por el Gobierno. El gremio sostiene que es impostergable realizar los cambios necesarios para la sostenibilidad del sistema jubilatorio público.

“Como garantizar la sostenibilidad del sistema jubilatorio público —ya sea a través de los recursos del presupuesto público, los aportes de los propios actores, la adecuación de las edades jubilatorias a los cambios demográficos y productivos, o los mecanismos de administración de los fondos— demanda madurez institucional y objetivos claros respecto del modelo que se busca construir”, expresa el documento.

Asimismo, señala que resulta fundamental conocer el rumbo que se busca seguir, dado que cualquier definición en materia jubilatoria pública tiene un impacto directo sobre la capacidad del Estado de sostener sus prioridades.

“Los impuestos desde su concepción, representan el aporte que realiza la sociedad para recibir a cambio servicios esenciales como seguridad, educación, salud, infraestructura y una burocracia eficiente que acompañe a los ciudadanos, potencie sus capacidades y les brinde protección”, añade.

En otra parte, rechaza “cargar con más impuestos a sectores ya exigidos” y afirma que, como sucede actualmente, cubriendo el déficit de la Caja Fiscal con los tributos generales resulta “inadecuado, inaceptable” y conduce a la quiebra.

El gremio remarca que el desafío es alcanzar la mejor ecuación posible: evitar desfinanciar áreas clave del Estado y garantizar jubilaciones acordes a los aportes realizados y a las condiciones de vida de los beneficiarios.

Proyecto

El proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía plantea modificaciones destinadas a mejorar la sostenibilidad financiera y fortalecer la equidad intergeneracional de la Caja Fiscal.

La propuesta estipula una edad mínima de acceso a la jubilación para los sectores de magisterio nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales, policías y militares, así como una regla de acceso gradual a partir de los 20 años hasta los 35 años de servicio para el caso de policías y militares. Además, prevé un esquema de aporte obrero-patronal del 22 %, pasando de un 16 % a 19 % a cargo del trabajador y un 3 % del Estado.

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