Los trabajos de rehabilitación y pavimentación del tramo Juan E. O’Leary – San Cristóbal registran un avance importante con el comienzo de la colocación de la base granular, marcando una nueva fase en la ejecución del proyecto vial que beneficiará a más de 40.000 habitantes de Alto Paraná.
Las tareas de carga corresponden al Lote 2, que ya presenta resultados visibles en el terreno y forma parte de los 62,29 kilómetros que contempla la nueva ruta en el departamento de Alto Paraná, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Las obras de este tramo de 20 kilómetros están a cargo de la empresa Wheelco S.A. e incluyen movimiento de suelo, remoción de empedrados, construcción de alambrados, limpieza de la franja de dominio y traslado de líneas eléctricas, trabajos considerados claves para garantizar la durabilidad estructural y la seguridad de la ruta.
Hay que señalar que además de la ejecución técnica, el proyecto incorpora un acompañamiento permanente en los ámbitos social y ambiental, integrados al desarrollo de la obra.
El proyecto, que contempla la pavimentación asfáltica de un total de 62,29 kilómetros, está distribuido en tres lotes. El primero demanda una inversión de G. 73.686.119.084, el segundo la suma de G. 79.667.417.869 y el tercer lote G. 93.066.213.928. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 24 meses.
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Consejo de Gobernadores demuestra preocupación ante decisión del Senado
El Consejo de Gobernadores del Paraguay, encabezado por César Sosa emitió un comunicado expresando su preocupación ante la decisión de la Cámara de Senadores de retirar la administración y ejecución del programa Hambre Cero en las Escuelas a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná.
“Esta determinación, sustentada en cuestionamientos y sospechas que hasta la fecha no se traducen en denuncias formales ni en procesos cocluyentes, debilita el modelo de gestión descentralizada que ha permitido llevar alimentación de calidad a miles de niños y niñas de todo el país", refiere la nota.
A la vez mencionan que “el programa Hambre Cero cuenta con fondos institucionalmente blindados, controles cruzados permanentes y trazabilidad en toda la cadena de provisión, además de la supervisión de diversas instituciones del Estado y del control cotidiano de la propia comunidad educativa”.
Señala también que “por ello, preocupa que bajo el argumento de presuntas irregularidades se adopten decisiones que terminan afectando a gobiernos departamentales en un contexto preelectoral, generando la percepción de que una política pública esencial para la niñez pueda ser utilizada como herramienta para debilitar a eventuales adversarios políticos“.
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EL bloque de los gobernadores refiere además que “las políticas destinadas al bienestar de los niños en el Paraguay deben estar por encima de cualquier cálculo político. El Consejo de Gobernadores reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de un programa que une al Estado y la comunidad en torno al bienestar de la niñez paraguaya".
La decisión de los senadores deberá ser analizada próximamente por la Cámara de Diputados, en caso de lograr su sanción y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, la provisión de la alimentación escolar en dicha zona quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
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MEF autoriza desembolso de G. 200 mil millones para saldar deuda con vialeras
La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, anunció que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó el desembolso de G. 200 mil millones para que la cartera del Estado pague a las vialeras este marzo parte de la deuda acumulada.
La ministra reconoció a la 1020 AM que parte de las deudas del 2025 serán asumidas en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026. También expuso que de los 200 contratos que maneja la cartera del MOPC todos están en proceso de ejecución.
De acuerdo a un análisis hecho por el sector vial el rubro acumula USD 250 millones en certificados de obra. Los intereses no reconocidos por el gobierno anterior rondan los USD 120 millones y los intereses generados en 2023-2028, pendientes de facturación, serían de USD 40 millones.
La ministra indicó que en enero se pagaron unos G. 285.000 millones, en febrero G. 275.000 millones y en marzo ya se autorizó un primer desembolso de G. 200.000 millones, con la expectativa de completar otros G. 80.000 millones en las próximas semanas. Aunque estos montos se acercan al objetivo mensual planteado, todavía no alcanzan plenamente la meta inicial.
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Mencionó además que esta situación genera preocupación sobre la capacidad del Estado para financiar las nuevas obras previstas en el presupuesto 2026, ya que primero se deben cubrir los compromisos pendientes del año anterior.
En ese sentido, el gobierno analiza junto con el MEF distintos mecanismos financieros que permitan atender la deuda heredada sin afectar el financiamiento de los proyectos que deben ejecutarse este año. Entre las alternativas en estudio se encuentra la implementación de mecanismos excepcionales de financiamiento, que están siendo discutidos con apoyo del Congreso, particularmente en la Comisión de Obras del Senado.
El objetivo es liberar presión sobre el presupuesto vigente para asegurar la continuidad del plan de infraestructura. De acuerdo con la ministra, para mantener un ritmo adecuado de ejecución de obras el MOPC necesitaría disponer de al menos USD 50 millones mensuales, idealmente cerca de USD 60 millones.
Finalmente admitió que varias obras están experimentando ralentización en sus cronogramas, debido a la incertidumbre que enfrentan las empresas constructoras respecto al flujo de recursos.
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Gobernador pide a los órganos de control verificar la ejecución de Hambre Cero en Alto Paraná
El gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, requirió a las instituciones de fiscalización y control del Estado que realicen una verificación, auditoría o revisión de la administración y ejecución del programa Hambre Cero en su departamento ante la decisión del Senado de retirarle la gestión de la alimentación escolar.
Mediante un comunicado, Torres afirmó que el pedido surge con el fin de resguardar la transparencia de la gestión pública. “La administración departamental a mi cargo reafirma que dicho programa constituye una política pública de alto impacto social, orientada a garantizar la alimentación escolar de miles de niños, niñas y adolescentes del departamento, contribuyendo al fortalecimiento del proceso al proceso educativo y al bienestar de la comunidad educativa”, refiere.
“Corresponde señalar que la provisión y distribución de los alimentos en las instituciones educativas se ha desarrollado desde su inicio con absoluta normalidad, garantizando que los estudiantes beneficiarios reciban oportunamente la alimentación prevista dentro del programa", puntualiza la nota.
Agrega que “esta gobernación se pone a plena disposición de todas las instituciones de fiscalización y control del Estado, a fin de facilitar cualquier verificación, auditoría o revisión administrativa que corresponda, proporcionando la información y documentación necesarias en resguardo a la transparencia de la gestión pública".
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“Reiteramos que circunstancias políticas coyunturales no deben afectar el normal desarrollo de un programa social destinado al bienestar de miles de estudiantes del departamento de Alto Paraná, cuyo interés superior debe prevalecer por encima de cualquier debate circunstancial", señala el texto del gobierno departamental.
La decisión de los senadores deberá ser analizada próximamente por la Cámara de Diputados, en caso de lograr su sanción y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, la provisión de la alimentación escolar en dicha zona quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
“Desde el primer día trabajamos de manera coordinada con la dirección departamental de Educación, supervisores, con los 22 intendentes y me sorprende de sobremanera la forma y los argumentos que se presentaron que no son sólidos para avalar la toma de esa decisión”, dijo el gobernador de Alto Paraná, este viernes, una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Torres solicitó a la vez a la Cámara de Diputados la posibilidad de presentar su defensa. “Espero que ellos puedan recabar la mayor información posible para que de esta manera se pueda tomar la decisión correcta”, dijo.
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Energía verde y fertilizantes traerá USD 220 millones
El proyecto apunta a instalar en Villeta una planta de fertilizantes producidos con hidrógeno verde y energía limpia, una inversión que podría posicionar a Paraguay dentro de la nueva industria global de insumos agrícolas sostenibles.
Paraguay empieza a captar inversiones vinculadas a una de las grandes transformaciones industriales del momento: la transición hacia procesos productivos más sostenibles.
En ese contexto, la firma española Novargi Group analiza desarrollar en la ciudad de Villeta una planta de fertilizantes verdes con una inversión inicial estimada en USD 220 millones.
El proyecto, presentado ante el viceministro de Industria, Javier Viveros, contempla la construcción de una instalación industrial capaz de producir fertilizantes como sulfato de amonio (SAM) y nitrato de amonio cálcico (CAN).
Además de urea, mediante un proceso basado en energía renovable e hidrógeno verde, en lugar de los insumos derivados del petróleo que predominan en la industria tradicional.
La iniciativa forma parte de una tendencia global que busca descarbonizar la producción de fertilizantes, un sector clave para la agricultura, pero históricamente intensivo en emisiones.
En el caso paraguayo, el acceso a energía limpia y competitiva aparece como uno de los factores que posicionan al país como plataforma potencial para este tipo de proyectos.
De concretarse, la planta se desarrollaría en dos etapas y podría entrar en operación en aproximadamente dos años y medio.
La primera fase prevé además la generación de alrededor de 100 empleos directos y unos 200 indirectos, con impacto en servicios industriales, mantenimiento técnico y formación especializada.
Desde la empresa señalaron que Paraguay reúne condiciones atractivas para inversiones de este tipo: estabilidad macroeconómica, disponibilidad de energía renovable y un entorno favorable para el desarrollo industrial.
Con presencia en España, Dubái, India, Shanghái y Colombia, Novargi Group desarrolla proyectos de ingeniería y transformación energética con tecnología propia, orientados a procesos químicos y energéticos más sostenibles.
Más allá de la inversión puntual, el interés por instalar una planta de fertilizantes verdes en Paraguay refleja una oportunidad estratégica mayor: aprovechar la abundancia de energía limpia del país para atraer nuevas industrias vinculadas a la transición energética y a la producción de insumos con menor huella ambiental.