La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), se encuentra valiéndose de herramientas tecnológicas para detectar inconsistencias por parte de contribuyentes. Entre los sistemas citados se encuentran la Inteligencia Artificial (IA) y Business Intelligence (BI), de acuerdo a lo confirmado por un alto funcionario.

El gerente ejecutivo de la DNIT, Braulio Ferreira, destacó que hoy en día se busca mayor calidad en los controles, antes cantidad. “Hoy tenemos más certeza sobre los controles”, destacó, entre otras cosas.

Posteriormente, explicó que en la institución están trabajando con herramientas tecnológicas disponibles, de manera a elevar la eficacia. “Hoy la capacidad de fiscalización de la administración tributaria, tenemos que admitir que es bajo, por la cantidad de contribuyentes que tenemos y la cantidad de recursos humanos con que disponemos. Es por ello que nos estamos respaldando muchísimo en el uso de tecnología, en el uso de inteligencia artificial, en el uso de Business Intelligence (BI), big data, a los efectos de poder ser más específicos al momento de llevar una fiscalización”, precisó.

Además, valoró la creciente utilización de las facturas electrónicas, mediante las cuales se efectúan controles con mayor efectividad, al contar con todo el historial de los contribuyentes, según narró en diálogo con la 1020 AM.

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También se expidió sobre los ingresos tributarios, que se vieron resentidos por el tipo de cambio, especialmente en el ámbito aduanero. “Tenemos que recordar que toda la liquidación de los ingresos aduaneros se realiza en moneda extranjera, o sea todas las mercaderías que se traen se cotizan en esa divisa y al hacer la conversión para el pago efectivo de los tributos, tenemos esa situación”, indicó. Recordó que en la mitad del año pasado el dólar cotizaba a G. 7.700 y ahora el mes de junio cerró en G. 6.100, una diferencia que marcó una merma.

A pesar de lo mencionado anteriormente, al cierre del primer semestre, la recaudación superó el 2 % de expansión, gran al dinamismo de los tributos internos.

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El diputado colorado Miguel Del Puerto participó de una reunión técnica correspondiente a la etapa preparatoria del futuro Hospital General de Caaguazú y acompañó posteriormente la jornada de atención integral organizada por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

El legislador líder de la bancada oficialista se reunió con representantes del Ministerio de Salud Pública y autoridades del Hospital Distrital de Caaguazú, ocasión en que se presentó el equipo técnico responsable de la obra y los planos que forman parte de la fase preparatoria del futuro centro médico.

Durante el encuentro se expusieron los estudios de ingeniería y las evaluaciones técnicas que servirán de base para la construcción de una infraestructura moderna, segura y con capacidad de responder a las crecientes necesidades sanitarias del departamento, según señaló el legislador.

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Al referirse al proyecto, el diputado Del Puerto resaltó que se trata de una obra histórica para Caaguazú y afirmó que el compromiso del presidente de la República, Santiago Peña; del vicepresidente Pedro Alliana; y de la ministra de Salud, la doctora María Teresa Barán, se mantiene firme para concretar este anhelado emprendimiento.

“Vamos a seguir gestionando y acompañando cada etapa de este proceso para que el Hospital General sea una realidad y represente un antes y un después en la atención de la salud de miles de familias caaguaceñas”, expresó. Luego, el parlamentario acompañó la jornada de atención integral impulsada por la Senadis, que acercó servicios gratuitos y especializados para personas con discapacidad, incluyendo evaluaciones médicas, atención interdisciplinaria y acompañamiento para diagnósticos y seguimientos.

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El diputado valoró la iniciativa por acercar servicios esenciales a quienes más lo necesitan y sostuvo que este tipo de acciones fortalecen la inclusión y garantizan un acceso más equitativo a la atención del Estado. Asimismo, expresó su reconocimiento a la ministra de la Senadis, Yody Ledesma, al equipo técnico de la institución y al Ministerio de Salud por el trabajo conjunto desarrollado en beneficio de la comunidad.

“Cuando las instituciones trabajan coordinadamente, la gente recibe respuestas concretas. Ese es el camino que debemos seguir para construir un Caaguazú con más oportunidades, inclusión y una salud pública cada vez más cercana a las familias”, concluyó el legislador.

• Por Antonella Mateu

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) forma parte de la vida cotidiana de los paraguayos, cada vez que una persona compra un producto, contrata un servicio o importa un bien, paga este tributo, considerado uno de los pilares de la recaudación tributaria del país.

Según datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), durante 2025 el IVA generó una recaudación de G. 12,88 billones, equivalente a más de la mitad de los ingresos tributarios internos administrados por la institución, consolidándose como el impuesto de mayor aporte al Estado.

La contadora Alba Talavera, directora de Educación Continuada del Colegio de Contadores del Paraguay, explicó a La Nación/Nación Media que el IVA grava principalmente la venta de bienes, la prestación de servicios, excepto aquellos realizados en relación de dependencia, y la importación de mercaderías.

“Cuando hablamos del IVA, lo primero que debemos entender es cuál es el hecho generador del impuesto. Este nace con la venta de bienes, la prestación de servicios independientes y también con la importación de bienes”, señaló.

Talavera indicó que son contribuyentes del IVA las personas físicas que prestan servicios profesionales o personales de manera independiente, quienes obtienen ingresos por alquileres de inmuebles, las empresas, cooperativas, asociaciones, fundaciones, sociedades, sucursales de firmas extranjeras, importadores habituales y ocasionales, además de otras entidades contempladas por la legislación tributaria.

Precisó que los trabajadores en relación de dependencia no tributan IVA por los servicios que prestan como empleados, ya que esos ingresos no forman parte del hecho generador del impuesto.

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El gerente general de Impuestos Internos de la DNIT, Ever Otazú, explicó a La Nación/Nación Media que el IVA funciona sobre el valor agregado en cada etapa de la cadena económica.

En la práctica, una empresa cobra el impuesto al vender un producto o prestar un servicio, pero puede descontar el IVA que ya pagó en las compras relacionadas con su actividad económica. La diferencia entre ambos conceptos es el monto que finalmente debe ingresar al fisco.

“Por eso se habla de IVA débito e IVA crédito. El débito corresponde al impuesto generado por las ventas, mientras que el crédito representa el IVA pagado en las compras realizadas por el contribuyente”, explicó.

Por su parte, Talavera recordó que la liquidación del impuesto se realiza mensualmente, conforme al calendario establecido según la terminación del Registro Único del Contribuyente (RUC).

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En Paraguay existen actualmente dos tasas de IVA. La tasa general del 10 % se aplica a la mayoría de los bienes y servicios comercializados en el país, mientras que la tasa reducida del 5 % alcanza a determinados productos y operaciones, entre ellos algunos alimentos de la canasta básica, productos agropecuarios en estado natural, medicamentos de uso humano, venta de inmuebles y alquileres destinados exclusivamente a vivienda.

Otazú recordó además que todos los precios ofrecidos al consumidor final deben incluir el IVA, por lo que el monto exhibido ya contempla el impuesto correspondiente.

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La especialista explicó que la obligación tributaria nace cuando ocurre la entrega del bien, la prestación del servicio, el cobro total o parcial del precio o el vencimiento del plazo pactado para el pago.

En algunos servicios existen reglas específicas. Por ejemplo, en los suministros de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y telecomunicaciones prestados por empresas públicas, el hecho generador se produce con el vencimiento del plazo para el pago.

Asimismo, en servicios prestados desde el exterior o en operaciones de financiamiento y préstamos, la obligación tributaria también se determina por el primer hecho que ocurra entre el pago o el vencimiento correspondiente.

Uno de los cambios más relevantes incorporados por la Ley n.º 6380 afecta a los bienes que salen del patrimonio de una empresa por destrucción, pérdida, obsolescencia, sustracción u otras causas. Talavera explicó que, en estos casos, el contribuyente debe revertir el IVA crédito previamente utilizado y emitir el comprobante correspondiente, tratándose la operación como si se hubiera realizado una venta.

Otra de las modificaciones beneficia a quienes prestan servicios personales, ya que pueden utilizar como crédito fiscal hasta el 30 % del IVA pagado en la compra de vehículos, siempre dentro de las condiciones previstas por la normativa vigente. Agregó que dicha adquisición también puede considerarse gasto deducible para el Impuesto a la Renta Personal (IRP), respetando el plazo establecido de tres años entre compras.

Desde la DNIT resaltan que solicitar factura no solo constituye un derecho del consumidor, sino también una herramienta para combatir la informalidad. Cada comprobante deja constancia de quién realizó la venta, qué producto o servicio fue adquirido, el monto de la operación y el impuesto correspondiente. Esa información permite verificar que el IVA efectivamente sea declarado y abonado.

Además, la factura sirve como respaldo para reclamos, garantías comerciales y, en el caso de los contribuyentes, para ejercer el derecho al crédito fiscal o a determinadas deducciones permitidas por la legislación.

Los recursos provenientes del IVA ingresan al Presupuesto General de la Nación (PGN) y constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del Estado paraguayo. Con esos ingresos se sostienen áreas como salud, educación, seguridad, infraestructura, programas sociales y el funcionamiento de los servicios públicos.

Para la DNIT, cada factura emitida y cada operación formalizada fortalecen tanto la recaudación tributaria como la economía formal, permitiendo que el Estado disponga de recursos para cumplir sus funciones esenciales.

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La ampliación de la pensión universal para adultos mayores no solo beneficia a ciudadanos paraguayos, ya que la legislación vigente también contempla la incorporación de extranjeros residentes en el país, siempre que cumplan una serie de requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

De acuerdo con la Ley N.º 7.322, promulgada en diciembre de 2024, los ciudadanos extranjeros pueden acceder al beneficio económico estatal si acreditan al menos 30 años de residencia permanente en Paraguay, certificada por la Dirección Nacional de Migraciones. Este requisito se suma a las condiciones generales exigidas para el ingreso al programa.

Actualmente, la pensión universal forma parte de una de las principales políticas de protección social del Estado y busca garantizar un ingreso mínimo para personas mayores que no cuentan con cobertura jubilatoria ni otras fuentes formales de ingresos.

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La edad mínima para acceder al beneficio es de 65 años, aunque el proceso de incorporación se realiza de manera gradual. La última etapa ejecutada por el Gobierno incluyó a personas de 68 años cumplidos hasta junio de este año, mientras continúa avanzando el cronograma para abarcar progresivamente a los demás grupos etarios.

Entre los requisitos establecidos se encuentra no percibir salario en el sector público o privado, no ser aportante activo del Instituto de Previsión Social (IPS) y no figurar como contribuyente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). En los casos de personas que anteriormente fueron contribuyentes, deberán presentar la certificación correspondiente que acredite la baja de dicha condición.

Asimismo, los potenciales beneficiarios no pueden poseer más de 30 cabezas de ganado, criterio utilizado por el Estado para focalizar el programa en sectores con menores recursos económicos.

El monto de la asignación equivale actualmente al 25 % del salario mínimo legal vigente hasta junio, lo que representa G. 724.762 mensuales. Este valor será ajustado el próximo año conforme al nuevo salario mínimo que comenzó a regir desde el 1 de julio.

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