El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por el viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, expuso alcances de la reforma de la Caja Fiscal con representantes retirados de las Fuerzas Públicas, reiterando la preocupación ante la inexistencia de una edad mínima de jubilación.
Asimismo, se presentó un diagnóstico detallado sobre la sostenibilidad financiera del sistema, así como las proyecciones actuariales para los próximos años en caso de no avanzar con la reforma propuesta, expusieron los principales ejes del proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo.
En particular, se señaló que en el sector de las Fuerzas Públicas más del 70 % de los nuevos jubilados en 2025 se retiró con menos de 55 años de edad y bajo las reglas actuales, el total de aportes realizados por un policía o militar promedio apenas alcanza a cubrir tres años de retiro, debiendo el resto ser financiado con impuestos pagados por toda la ciudadanía.
Se recordó que el déficit de la Caja Fiscal en 2025 ascendió a USD 380 millones, equivalente al 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa aproximadamente la mitad del déficit máximo permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que es de 1,5 %.
Señlaron qe el Estado financia con impuestos el déficit del programa no civil, las proyecciones actuariales indican que, de mantenerse las reglas vigentes, a partir del año 2028 también el programa civil requerirá financiamiento con recursos tributarios.
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“Esta dinámica implicaría una mayor presión sobre las finanzas públicas, desplazando recursos de áreas y programas estratégicos para el desarrollo”, mencionaron, lo que refuerza la necesidad de avanzar en medidas de racionalización y ordenamiento del sistema previsional.
Asimismo, se planteó una regla de acceso gradual a partir de los 20 años hasta los 35 años de servicio para el caso de policías y militares y se prevé un esquema de aporte obrero-patronal del 22 %, compuesto por un 19 % a cargo del trabajador y un 3 % del Estado.
El proyecto también incorpora tablas de sustitución que incentivan una mayor permanencia y mayores aportes al sistema, con tasas que inician en el 50 % y pueden alcanzar hasta el 100 % en el caso de policías y militares, explicaron.
A su vez, establece una base de cálculo homogénea, tomando como referencia el promedio de los últimos cinco años de aportes, y un mecanismo uniforme de actualización de los haberes jubilatorios para todos los sectores, basado en la variación anual del salario mínimo legal vigente.
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