La situación financiera de la Caja Fiscal se convirtió en uno de los principales desafíos para la sostenibilidad de las finanzas públicas de nuestro país. Al cierre del año 2025, el sistema registró un déficit de USD 380 millones, cifra que refleja desequilibrios estructurales y que, de no corregirse, podría agravarse de manera significativa en los próximos años.
Del total del déficit, USD 210 millones corresponden al régimen no civil, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este monto es cubierto en su totalidad con recursos generales del Tesoro, es decir, con impuestos pagados por todos los contribuyentes.
El resto, unos USD 170 millones, pertenece al déficit del programa civil, que incluye a la administración pública, magistrados judiciales, magisterio nacional y docentes universitarios. En este caso, el desbalance aún se financia con excedentes acumulados de sectores que históricamente fueron superavitarios.
Sin embargo, este esquema tiene fecha de vencimiento. La gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Liz Coronel, manifestó a La Nación/Nación Media que las proyecciones oficiales indican que esos recursos excedentes podrían agotarse alrededor del año 2028.
A partir de ese momento, todo el déficit de la Caja Fiscal, que además sería mayor debido al crecimiento del número de jubilados, tendría que ser cubierto íntegramente por el Estado, indicó Coronel.
Desequilibrio
Uno de los factores que más incide en el desequilibrio de la Caja Fiscal son las jubilaciones tempranas. En varios sectores no existe una edad mínima para jubilarse, lo que permite retiros a edades muy bajas y genera un mayor gasto a lo largo del tiempo.
En el sector docente, por ejemplo, el 71 % de los nuevos jubilados se retiró con menos de 55 años, e incluso se registran casos de personas que accedieron a la jubilación con 40 o 41 años.
Esa situación similar se observa en las Fuerzas Públicas. En la Policía Nacional, el 71 % de los jubilados se retira antes de los 55 años, mientras que en las Fuerzas Armadas ese porcentaje asciende al 78 %, con casos que se dan incluso desde los 35 años de edad. Cuanto más temprano se jubila una persona, más años cobra el beneficio, lo que incrementa de manera sostenida el gasto del sistema.
Frente a este panorama, una de las principales propuestas de reforma es la incorporación de una edad mínima de jubilación de 57 años para los sectores que hoy no la tienen. El impacto fiscal de esta medida sería relevante. Sin reformas, el déficit promedio proyectado para los próximos cinco años rondaría los USD 790 millones anuales. Con la edad mínima, ese déficit podría reducirse aproximadamente a la mitad.
Las estimaciones indican que, con los cambios propuestos, el déficit se ubicaría entre USD 324 y 350 millones anuales en los primeros cinco años. Además, el efecto positivo no sería solo de corto plazo, sino que se extendería durante 15, 20 y hasta 25 años, con una mejora del déficit estimada entre el 50 % y 60 %.
Sectores que se verán afectados
Según las estimaciones, si no se aprueban reformas, el déficit anual podría trepar alrededor de USD 700 millones por año en los próximos 5 años.
Esto implicaría una mayor presión sobre el presupuesto público y obligaría a destinar recursos que hoy podrían utilizarse en salud, educación, inversión pública u otros programas sociales prioritarios.
A esta presión se suma la necesidad de financiar iniciativas como la universalización del programa de Adultos Mayores y Hambre Cero, que también demandan fondos del Tesoro. Sin cambios en el sistema previsional, todas estas necesidades comenzarían a competir entre sí por recursos limitados.