El ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, sostuvo que es necesario que el viceministerio de Minas y Energía pase a depender del Ministerio de Industria, como parte de una estrategia para dar un enfoque más comercial y productivo al desarrollo energético y minero del país.

Según explicó a la 1000 AM, no existe revolución industrial sin energía eléctrica, y resaltó que Paraguay necesita alinear su política energética con su política industrial. Desde su perspectiva, el MIC es la institución que debe liderar esa articulación, ya que es la cartera encargada de generar condiciones para la inversión, la producción y la generación de empleo.

Actualmente, Minas y Energía depende del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Para Riquelme, ese esquema responde a una lógica más vinculada a infraestructura que a desarrollo económico. El ministro sostiene que el sector energético y minero debe tener una mirada orientada a los negocios, a la atracción de capital y a la generación de nuevas industrias.

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En ese mismo marco, el ministro también planteó que el turismo debería tener una visión más comercial. Considera que el sector necesita mayor enfoque en resultados económicos, inversión privada y generación de ingresos, más allá de una promoción meramente aspiracional.

Respecto a la minería, Riquelme afirmó que Paraguay es un país con potencial aún no explorado. Señaló que históricamente el Estado no invirtió en estudios de prospección, por lo que no se conoce con precisión la riqueza mineral disponible.

En ese sentido, propuso establecer políticas públicas claras que den seguridad jurídica al sector privado para realizar exploraciones e invertir en el desarrollo de proyectos mineros.

Desde el punto de vista económico, la eventual reestructuración institucional apunta a integrar energía, minería e industria bajo una misma estrategia de desarrollo productivo. El argumento central es que sin energía suficiente y sin aprovechar recursos naturales estratégicos, el país no podrá consolidar su proceso de industrialización ni atraer grandes inversiones.

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En conversación con La Nación/Nación Media, Víctor Fernández, presidente de la Cámara Paraguaya de Minería (Capami), analizó los desafíos del marco legal vigente y el potencial impacto económico que tendría una actualización del Código Minero en Paraguay.

El debate sobre la modernización de la legislación minera cobra fuerza en el país ante el interés creciente en proyectos vinculados a minerales estratégicos. Desde el sector señalan que la Ley 3180/2007, si bien permitió impulsar la exploración, hoy presenta limitaciones que dificultan la llegada de grandes inversiones.

Fernández explicó que varios proyectos lograron completar la fase exploratoria, pero enfrentaron obstáculos al momento de solicitar concesiones. Según indicó, la reglamentación posterior introdujo exigencias técnicas en plazos reducidos y procesos administrativos extensos, lo que generó demoras y pérdida de oportunidades en contextos internacionales favorables para la minería.

De acuerdo con estimaciones del sector, Paraguay podría captar inversiones de entre USD 1.000 y USD 1.500 millones si logra consolidar un marco legal competitivo. Los proyectos más avanzados están relacionados principalmente con titanio, hierro y uranio.

El presidente de Capami sostuvo que estas iniciativas podrían generar cerca de 20.000 empleos directos e indirectos, además de promover infraestructura industrial, servicios asociados y nuevas cadenas productivas. También señaló que la minería podría convertirse en un factor de diversificación económica, contribuyendo al crecimiento del producto interno bruto (PIB) y fortaleciendo la balanza comercial.

Uno de los aspectos que se busca fortalecer en la reforma es la incorporación formal de la etapa de “desarrollo”, que comprende la construcción de infraestructura, estudios económicos y ambientales detallados y la preparación técnica previa a la explotación. Fernández destacó que esta fase implica inversiones significativas y requiere estabilidad jurídica para reducir riesgos financieros y políticos.

El sector considera fundamental que la normativa contemple planes de cierre desde el inicio de cada proyecto. Según Fernández, una operación minera planificada y ambientalmente responsable es clave para la sostenibilidad económica y social de la actividad. Asimismo, subrayó que los proyectos deben cumplir estrictamente la legislación ambiental y contar con planes de gestión y restauración supervisados por las autoridades competentes.

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Además de la extracción, existen perspectivas de industrialización local. Entre ellas, un proyecto vinculado al titanio en Alto Paraná, que evalúa instalar una fundidora para producir escoria de titanio, hierro de alta calidad y posiblemente vanadio.

También se estudian iniciativas relacionadas con uranio en Caazapá y Caaguazú, que requerirían plantas de procesamiento y podrían impulsar nuevas capacidades industriales en el país. Fernández destacó que la minería suele atraer industrias complementarias, proveedores tecnológicos, logística especializada y servicios técnicos, ampliando el impacto económico.

El desarrollo del sector demandaría mano de obra calificada en áreas como geología, ingeniería, electricidad, química, operación de maquinaria pesada y gestión ambiental. Según el dirigente, esto representaría una oportunidad para la formación de capital humano nacional y la transferencia de conocimientos técnicos hacia las comunidades.

Fernández vinculó el creciente interés en la minería paraguaya con la demanda global de minerales críticos impulsada por la transición energética, el desarrollo tecnológico y la expansión de la inteligencia artificial. En ese contexto, sostuvo que contar con una legislación moderna y competitiva será clave para que Paraguay pueda aprovechar esta coyuntura y consolidar un nuevo polo de desarrollo industrial.

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Con el objetivo de que el país esté en condiciones de atraer estudios prospectivos y proyectos de inversión para la explotación de recursos minerales, el Viceministerio de Minas y Energía se prepara una nueva política minera y la actualización del código minero (Ley 3180/2007 de Minería) y así poder contar con un marco regulatorio más robusto y eficiente.

En conversación con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el viceministro Mauricio Bejarano destacó que este código abarca de manera más extensa y detallada lo que sería la práctica minera actual, de manera a actualizarse Paraguay en las mejores prácticas mineras del mundo, por lo que inclusive se contó con asesoramiento internacional para la realización de este marco normativo.

“Consiste primero y principalmente en poner la nueva normativa que rige en el mundo para que la inversión se sienta cómoda y eso se logra a partir de ciertos paradigmas, como, por ejemplo, agilización de los procesos administrativos, digitalización de los expedientes, licitaciones de los bloques, y ese creo que es el punto de inflexión más importante que introducimos, que es la licitación de los bloques mineros”, expresó Bejarano.

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Sobre este punto, el viceministro explicó que actualmente el primer inversor que llegue y tome un bloque libre puede solicitarlo con condiciones mínimas, y lo que ahora se plantea es que el Estado también realice inversiones en prospecciones de ciertas zonas consideradas las más mineralizadas y, a partir de ahí, se ejecuten licitaciones públicas y que esos bloques los ocupen las mejores propuestas, no las primeras que lleguen.

“Otra cuestión muy importante que estamos introduciendo dentro de esto es sumar etapas dentro de lo que es toda la cadena de la extracción del mineral. Hasta este momento hay protección, exploración y explotación; nosotros ahora introducimos desarrollo entre explotación y exploración para encontrar ese tiempo de desarrollo de esa industria y finalmente introducimos cierre, que no es un tema menor”, explicó el viceministro de Minas y Energía.

Puntualizó que se trabaja en introducir dentro de este código las figuras de empresas conjuntas, hipoteca minera o sesiones de derecho que permitan agilizar y dinamizar el negocio minero, ya que normalmente es una empresa mediana la que realiza el descubrimiento del yacimiento y luego, para entrar a la fase de explotación, tiene la posibilidad de vender o asociarse con otra empresa de mayor tamaño que cuente con el capital y la infraestructura.

“Y otras cuestiones muy interesantes que introducimos dentro de este código minero son los procesos de industrialización posteriores a esa extracción que hoy no están previstos. Con esta modificación vamos a tener la posibilidad de enriquecimiento, de refinación, de un montón de actividades industriales posteriores que le puedan dar valor agregado nuevamente a ese mineral y que no salga un estado bruto como hoy lo tenemos legislado”, indicó Bejarano.

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La canadiense Lundin Mining ha anunciado una inversión de 18.000 millones de dólares (15.199 millones de euros) en los próximos nueve años en el proyecto minero Vicuña, situado en San Juan (Argentina), para producir cobre, oro y plata. El proyecto, que será desarrollado por la empresa Vicuña, participada al 50 % por Lundin Mining y la australiana BHP, prevé una producción anual media de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años completos, según especificó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en su cuenta de ‘X’.

En la primera década de producción, la estimación de la compañía apunta a una producción de 2,5 millones de toneladas de cobre, unos 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata. Con estas cifras, explica Caputo, el proyecto se situaría en el “top 5 a nivel mundial en cobre, oro y plata”.

A partir de una inversión inicial de 7.000 millones de dólares (5.911 millones de euros) y hasta recibir el primer concentrado de cobre en 2030, Vicuña desarrollará el proyecto en tres etapas que contemplan la apertura de una mina a cielo abierto, una planta concentradora y una segunda para la recuperación de cobre, oro y plata, y la expansión de esta infraestructura.

En esta última etapa, explicó Caputo, “se necesitará infraestructura de soporte en Chile a través de un esquema de ‘outsourcing’”, que será construida por terceros, “incluyendo una planta desalinizadora de agua de mar, una planta de refinado y un ducto de concentrado”.

El proyecto minero de Vicuña es el décimo primero en acogerse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina, impulsado por el presidente Javier Milei para atraer inversiones nacionales y extranjeras superiores a 200 millones de dólares (168 millones de euros) en sectores estratégicos, como la minería o la energía, a cambio de beneficios fiscales durante los siguientes 30 años.

Fuente: Europa Press.