Con más de 80 tripulaciones participantes, la edición 51 del Petrobras Transchaco Rally genera demanda para hospedajes, gastronomía, talleres, transporte y proveedores logísticos, mientras define a los campeones del automovilismo nacional.

Más que una competencia. El rugido de los motores en el Chaco paraguayo también se siente en la economía. El Petrobras Transchaco Rally 2026, uno de los eventos más esperados del deporte motor nacional, moviliza a aficionados, equipos mecánicos, turistas y empresas, con oportunidades para distintos sectores comerciales y de servicios.

La competencia comenzó el domingo 25 de octubre con la partida ceremonial en Luque y las pruebas de clasificación en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, en Capiatá. Fau Zaldívar obtuvo la pole position y el derecho de abrir caminos. La acción se trasladará ahora a la Región Occidental, con tres jornadas de carrera previstas para este viernes 30 y sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Organizada por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), la edición número 51 constituye además la séptima y última fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2026, por lo que definirá a los campeones de la temporada. De las 86 tripulaciones inscritas originalmente, 49 máquinas competirán por la clasificación general y los títulos nacionales, junto con participantes de las categorías Camionetas e Históricos.

Hoteles, gastronomía y servicios en movimiento. La llegada de visitantes y equipos genera una demanda adicional en alojamiento, gastronomía, comercio minorista y transporte, tanto en el Chaco como en zonas de influencia, entre ellas Luque y Capiatá. A esto se suma la actividad de talleres mecánicos, estaciones de servicio, proveedores de insumos y operadores logísticos que atienden las necesidades de las tripulaciones y sus campamentos.

El evento también abre espacios para las marcas comerciales, los patrocinadores y los medios de comunicación, que aprovechan la convocatoria para desarrollar acciones de marketing, promocionar productos y ampliar su alcance. La venta de indumentaria y kits especiales, junto con la cobertura mediática, forma parte del movimiento que acompaña a la competencia.

Esta dinámica impulsa además la contratación temporal de personal y la demanda de servicios vinculados con la organización, la asistencia técnica y la logística.

Un desafío de casi 2.000 kilómetros. El recorrido previsto para los autos del campeonato nacional y las camionetas comprende 1.980,96 kilómetros, de los cuales 504 kilómetros corresponden a velocidad cronometrada, distribuidos en 22 pruebas especiales. El itinerario incluye 159,93 kilómetros de competencia el viernes, 222,34 el sábado y 121,73 el domingo.

El trazado incorpora 51 variantes estratégicas en el sentido de los tramos y el orden de las pruebas. Las posibles precipitaciones también podrían modificar las condiciones del terreno y aumentar las exigencias para pilotos y equipos.

Dos jinetes del Apocalipsis amenazan con ensombrecer el horizonte económico de Latinoamérica en 2027. El encarecimiento del petróleo y el aumento de las tasas de interés de largo plazo figuran entre los principales riesgos que podrían golpear las inversiones, elevar los costos de producción y poner a prueba la capacidad de resistencia de las economías de la región.

Así lo advierte un informe del banco estadounidense Citi, del que se hizo eco la agencia RT este viernes 30 de octubre, al analizar los factores externos que podrían complicar el desempeño económico latinoamericano durante el próximo año.

El primero de estos riesgos tiene nombre y precio: petróleo. La escalada de las tensiones en Oriente Medio, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la crisis comercial provocada por el cierre del estrecho de Ormuz, ha puesto en jaque el abastecimiento energético mundial. Si el conflicto se prolonga o se intensifica, sus consecuencias podrían extenderse hasta 2027.

El impacto no se limitaría al mercado de los combustibles. Un barril más caro puede encarecer el transporte, la producción industrial y la distribución de mercancías, trasladando las presiones a numerosos sectores de la economía. Para Latinoamérica, esto representa una amenaza tanto para la actividad empresarial como para el poder adquisitivo de la población.

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Las proyecciones de Citi contemplan un precio promedio de USD 66 por barril para el crudo Brent en 2027. Sin embargo, el escenario podría volverse mucho más sombrío si la confrontación geopolítica se agrava: la cotización llegaría a dispararse hasta los USD 120 por barril.

El segundo jinete avanza desde los mercados financieros. Las tasas de interés de largo plazo registran una presión alcista en distintas economías, con especial atención sobre Estados Unidos, donde la Reserva Federal aprobó en septiembre su primer aumento desde julio de 2023.

Ernesto Revilla, economista jefe de Citi para América Latina, advirtió que el encarecimiento del financiamiento a largo plazo comienza a generar preocupación por sus efectos sobre la inversión mundial. Cuando pedir dinero prestado resulta más costoso, las empresas pueden postergar proyectos, limitar sus planes de expansión y reducir el ritmo de creación de empleos.

Para las economías latinoamericanas, esta combinación podría convertirse en un doble frente de presión: energía más cara y condiciones financieras menos favorables. Un escenario que amenaza con enfriar las inversiones precisamente cuando los países necesitan impulsar su actividad productiva.

Pese a estos riesgos, Citi mantiene una perspectiva de crecimiento regional del 2,1 % para 2027, ligeramente superior al 1,9 % previsto para 2026. El banco considera que Latinoamérica ha demostrado capacidad para resistir los recientes golpes a la economía mundial.

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A partir del próximo 2 de noviembre del 2026, el Sistema Integrado de Administración de Registros Administrativos (Siara), incorporará nuevas funcionalidades que permitirán gestionar las comunicaciones asamblearias y las transferencias de acciones, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Con la habilitación de estos dos trámites electrónicos, se completa la incorporación a la plataforma Siara de todas las comunicaciones societarias de las personas jurídicas”, según explicaron desde el ente. Indicaron que la plataforma anterior, BPM Simple, permanecerá habilitada exclusivamente para las estructuras jurídicas hasta que concluya su incorporación gradual a la nueva herramienta.

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Además, mencionaron que la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales, dependiente de la gerencia general, pondrá a disposición de los usuarios un tutorial y un manual de carga con los requisitos documentales correspondientes a cada tipo de operación.

El objetivo de este sistema es modernizar y facilitar la gestión del Registro Administrativo de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales en Paraguay, asegurando mayor eficiencia, transparencia y cumplimiento tanto por parte de los sujetos obligados como de la autoridad de aplicación.

En su primera etapa de implementación, estuvo disponible la inscripción obligatoria para la comunicación de todas las organizaciones sin fines de lucro (OSFL); como también para las organizaciones alcanzadas por la Ley N° 7363/2024 y su Decreto Reglamentario N° 4806, que establecen disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

En contrapartida, quedaron exceptuados de la obligación los organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades u organizaciones de carácter multilateral, así como los partidos y movimientos políticos, las iglesias y las confesiones religiosas.

Asimismo, la disposición no alcanzó a las organizaciones de carácter estrictamente deportivo no profesional, los sindicatos y asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y estudiantiles, las comisiones vecinales y las juntas de saneamiento ambiental, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos, ya sean de origen nacional o internacional.

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Paraguay alcanzó 48 de 100 puntos en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2026, según el último estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este resultado posiciona al país en un nivel de desarrollo medio y por encima del promedio de América Latina y el Caribe, consolidando un avance histórico frente a los 40 puntos registrados en 2017 y los 12 obtenidos en 2004.

Como parte esencial de este progreso, el BID destaca la puesta en funcionamiento de la Ley N.º 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, la creación del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO) y la adopción de herramientas técnicas para planificar el personal público.

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Además, destaca el inicio de la implementación gradual de la nueva carrera administrativa en 12 instituciones piloto, que comprende a unos 12.000 funcionarios públicos.

“Paraguay mejoró de manera sostenida en el desarrollo de su Servicio Civil desde la primera medición, realizada en 2004. En aquel año obtuvo 12 puntos sobre 100; luego subió a 26 puntos en 2013 y a 40 en 2017, llegando ahora a los 48 puntos que le permite subir del nivel bajo al nivel de desarrollo medio, encontrándose por detrás de Costa Rica y Colombia (57 puntos cada uno) y Jamaica (51 puntos). Otros países de la región, ya alcanzan un nivel de desarrollo alto como Chile (73), Brasil (68) y Uruguay (60)”, destaca parte del informe.

Pese a los progresos, el organismo internacional identificó un total de once desafíos prioritarios para afianzar el nuevo modelo institucional. Entre las principales “tareas pendientes” figura extender la planificación de la fuerza laboral a las instituciones de mayor peso dentro del Poder Ejecutivo, modernizar e integrar los sistemas de información de recursos humanos y ampliar las descripciones y valoraciones de puestos a todas las instituciones comprendidas en el ámbito de la reforma.

También plantea fortalecer el sistema de directivos públicos y los mecanismos de selección por concurso, implementar el modelo completo de evaluación del desempeño y finalizar el diseño de una escala salarial única, cuya aplicación deberá ser gradual y fiscalmente sostenible.

Asimismo, señala la necesidad de reglamentar los ascensos y las promociones dentro de la carrera administrativa, implementar los planes institucionales de capacitación y extender las encuestas de clima laboral a las distintas dependencias públicas.

Paralelamente señalan que las unidades de gestión y desarrollo de las personas deben estar acompañadas de programas de formación, asistencia técnica y seguimiento de indicadores. A esto se suma la necesidad de institucionalizar un ciclo de monitoreo y evaluación de la reforma, con indicadores clave y mediciones periódicas de resultados.

Durante la presentación del documento, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, explicó que la profesionalización “exige funcionarios idóneos y comprometidos con sus cargos” y que el objetivo final es transformar esta profesionalización en “bienes y servicios públicos oportunos y de calidad para la ciudadanía”, acotó.

Por el mismo lado, la viceministra de Capital Humano, Andrea Picaso, valoró el trabajo coordinado con las unidades de gestión humana y señaló que el éxito de la ley dependerá del fortalecimiento de las capacidades operativas.

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