Este martes, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, acudió al Congreso de la Nación para dar detalles del proyecto de Ley que pretende reformar la Caja Fiscal y exponer los principales lineamientos de la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo.
En un documento elaborado por el MEF en el que muestran la actualidad del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público se evidencia que el déficit de la Caja Fiscal del 2021 al 2025 acumula USD 1.380 millones. Las Fuerzas Públicas representan USD 801 millones y el Magisterio Nacional USD 579 millones.
De acuerdo al informe que presentó el MEF, se muestra que estos dos sectores son los que ponen en rojo a la previsional y confirma que el problema no es marginal ni coyuntural, sino sectorialmente concentrado. Aunque algunos regímenes como la Administración Pública o los Magistrados Judiciales registraron superávits en años puntuales, la tendencia general es negativa.
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El Programa Civil, que había mostrado resultados positivos en 2022 y 2023, entra en un déficit profundo desde 2024 y cierra 2025 con un rojo de USD 170 millones, ilustrando el agotamiento de sus recursos.
En paralelo, el Programa No Civil mantiene déficits crecientes todos los años, con una trayectoria descendente que llega a USD 210 millones en 2025. El resultado agregado del sistema pasa de USD 167 millones en 2021 a USD 380 millones en 2025, lo que refleja una aceleración clara del desequilibrio.
Un elemento relevante en estos resultados es que los déficits de 2022 y 2023 fueron parcialmente mitigados mediante el uso de recursos extraordinarios, específicamente fondos provenientes de cargos vacantes (FF10), por USD 84 millones y USD 98 millones, respectivamente.
Esto implica que el deterioro real del sistema es incluso mayor, ya que esos años no reflejan plenamente el desbalance estructural, sino que estuvieron contenidos por ingresos no permanentes.
La estructura de financiamiento de la última década llega a esta conclusión: el 71 % del gasto previsional se cubre con impuestos, mientras que solo el 29 % proviene de aportes del sector activo.
Este descalce es especialmente notorio en el caso de las Fuerzas Públicas, donde el Tesoro aportó más de USD 1.490 millones en los últimos diez años, consolidando un esquema altamente dependiente de recursos fiscales.
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Este se agrava en un mercado laboral donde solo 2,7 de cada 10 trabajadores realizan aportes jubilatorios, lo que limita severamente la base de financiamiento contributivo.