Al cierre de noviembre de 2025, la ejecución presupuestaria del gasto social de la Administración Central alcanzó G. 32,6 billones, registrando un crecimiento interanual del 4,9 %, de acuerdo con el informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El incremento refleja una mayor asignación de recursos a políticas públicas orientadas al fortalecimiento del capital humano y la protección social.
Del total ejecutado, G. 31,6 billones, equivalentes al 97 % del gasto social, fueron destinados a los sectores de Educación, Salud, Promoción y Acción Social y Seguridad Social.
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Los principales organismos ejecutores fueron el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el MEF y el Ministerio de Desarrollo Social, concentrando la mayor parte de los recursos orientados a servicios esenciales.
A noviembre, la prioridad fiscal del gasto social se ubicó en 54 %, lo que implica que de cada G. 100 ejecutados por la Administración Central, G. 54 fueron destinados a programas sociales. Con este resultado, el promedio de prioridad fiscal de la última década se sitúa en 55 %, evidenciando una sostenida orientación del presupuesto público hacia el área social dentro de la clasificación funcional del gasto.
Entre los programas de mayor impacto se encuentran Hambre Cero en las escuelas, los servicios educativos integrales, la atención de salud pública a través de hospitales especializados y regiones sanitarias, así como la pensión universal para adultos mayores y el programa Tekoporã Mbarete.
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Caja Fiscal: MEF dispone ajustes en liquidaciones y define sectores con superávit y déficit
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), emitió el Comunicado N.° 1/2026, en el que dispone ajustes en los sistemas de liquidación de pagos de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), en el marco de la implementación de la reforma de la Caja Fiscal. La medida regirá desde abril y apunta a aplicar la nueva tasa de aporte jubilatorio.
Según el documento oficial del MEF, los OEE deberán realizar adecuaciones en sus sistemas internos para prever la correcta aplicación del aporte establecido en la Ley N.° 7633/2026, que introduce cambios en el sistema de jubilaciones del sector público. Además, se instruye mantener actualizados los registros de cada cotizante y su sector de afiliación, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto General de la Nación vigente.
El comunicado también presenta una radiografía financiera de la Caja Fiscal al cierre del ejercicio 2025, clasificando a los sectores entre superavitarios y deficitarios, un dato crucial para entender el equilibrio del sistema previsional.
En esa línea, el MEF señala que el único sector con superávit corresponde a la administración pública y sus regímenes especiales. En contrapartida, los sectores deficitarios incluyen a magistrados judiciales, el magisterio nacional, docentes universitarios, fuerzas armadas y fuerzas policiales.
Desde la cartera económica indicaron que estas medidas forman parte del proceso de ajuste estructural del sistema previsional, con el objetivo de mejorar su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.
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Deuda pública condiciona la actividad y exige mayor previsibilidad fiscal, según economista
La acumulación de deudas del Estado con empresas vialeras y farmacéuticas afecta la dinámica económica y plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal, según advirtió el economista Daniel Correa, en conversación con La Nación/Nación Media.
Correa explicó que los atrasos en los pagos públicos dejaron de ser un problema sectorial para convertirse en un factor que incide en la cadena económica. “Cuando el Estado se atrasa, las empresas también retrasan pagos, frenan inversiones y se vuelven más cautelosas”, afirmó. En el caso de las empresas viales, esto impacta directamente en la ejecución de obras, el empleo y la actividad de proveedores, mientras que en el sector farmacéutico incluso podría afectar el abastecimiento.
El economista sostuvo que este escenario no deriva en una crisis inmediata, pero sí genera un enfriamiento progresivo de la economía. “Es una pérdida de dinamismo que no siempre se refleja en los números agregados, pero se siente en sectores específicos”, indicó.
En paralelo, advirtió sobre el deterioro de la credibilidad fiscal en un contexto de menor recaudación. Señaló que Paraguay históricamente mantuvo una gestión ordenada, pero que la acumulación de compromisos impagos puede erosionar esa reputación. “No es solo cuánto se debe, sino qué señal se está dando. Es un tema de confianza”, subrayó.
Menor recaudación
Respecto a la caída de ingresos, Correa destacó el efecto del tipo de cambio, especialmente en Aduanas. Explicó que, aunque el volumen de importaciones no haya caído significativamente, la baja del dólar reduce el valor en guaraníes sobre el cual se calculan los impuestos, afectando directamente la recaudación. “Es un impacto silencioso: la economía no se ve mal, pero el Estado recauda menos”, apuntó, sugiriendo que el ajuste debe enfocarse en el gasto.
Fatoraje surge como herramienta de corto plazo
Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consideró que puede ser una herramienta útil para aliviar la liquidez de los proveedores en el corto plazo, pero advirtió que no resuelve el problema estructural. Mencionó, además, riesgos asociados a demoras, requisitos poco claros y posibles discrecionalidades que podrían limitar su efectividad.
Asimismo, explicó que la incertidumbre en los pagos encarece el financiamiento para las empresas, un costo que finalmente se traslada al Estado a través de precios más altos o menor competencia en licitaciones. “Se puede terminar pagando más adelante lo que hoy se intenta aliviar”, afirmó.
Como alternativas, planteó la necesidad de ordenar las prioridades del gasto público, postergar erogaciones no críticas y establecer calendarios de pago previsibles. “El problema no es solo de caja, es de consistencia”, remarcó.
Finalmente, consideró que la situación actual responde tanto a menores ingresos como a una creciente rigidez del gasto, aunque enfatizó que el desafío principal está en la calidad de las decisiones. En ese sentido, interpretó el concepto de “economía de guerra” como una señal de ajuste interno del Estado más que de crisis económica, orientada a preservar el margen fiscal en un escenario más restrictivo.
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Farmacéuticas: impulsan proyecto de ley para destrabar pagos
La Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) presentó un proyecto de ley que busca ampliar los mecanismos de pago del Estado para cubrir deudas acumuladas con proveedores del sistema de salud, en un contexto en el que el sector reporta compromisos por encima de los USD 1.200 millones, según declaraciones de su representante, Rocío Figueroa, en comunicación con la 650 AM.
De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la deuda oficial asciende a USD 1.027 millones, aunque los proveedores del gremio estiman un monto mayor, lo que evidencia una brecha que presiona la sostenibilidad financiera de las empresas del sector.
Restricciones normativas y freno a licitaciones
El principal obstáculo radica en la normativa vigente, que limita la cesión de créditos exclusivamente al rubro 350, correspondiente a medicamentos. Esta restricción deja fuera 102 objetos de gasto vinculados al sistema sanitario, afectando la capacidad de recuperación de capital por parte de las empresas.
Como consecuencia, varias compañías han optado por suspender su participación en licitaciones públicas, lo que compromete la provisión de insumos y medicamentos, especialmente en casos sensibles como tratamientos bajo orden judicial.
El proyecto de ley, que ingresará al Congreso para su estudio inmediato, busca corregir estas limitaciones y habilitar mecanismos más amplios que permitan a los proveedores acceder a sus pagos en condiciones más ágiles.
Impacto financiero y presión a suministro
La acumulación de deuda, sumada a la emisión de nuevas órdenes de compra, profundiza la brecha financiera del sector, generando un efecto dominó en la cadena de suministro sanitario.
En este contexto, la Cripfa ya remitió la documentación técnica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su validación formal, en busca de acelerar una solución estructural.
Además, los gremios solicitaron un tratamiento legislativo urgente tras la Semana Santa, considerando el riesgo creciente de interrupciones en el abastecimiento hospitalario.
Próxima reunión para definir salida financiera
Como parte de la hoja de ruta, las autoridades nacionales convocaron a una reunión para el próximo 7 de abril, cuando se analizará el impacto financiero real de la deuda en la provisión de servicios de salud.
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MEF desembolsa G. 28.114 millones a proveedores y continúa pagos a pensionados
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público, continúa en este lunes con el proceso de pagos a proveedores y acreedores del Estado. En esta jornada, prevé desembolsar un total de G. 28.114 millones con Fuente de Financiamiento 10, correspondiente a Recursos del Tesoro.
El desembolso se dará conforme a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) del Ejercicio Fiscal 2026, ingresadas entre el pasado lunes 16 y el viernes 20 de marzo. En ese sentido, indicaron que la Dirección General del Tesoro Público (DGTP) lleva adelante el proceso de transferencias de manera continua y ordenada, en función de la fecha de presentación STR remitidas por las instituciones públicas.
Asimismo, el calendario detallado de pagos ya se encuentra disponible en el portal oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del apartado “Servicios en Línea”, donde los usuarios pueden consultar la programación vigente de forma ágil y transparente.
La información también puede consultarse en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dentro del menú “Compras Públicas” y el submenú “Pagos”, donde se accede al calendario de pagos del MEF. Los datos se encuentran igualmente en la sección “Enlaces de Interés” del portal del Sistema de Proveedores del Estado (Sipe), facilitando un acceso ágil y centralizado para los usuarios.
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Pago a veteranos
A su vez, mencionaron que los veteranos de la Guerra del Chaco, adultos mayores y otros pensionados del Estado recibirán este lunes los pagos correspondientes a marzo del año en curso acreditándose a través de la red del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Al cierre de la planilla de febrero de 2026, la Dirección General de Pensiones No Contributivas (Dgpnc), dependiente de la Gerencia de Gestión Administrativa del Estado registró un total de 4.888 beneficiarios con 2 veteranos de la Guerra del Chaco, 4.127 herederos de veteranos, 282 pensionados graciables y 448 herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio.
A su vez, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) responsable de la administración del pago de la pensión alimentaria, estará realizando transferencias para más de 340.000 adultos mayores, que representan el pago total aproximado de G. 250.000 millones, según indicaron.
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