El Paraguay tiene posibilidades concretas de capitalizar alrededor de 1.000 millones de dólares si ela­bora una economía de carbono, en que se junte la biodiversidad, la producción y la competitividad aprovechando sus venta­jas naturales. El mercado de carbono se crea a partir de acuerdos internacionales con la participación de países y empresas, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograr este obje­tivo las autoridades nacionales están traba­jando con las empresas privadas interesadas en obtener ventajas de diversa índole para el país, no solo en lo económico sino también en lo ambiental.

La economía del carbono es un sistema que asigna un valor monetario a la reducción o captura de emisiones de gases de efecto invernadero. La idea es convertir al Para­guay en un centro regional para la inversión climática y que capte suficientes recursos económicos y financieros. El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando de Barros Barreto, señaló que lo que se pretende es generar ingresos a tra­vés de las riquezas naturales que ya posee el país, “apoyar justamente al Gobierno de Paraguay con esta gran oportunidad de más de mil millones de dólares que podemos capitalizar a favor nuestro”.

El tema surge en ocasión del encuentro internacional denominado Paraguay Car­bon Forum 2026 que se lleva a cabo en el país y que pone de manifiesto las potencialidades que se tiene en la materia.

Para profundizar en el tema, el secretario de Estado resaltó que en la actualidad se está construyendo una economía de car­bono que pone la biodiversidad junto con la producción y la competitividad, lo que se espera permitirá conseguir mejores precios de los productos nacionales. “Estamos posi­cionando al país como un hub regional de carbono e inversión de sostenibilidad, con capacidad real de atraer diferentes tipos de actividades y generar impactos socioeconó­micos”, explicó de Barros Barreto. La idea es generar ingresos a través de las riquezas natu­rales que tiene el país, apoyando al gobierno nacional en este propósito de capitalizar sufi­cientes recursos financieros.

Mencionó el secretario de Estado que el objetivo propuesto se podrá alcanzar mediante la valorización de las áreas sil­vestres protegidas, de los recursos hídri­cos, con la transición energética. Dio como ejemplo que esto se hará reemplazando en el transporte público el uso de los derivados del petróleo por la energía limpia y renovable como la eléctrica.

De producirse lo mencionado, el país captará suficiente crédito de carbono para ponerlo a comercializar en el mercado correspon­diente. Esto posibilitará mayores ingresos financieros para la economía nacional gra­cias a la economía verde. Conviene recordar que existe una ley nacional sobre créditos de carbono. Esta norma reglamenta cómo se puede generar, registrar y hacer la comercia­lización de créditos de carbono con el pro­pósito de mitigar el impacto de los gases de efecto invernadero (GEI) que se emiten.

Los gases de efecto invernadero son com­ponentes gaseosos de la atmósfera, natura­les o producidos por la actividad humana, que absorben y emiten radiación infrarroja, atrapando el calor del sol en la superficie terrestre. Actúan como una manta que man­tiene la temperatura del planeta apta para la vida, pero su exceso causa el calentamiento global. El principal gas que tiene incidencia en el planeta es el dióxido de carbono, que produce la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo líquido, gas), deforestación y ciertos procesos industriales. Se le consi­dera como el más importante causante del cambio climático teniendo en cuenta su alto volumen de emisiones.

Durante el Paraguay Carbon Forum, el pre­sidente de la república Santiago Peña mani­festó que nuestro país se quiere convertir en un referente tradicional en la genera­ción, certificación y comercialización de créditos de carbono de alta calidad. Señaló que teniendo en cuenta que estamos en un mundo que necesita “descarbonización”, el Paraguay es un aliado natural dado que el 15 % de su territorio está bajo el régimen de áreas silvestres protegidas y más del 40 % se encuentra cubierto por bosques nativos.

La mencionada iniciativa con alto sentido de protección medioambiental es una opor­tunidad más que tiene nuestro país para ayudar a hacer un mundo más habitable, para combatir el calentamiento global y ali­viar los efectos adversos del cambio climá­tico que cada vez están ocasionando más trastornos. Y permitirá obtener beneficios económicos a los productores familiares, las comunidades indígenas y los jóvenes emprendedores.

El presidente de la República, Santiago Peña, verificó este jueves los avances de las obras en el Colegio Nacional de la Capital (CNC) y el Colegio Técnico Nacional (CTN), como parte de las acciones para mejorar la infraestructura educativa y fortalecer las condiciones de aprendizaje, en el marco de un plan de inversión ejecutado a través de la Itaipú Binacional.

Estos trabajos se desarrollan con el objetivo de la recuperación de instituciones históricas. Al respecto, el mandatario destacó que estas intervenciones forman parte de una estrategia orientada a elevar la calidad de la educación pública, para que los colegios emblemáticos vuelvan a ocupar un rol central en la formación de los estudiantes.

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Durante el recorrido, se pudo constatar que las obras presentan un avance significativo: con el Colegio Nacional de la Capital, las obras alcanzan el 97 % de ejecución, mientras que el Colegio Técnico Nacional registra un 68 %, con previsión de culminación en las próximas semanas.

Los responsables de las respectivas obras señalaron que en el CNC se ejecuta una inversión total de G. 24.577 millones, destinada a la rehabilitación integral de la infraestructura, incluyendo mejoras estructurales, eléctricas, sanitarias, sistemas contra incendios y espacios comunes, beneficiando a más de 1.000 estudiantes, docentes y funcionarios.

Mientras que en el CTN se está desarrollando una inversión de G. 35.371 millones, que contempla la construcción de nuevos bloques, modernización de instalaciones y adecuación de espacios, impactando directamente en alrededor de 1.550 beneficiarios.

Vale señalar que estas obras se desarrollan con financiamiento de la Itaipú, como parte de una política que permite canalizar recursos estratégicos en infraestructura social, priorizando la educación como eje de desarrollo.

El impulso a estas intervenciones se vincula con los recursos obtenidos a partir de acuerdos que fortalecen la capacidad de inversión del país, permitiendo ejecutar proyectos que habían sido postergados durante años.

Desde el Ejecutivo destacaron que las mejoras en estos dos colegios se enmarcan en un programa más amplio que incluye la construcción de 17 colegios modelo en todo el país y la intervención en más de 300 instituciones educativas, como parte de una estrategia nacional para reducir brechas y mejorar las condiciones de aprendizaje.

Con estas acciones, el Gobierno avanza en la mejora integral de las condiciones de enseñanza y aprendizaje, consolidando una agenda que busca garantizar mejores condiciones para los estudiantes y fortalecer el sistema educativo público a nivel nacional.

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La Administración Nacional de Electricidad (Ande) avanzó en el fortalecimiento de su gestión comercial con la inspección técnica y puesta en operación de 150 cuadrillas a nivel país, en el marco de un contrato abierto adjudicado vía licitación pública.

La iniciativa apunta directamente a mejorar la eficiencia operativa, reducir la morosidad, actualmente en 18 %, y fortalecer la calidad del servicio eléctrico.

El despliegue forma parte del contrato “Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2)”, que contempla la participación de empresas contratistas para tareas clave en campo. De las 150 cuadrillas, 42 operarán en el área metropolitana, incluyendo siete equipos especializados de “motocortes”.

La estrategia combina tercerización operativa con incorporación de tecnología, destacándose el uso de cámaras corporales (Body Cam) con monitoreo en línea y geoposicionamiento. Esta herramienta permitirá supervisar en tiempo real las intervenciones, mejorar la trazabilidad de los trabajos y reducir riesgos operativos, lo que impacta directamente en la eficiencia y control de pérdidas.

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Las cuadrillas estarán encargadas de funciones críticas para el flujo de ingresos de la Ande, como instalación y reposición de medidores, verificación de equipos, suspensiones por falta de pago, reconexiones y nuevas conexiones. Estas acciones buscan acelerar los tiempos de atención y ampliar la base de usuarios activos con facturación regularizada.

El gerente comercial de la institución, Hugo Rolón, señaló que uno de los principales objetivos es reducir el índice de morosidad del 18 % al 14 %, lo que representa una mejora sustancial en la recuperación de ingresos. Además, remarcó la necesidad de intensificar los controles contra conexiones clandestinas, uno de los factores que inciden en las pérdidas eléctricas y en la sostenibilidad financiera del sistema.

Por su parte, autoridades del área comercial destacaron que el refuerzo operativo también apunta a elevar los estándares de atención al cliente, con procesos más ágiles y transparentes.

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Paraguay y Uruguay profundizan su articulación logística con el objetivo de escalar el comercio fluvial y duplicar el movimiento de cargas hasta 50 millones de toneladas hacia 2030, en el marco de una agenda bilateral que apunta a optimizar servicios portuarios, armonizar normativas y mejorar la eficiencia operativa en la Hidrovía Paraguay–Paraná, según reportó el medio Infobae.

Las relaciones logísticas entre Paraguay y Uruguay suman un nuevo impulso con una agenda de trabajo enfocada en fortalecer la integración regional y mejorar la competitividad del transporte fluvial, un eje clave para el comercio exterior paraguayo.

De acuerdo con Infobae, autoridades del sector marítimo y fluvial paraguayo participaron de encuentros con la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de Uruguay en Montevideo y Nueva Palmira, donde se analizaron oportunidades para optimizar la operatoria portuaria y ampliar el flujo de mercaderías en la hidrovía.

Uno de los principales focos del intercambio fue la mejora de los servicios portuarios y el desarrollo de nuevas operaciones en zonas estratégicas como Punta del Arenal Sur, clave para el transbordo de cargas.

En paralelo, se evaluaron mejoras en los puertos de Montevideo y Nueva Palmira, con el objetivo de canalizar un mayor volumen de carga paraguaya a través de infraestructura uruguaya, lo que permitiría reducir costos logísticos y tiempos operativos para los exportadores.

Otro punto central fue el fortalecimiento institucional de la hidrovía, considerada una arteria clave para el comercio regional. Según Infobae, las partes coincidieron en la necesidad de dinamizar el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) e incorporar una mayor participación del sector privado en la toma de decisiones.

Además, se planteó avanzar en la revisión del Reglamento 7, que regula aspectos técnicos como el tamaño de los convoyes y la potencia de los remolcadores, variables que impactan directamente en la eficiencia del transporte y en la capacidad de aumentar los volúmenes movilizados.

El objetivo de mediano plazo es ambicioso, ya que pretenden duplicar el flujo de cargas hasta alcanzar 50 millones de toneladas hacia el 2030, lo que requerirá mayor previsibilidad normativa y mejores condiciones comerciales.

La relación entre ambos países se apoya en una lógica en la que Paraguay aporta volumen y una de las mayores flotas fluviales del mundo, mientras que Uruguay se posiciona como puerta de salida hacia los mercados internacionales.

En ese contexto, el puerto de Nueva Palmira emerge como un nodo estratégico para el transbordo de mercaderías provenientes de la hidrovía, con potencial de expansión para acompañar el crecimiento del comercio.

Infobae también destaca que esta agenda no responde a un encuentro puntual, sino a un proceso sostenido de articulación bilateral que lleva más de un año, con reuniones periódicas y seguimiento continuo de proyectos.

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