El segundo grado de inversión que Standard & Poor’s le dio a Paraguay marca un hito relevante en la historia económica reciente del país y consolida su posicionamiento dentro del radar de los mercados financieros internacionales.
Para Wildo González, economista jefe de Basa Capital, esta nueva calificación representa una señal contundente de confianza hacia la economía paraguaya, aunque remarca que su verdadero impacto dependerá de la capacidad del país para sostener los fundamentos macroeconómicos que permitieron alcanzar este logro.
Desde la mirada del analista, el principal valor del segundo grado de inversión radica en la reducción gradual del costo de financiamiento, tanto para el sector público como para el privado.
Si bien, aclara que los efectos no son inmediatos, la doble calificación amplía el universo de inversores institucionales que pueden destinar recursos a Paraguay, especialmente aquellos fondos de largo plazo que, por política interna, solo invierten en países con grado de inversión otorgado por más de una calificadora.
González dijo que esta mejora en la percepción de riesgo país fortalece la credibilidad internacional de Paraguay, diferenciándolo dentro de una región caracterizada por alta volatilidad macroeconómica.
En particular, considera que sectores como infraestructura, energía, agroindustria y servicios financieros podrían verse favorecidos en el mediano plazo.
Responsabilidad
No obstante, González mantiene una postura cauta y enfatiza que el segundo grado de inversión implica también mayores responsabilidades. A su criterio, el país queda sujeto a un escrutinio más riguroso por parte de los mercados, que observarán de cerca la evolución del déficit fiscal, la calidad del gasto público, la sostenibilidad de la deuda y la capacidad de avanzar en reformas estructurales que acompañen el crecimiento económico.
El economista enfatizó en que la calificación no es un “blindaje” frente a shocks externos ni reemplaza la necesidad de políticas públicas coherentes. Por el contrario, considera que este nuevo estatus debe ser entendido como una ventana de oportunidad para profundizar la institucionalidad, mejorar la eficiencia del Estado y convertir la confianza financiera en desarrollo económico real.
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