El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el informe mensual de Situación Financiera (Situfin) en donde se detalla que a noviembre de 2025 el déficit fiscal acumulado se ubica en 1,3 % del producto interno bruto (PIB), equivalente a USD 635 millones. El déficit del onceavo mes del año fue de 0,20 %.

En términos anualizados, el déficit se sitúa en torno al 2 % del PIB, una cifra que se mantiene alineada con la meta establecida en la regla fiscal para 2025 (1,9 %).

Los ingresos totales del Gobierno Central acumularon un crecimiento del 5,5 % entre enero y noviembre, impulsados principalmente por una mayor recaudación tributaria. En términos nominales, los ingresos pasaron de G. 46,6 billones en el mismo periodo de 2024 a G. 49,2 billones en 2025.

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El motor principal de este incremento fueron los ingresos tributarios, que registraron una suba acumulada del 9,3%, convirtiéndose nuevamente en la principal fuente de financiamiento.

Esta mayor recaudación estuvo explicada, en más del 90 %, por el desempeño del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y los aranceles aduaneros, reflejando tanto el dinamismo de la actividad económica como una mejora en la presión tributaria, que alcanzó el 11,5 % del PIB a noviembre.

En contraste, los ingresos no tributarios disminuyeron 6,3 %, debido principalmente a un menor flujo de recursos provenientes de las entidades binacionales. En particular, los ingresos de Itaipú y Yacyretá registraron una caída acumulada del 26 %, influida por el efecto base del aporte extraordinario recibido en 2024 y por menores transferencias durante este año.

En cuanto al gasto público, el informe señala que el gasto total acumulado creció 3,2 %, el menor ritmo de expansión de los últimos años. Esta evolución responde a una política de mayor contención del gasto corriente, en un contexto de normalización fiscal tras los fuertes incrementos observados en periodos anteriores.

Dentro del gasto, los salarios de la Administración Central financiados con ingresos tributarios se mantuvieron en niveles históricamente bajos, representando alrededor del 51,7 %.

Cerca del 80 % del gasto salarial se concentró en sectores estratégicos como educación, salud, seguridad y defensa, lo que refleja la prioridad del Gobierno en áreas sociales esenciales.

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