El expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, advirtió que el sistema financiero paraguayo estaría atravesando por “fragilidades”.
Al respecto, el Sindicato de Graduados Universitarios del Banco Central del Paraguay emitió un comunicado en el que afirma que las declaraciones de Cantero distorsionan la realidad y desconocen la labor profesional y competente de los funcionarios del BCP.
El gremio considera que sus manifestaciones responden a un “reposicionamiento político personal” y un “oportunismo” por temas que él jamás impulsó o lideró durante su gestión.
El sindicato sostiene que fueron los funcionarios técnicos quienes sostuvieron con profesionalismo, rigor y compromiso: la estabilidad macroeconómica, la calidad técnica y el pleno cumplimiento del mandato institucional.
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Esto contrasta con la gestión del extitular del BCP, señalando que este se enfocó en “proyectos culturales, intervenciones urbanísticas” (como plantar arbolitos) y otras iniciativas ajenas al rol esencial del BCP, mientras que el cuerpo técnico garantizó la conducción de la política monetaria y la supervisión del sistema financiero.
“Las recomendaciones actuales de Cantero (sobre reformas, liquidez, deuda, etc.) pudieron haberse impulsado mientras él era presidente. Se acusa a su liderazgo en materia económica de ser ausente, débil y desconectado de las prioridades. Pretender ser referente técnico ahora se considera un acto de incoherencia”, refiere el documento.
Además, se debe tener en cuenta que durante el periodo de gobierno de Mario Abdo Benítez, 2018-2023, hubo deficiencias en materia económica como el bajo crecimiento de la economía.
En efecto, el producto interno bruto (PIB) per cápita creció solo un 0,4 % entre 2018-2022, un nivel comparable a periodos de inestabilidad política y económica en los años 90 y principios de 2000.
También, se dio una excepción a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que establece un tope de 1,5 % del PIB, por primera vez desde su aplicación. El gobierno decidió no aplicar la ley de responsabilidad fiscal, lo que llevó a un déficit del 2,8 % del PIB, el más alto desde 1999.
En cuanto al endeudamiento, en cinco años se contrajeron nuevos préstamos y obligaciones por USD 7.960 millones. El gobierno terminó su gestión sin reconocer deudas con proveedores por más de USD 500 millones, que debieron ser asumidas por el gobierno actual.
Entre otros cuestionamientos, se realizaron nombramientos en el Directorio del BCP que no respetaron la independencia de la institución. Esto generó conflictos de intereses, afectando derechos laborales de funcionarios y provocando renuncias de técnicos experimentados, lo que debilitó el capital humano de la institución.