La Cámara de Diputados solicita informes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la falta de pago de haberes jubilatorios a policías y militares retirados en el año 2025.

El proyecto de resolución fue presentado por el diputado Alejandro Aguilera y tuvo acompañamiento del pleno durante su tratamiento en la última sesión.

Se pide información oficial respecto a la situación de efectivos policiales y militares que se acogieron a la jubilación o retiro durante el año 2025 y que, hasta la fecha, no se encuentran percibiendo sus haberes jubilatorios.

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El proyectista argumentó que, considerando que el haber jubilatorio constituye un derecho previsional de carácter alimentario, resulta necesario conocer las razones que explican la falta de pago, así como las medidas previstas para regularizar esta situación, expresa parte del documento.

Se precisan datos igualmente sobre la cantidad de jubilados y retirados afectados por esta situación, y en qué estado se encuentran los expedientes administrativos de los beneficiarios pendientes de cobro.

El MEF deberá responder además si existen impedimentos presupuestarios, administrativos o legales que estén causando falta de pago, y para cuándo se prevé regularizar el desembolso de los haberes jubilatorios pendientes.

Finalmente, los diputados piden la remisión del plan de pago previsto para los afectados, y las medidas a adoptarse por el MEF para garantizar el cobro de estos haberes.

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El presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo una reunión con representantes de la calificadora internacional Moody’s en el marco del proceso anual de revisión de la nota crediticia de Paraguay. El encuentro se realizó con el vicepresidente de la firma, Willian Foster, y el asociado Dylan Walsh, y contó además con la participación del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera.

Durante la reunión, las autoridades expusieron los principales lineamientos de la política económica, con énfasis en la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y el fortalecimiento institucional.

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Peña sostuvo que el objetivo del gobierno es sostener un marco económico predecible que permita consolidar el crecimiento y generar condiciones favorables para la inversión. En este sentido, la reunión con Moody’s se ve como una instancia clave para transmitir confianza a los mercados internacionales y reafirmar el compromiso con reglas fiscales claras.

La revisión de la calificación se da en un momento relevante para Paraguay, tras haber alcanzado el grado de inversión en julio de 2024, lo que le permitió desde ese entonces acceder a financiamiento en mejores condiciones y ampliar su atractivo como destino de capitales.

Cabe recordar que Moody’s fue la primera calificadora en otorgar a Paraguay el grado de inversión, un hito que posicionó al país dentro de un grupo más reducido de economías consideradas de bajo riesgo crediticio.

Este reconocimiento no solo mejoró el perfil financiero del país, sino que también impactó en el costo del endeudamiento soberano y en las condiciones de financiamiento para el sector privado.

Si bien Paraguay mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos en comparación con la región, el desafío principal radica en sostener el equilibrio fiscal en un contexto de mayores demandas sociales y presión sobre el gasto público.

En ese escenario, el gobierno busca mostrar avances en la gestión de las cuentas públicas, el control del déficit y la eficiencia del gasto, elementos clave que las agencias calificadoras evalúan en sus revisiones periódicas.

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El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N.° 5929/2026, mediante el cual se reglamenta el régimen de seguridad social para los empleados públicos contratados de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

La normativa dispone la incorporación obligatoria de estos trabajadores al Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en cumplimiento de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil.

La medida será efectiva a partir del segundo semestre del presente ejercicio fiscal. Como paso previo, los empleados contratados deberán gestionar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) la baja o suspensión de su registro en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través del Sistema Marangatu, ya que dejarán de facturar como prestadores de servicios para pasar a ser cotizantes directos de la Caja Fiscal.

Si bien los contratados dependientes del Poder Ejecutivo inician sus aportes este año, el decreto establece un cronograma para el resto de los Organismos y Entidades del Estado. Estos se incorporarán de manera gradual, teniendo como plazo máximo el 1 de enero de 2028.

Un punto clave de la reglamentación, basada en el artículo 84 de la Ley N.° 7445/2025, es la preservación de la antigüedad. En caso de que un empleado contratado pase a ser funcionario permanente mediante concurso o asuma un cargo electivo, seguirá aportando de forma ininterrumpida, y su antigüedad se computará desde el primer aporte realizado bajo la figura de empleado público.

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Los OEE serán los encargados de efectuar las retenciones correspondientes sobre las remuneraciones imponibles. Para viabilizar la liquidación, cada contrato registrado en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) deberá incluir obligatoriamente el código de cotizante.

Quedan exceptuados de esta medida, los contratados por productos específicos; las consultorías; y los servicios profesionales independientes que no impliquen una relación de dependencia con el Estado. Estas categorías continuarán rigiéndose por las disposiciones tributarias y administrativas actuales.

El MEF será la autoridad encargada de reglamentar los procedimientos técnicos y contables. Asimismo, se realizarán los ajustes necesarios en el Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE), para garantizar que la transición operativa y el flujo de los aportes jubilatorios se realicen de manera eficiente y segura.

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Desembolsan pagos para constructoras y garantizan llegar a USD 150 millones para cumplir con el sector.

El ministro de Eco­nomía y Finan­zas (MEF), Óscar Lovera, indicó que se está avanzando en el acuerdo de la negociación de las deu­das con proveedoras del Estado, sector de obras y Salud.

Expuso que se está trabajando para cumplir con ambos sectores en las próxi­mas semanas. “La expecta­tiva es llegar a 60-70 millo­nes de dólares de lo que habíamos comprometido en un flujo de Obras Públicas de 150 millones de dólares y con el Ministerio de Salud pública de 180 millones de dólares en estos dos meses, se está avanzando en eso”, mencionó en conversación con los medios de prensa desde el Senado.

Dijo que la cartera del Estado prevé la transferencia de alrededor de USD 60 millo­nes para el Ministerio de Salud Pública esta semana, en concepto de pago de deu­das. “Obras ya en la semana pasada, Salud Pública por un proceso administra­tivo, estuvieron trabajando incluso este fin de semana, ya han avanzado bastante, ya llevan más del 50 %, ya se tiene aproximadamente 60 millones obligados y la idea es ir transfiriendo ya esta semana”, adelantó. Con rela­ción a un plan de pago a largo plazo, teniendo en cuenta la alta deuda, explicó que “una vez que cerremos lo que es la cesión de derecho de cobro vamos a sentarnos a discu­tir un plan de pago con el remanente que quede”.

Por otra parte, fue consultado sobre el debate de elevar el tope fiscal, y afirmó que aún no existe nada concreto. “En este momento no, esta­mos todavía discutiendo las herramientas disponibles y una vez cerrado el proceso vamos a tener que analizar cuál sería el impacto”, sen­tenció.

El compromiso del MEF es cubrir 150 millones de dólares entre abril y mayo. El MOPC informó que en lo que va de abril transfirie­ron USD 35 millones y que se garantiza llegar al monto anunciado. “En lo que va de abril realizamos pagos por alrededor USD 35 millones, número que podría subir considerablemente porque tenemos una meta de un pri­mer pago de 60 o 65 millones de dólares para este mes”, explicó la ministra de Obras, Claudia Centurión.

En cuanto a los 70 millones de dólares restantes, se prevé recu­rrir al método denominado fac­toring o derechos de cobros. Al respecto, se esperan novedades en breve. Respecto a los intere­ses de 100 millones de dólares generados en el gobierno ante­rior, se prevé la presentación de un proyecto de ley para dar cobertura a ese concepto, indi­caron desde la cartera.