Mediante el decreto N.° 5081 emitido por el Ejecutivo, se hizo oficial el nombramiento como nueva titular de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones a la señora Griselda Mariel Figueredo de Giménez. La misma tomaría el cargo a partir del 1 de enero de 2026.
De profesión abogada, Figueredo de Giménez figura como funcionaria administrativa permanente del Banco Central del Paraguay desde el 2023. Sus capacidades en tareas de administración financiera e institucional también habrían jugado un papel clave a la hora de su selección.
El nombramiento de Figueredo se dio como resultado del concurso público de méritos y aptitudes establecido en la ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones para la designación en el puesto, del cual participaron 18 aspirantes y fueron seleccionados finalmente 6.
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En este proceso, el Consejo de Seguridad Social conformó y elevó al Poder Ejecutivo la terna de candidatos, luego de que las entrevistas a los postulantes fueron realizadas en las fechas 3 y 4 de diciembre últimos. El mencionado consejo está integrado por representantes de los sectores empleador, trabajador y jubilado, y es presidido por el ministro de Economía y Finanzas.
La función principal de Griselda Figueredo como superintendente de Jubilaciones y Pensiones será fiscalizar, supervisar y controlar integralmente el sistema previsional, asegurando la seguridad, liquidez y rentabilidad de los fondos, velando por los derechos de los afiliados y promoviendo la sostenibilidad a largo plazo, todo ello bajo la rectoría del Consejo de Seguridad Social.
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Ejecutivo establece tasa cero en peaje de Trinidad durante el WRC Rally del Paraguay
El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto n°. 6676 por el cual se establece una tasa de tránsito (peaje) especial que regirá el día sábado 29 de agosto del 2026. La determinación se da en el marco de la organización del “WRC Rally del Paraguay 2026”, que se desarrollará del 27 al 30 de agosto.
En el considerando, el decreto señala que se trata de un “evento de carácter internacional, que supone un aumento considerable de circulación de vehículos automotores en la zona afectada, incluyendo vehículos de competición, escuderías, turistas internos y extranjeros, que podrían generar atascos y dificultades que perjudiquen y dificulten el libre tránsito por la ruta nacional PY06, garantizando el artículo 41 de la Constitución Nacional”.
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Ante la gran afluencia de espectadores y competidores, además del gran impacto social y económico que implica este evento internacional, el Ejecutivo establece: “una tasa de tránsito (peaje) especial, de valor cero, de carácter temporal para vehículos automotores, en el puesto de peaje de Trinidad ubicado en el km 26 de la ruta nacional PY06, departamento de Itapúa, administrado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”.
La disposición del Ejecutivo regirá el día sábado 29 de agosto en los horarios comprendidos entre las 6:00 y las 18:00. El decreto tomó como referencia la edición 2025 de este evento de nivel internacional, que tuvo una afluencia considerable tanto de los fanáticos como de los competidores y la gran infraestructura que conlleva la organización.
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Senado aborda situación laboral de trabajadores de prensa y reajuste del 5 % del salario mínimo
A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.
La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.
Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.
Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.
Mesa tripartita
En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.
La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.
“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.
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Corte coordina acciones para el concurso de mérito y oposición para notarios y escribanos públicos
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, presidió este viernes una reunión técnica y organizativa en el marco del 17.° Concurso de Mérito y Oposición para notarios y escribanos públicos. Durante el encuentro se analizaron aspectos estratégicos relacionados con la planificación, la logística y la coordinación institucional necesarias para garantizar su adecuado desarrollo.
La reunión fue coordinada por la secretaria general de la Corte Suprema de Justicia, Ximena Martínez, y contó con la participación de directores y representantes de las distintas dependencias judiciales involucradas en la organización.
En la ocasión, el presidente de la Corte impartió lineamientos para realizar los ajustes técnicos y logísticos necesarios que permitan asegurar una adecuada ejecución del proceso de evaluación, como en ediciones anteriores, y destacó el compromiso de las áreas responsables en cada una de las etapas previstas.
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Asimismo, instó a mantener una labor conjunta entre todas las direcciones y dependencias participantes, a fin de que el proceso se desarrolle en las mejores condiciones posibles, garantizando a los postulantes un proceso transparente y seguro, así como las condiciones adecuadas para la realización del examen.
Durante la reunión también se informó que el 17.° Concurso de Mérito y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos registra aproximadamente 1.600 postulantes inscriptos.
La actividad se llevó a cabo en la sala de conferencias del noveno piso del Palacio de Justicia de Asunción. El examen, en modalidad escrita, está previsto para el martes 1 de setiembre de 2026 en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes.
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Milei decreta prohibición de entrada a extranjeros que expresen odio hacia Argentina
El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio al país, una medida que aún debe revisar el Congreso y que abre las puertas a la discrecionalidad, según expertos.
La nueva normativa publicada hacia la medianoche del miércoles prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas.
El Congreso debe avalar la validez del decreto que está vigente en tanto avance el trámite legislativo.
“El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es”, dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.
“Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”, agrega.
Sin embargo “no especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos” para aplicar las sanciones, señaló Galoppo.
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“Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”, agregó.
La medida generó rechazo en sectores opositores. Leonel Chiarella, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), dijo en X que “el DNU del presidente es inconstitucional” y consideró que el Congreso “debe rechazarlo expresamente”.
El diputado Agustín Rossi, de bloque peronista (centroizquierda), dijo que “excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes” y afirmó en X que el decreto “replica la lógica antiinmigración de (el presidente estadounidense Donald) Trump”.
Cambio de época
Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.
“Da un poco de miedo, espero que esto no avance”, dice a la AFP sobre el decreto Felipe, un colombiano de 43 años que vive en Buenos Aires desde 2009. “Adoro a Argentina por todo lo que me ha dado y me sigue dando”, añade.
El presidente derechista, que buscará la reelección en las presidenciales de 2027, resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.
Milei dijo que está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial de fútbol.
“Milei trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población”, explicó a la AFP el politólogo e investigador de la Universidad de San Martín Iván Schuliaquer.
“Lo particular que tiene la derecha en Argentina es que no es nacionalista para nada. Milei se ha mostrado muy en contra de agendas nacionales, por ejemplo tratando que quitar todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y también priorizando sus viajes a Estados Unidos y a Israel más que al propio interior de Argentina”, dijo.
El decreto aclara que “en ningún caso” castigos como la expulsión del país pueden aplicarse para “aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.
Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil, luego de que Milei participara en un mitin político opositor en Sao Paulo, en el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón” y “presidiario”.
Milei suele incluir insultos y expresiones peyorativas en sus discursos. A la prensa la llama “ensobrada” (corrupta) y a sus opositores políticos los ha calificado de “mandriles”, “inmundos” o “parásitos mentales”.
“Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y así justifica por ejemplo los ataques vía redes sociales con insultos y amenazas, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión”, dijo Schuliaquer.
- Fuente: AFP
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