Este viernes, en redes sociales se hizo viral la información de que una niña de 12 años se tuvo que orinar en el uniforme porque no tenía para pagar por el uso del baño en una escuela de Ñemby. La directora de la institución aclaró que la medida fue aprobada por los propios padres y que se implementó solo un día.

El hecho se registró esta semana en la escuela básica n.º 3222 “Cerrito” de la citada ciudad, luego de que la niña de 12 años quiso entrar al baño, pero no tenía G. 500 para pagar por el uso. La medida se implementó por la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) para recaudar fondos para la limpieza.

“Un día se implementó y fue una decisión tomada por los padres durante la reunión general en la que ellos propusieron ese proyecto, como todos apoyaron se aceptó eso y quedó labrado bajo acta. Se debía pagar G. 500 y era una sola vez por día, luego podría acceder las veces que quisieran”, detalló la directora Tomasa Brítez, en la u780 AM.

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Afirmó que la encargada de cobrar tenía la orden de que en caso de emergencia o urgencia debía dejar entrar a los estudiantes al baño y que nadie podía prohibirles esa necesidad. “Se les habló en clases se le aclaró que en el caso de que no tengan la monedita y tengan una urgencia igual podían entrar. Solo debían avisar a la profe”, aseguró.

Resaltó que el día que ocurrió el evento nadie dijo nada y se enteraron de la situación por la que pasó la niña a través de las redes sociales. “Los padres no se acercaron a hablar con la profe o a la Dirección, fueron directamente a la prensa”, puntualizó.

Aseguró que la propuesta de cobrar los 500 guaraníes era para que se pudiera comprar insumos de limpieza y lo que sobraba sería como ayuda para la persona que se encargaba de cobrar. “Eran solo G. 500 para compra de productos de aseo del baño y fue una decisión de los padres”, concluyó.

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El Observatorio Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) dio a conocer los resultados de informe sobre la demanda ocupacional y competencias laborales realizadas en el sector gastronómico.

El estudio confirmó el crecimiento sostenido del sector y las ocupaciones con mayor demanda son cocinero, mozo, delivery y bachero. Las certificaciones de competencias más requeridas son cocinero, ayudante de cocina, mozo, personal de atención al cliente, panadero y cajero.

Desde el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) explican que el objetivo del estudio es proveer información sobre el mercado de trabajo para el diseño de políticas de capacitación y empleo acordes a las necesidades.

Señalaron que el trabajo consistió en una encuesta dirigida a un total de 90 empresas y varios referentes del sector gastronómico, pertenecientes a todos los tamaños y sectores económicos. Los empleadores de este grupo son restaurantes, hoteles, turismo gastronómico y servicios de delivery.

En cuanto a las capacitaciones más solicitadas, lideran: Marketing Comercialización y Ventas; Gestión de Calidad, Salud y Seguridad Ocupacional, Comercio Electrónico y Ventas en línea; Generación de Ideas de Negocios, Gestión de Talento Humano, Contabilidad y Finanzas, Operación Básica de Computadora (Ofimática); Legislación Laboral, Habilidades Blandas, Atención al Cliente y Acceso al capital semilla.

Este informe de resultados presenta los principales hallazgos de la encuesta y entrevistas realizadas en el sector gastronómico, ofreciendo una mirada integral sobre la formación, la inserción laboral y las oportunidades de desarrollo profesional.

Entre los puntos más relevantes se destacan: la valoración positiva de la formación gastronómica, aunque con brechas en formalización, infraestructura y actualización curricular.

Finalmente, expresan que este estudio constituye una herramienta estratégica para orientar acciones del Ministerio de Trabajo, el Sinafocal, los institutos de formación, y las empresas, para impulsar la profesionalización del sector y la generación de empleo de calidad.

El Ministerio de Trabajo informó que recibió 278 denuncias por incumplimiento en el pago del aguinaldo, que involucran a 173 empresas. Del total, 132 casos ya fueron resueltos, mientras que 110 permanecen pendientes y 36 fueron derivados al área de Fiscalización para el procedimiento correspondiente.

Según el reporte oficial, el 67 % de las empresas denunciadas se concentran en Asunción y el departamento Central, mientras que el porcentaje restante corresponde a firmas ubicadas en el interior del país.

Además de las denuncias, la cartera laboral señaló que se brindaron 435 asesoramientos a trabajadores. En cuanto a la modalidad de presentación, 238 denuncias fueron nominales, es decir, con identificación del denunciante, mientras que 40 se realizaron de forma anónima.

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Respecto a los canales de recepción, 226 denuncias fueron presentadas de manera presencial, 50 a través de la plataforma web institucional y 2 mediante WhatsApp.

En detalle, 224 trabajadores solicitaron orientación sobre cómo proceder ante la falta de pago del aguinaldo; 156 consultas estuvieron relacionadas con el método de cálculo, y alrededor de 140 asesoramientos abordaron la configuración del derecho al aguinaldo. Otras consultas, en menor proporción, estuvieron vinculadas a retenciones y descuentos, así como a situaciones específicas de trabajadores suspendidos, con licencias o reposos médicos.

El Ministerio de Trabajo destacó que la campaña informativa sobre el aguinaldo se desarrolló durante el mes de diciembre, mientras que la recepción de denuncias se inició el 2 de enero, tanto en las sedes institucionales como a través de la plataforma de denuncias online y el WhatsApp.

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Desde este 15 de enero entra en vigencia la resolución N° 1361/2025 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), que reglamenta la suspensión de los contratos laborales prevista en el Código del Trabajo.

La nueva normativa establece reglas claras, procedimientos uniformes y trámites simplificados, con el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, dar previsibilidad a empleadores ante situaciones excepcionales.

La reglamentación aclara que la suspensión del contrato no implica la terminación de la relación laboral, sino una interrupción temporal de sus efectos. Esto significa que el trabajador mantiene su vínculo con la empresa y conserva el derecho a ser reincorporado una vez finalizada la causa que motivó la suspensión.

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Uno de los principales cambios es la diferenciación de los procedimientos según el tipo de causal. En algunos casos, la suspensión requerirá justificación documental y una resolución administrativa, mientras que en otros bastará con la comunicación y el registro ante la autoridad laboral.

Este esquema busca aplicar el principio de economía procesal, agilizando los trámites y evitando cargas innecesarias, sin dejar de garantizar el control y la legalidad de las medidas.

La resolución también refuerza la obligación de informar de manera clara y efectiva a los trabajadores, así como su participación en los casos previstos por la ley. Además, fija plazos definidos para el análisis de las solicitudes, lo que apunta a dar respuestas más rápidas y previsibles. Todo el proceso deberá realizarse exclusivamente a través del Sistema de Registro Obrero Patronal (REOP), que pasa a ser el único canal habilitado para gestionar las suspensiones.

Durante el período de suspensión, el trabajador mantiene su cobertura de seguridad social, conserva los derechos vinculados a la antigüedad laboral, las vacaciones y la reserva del puesto de trabajo. De esta manera, la normativa reafirma el carácter protector del derecho laboral y evita que la suspensión se traduzca en una pérdida de derechos.

Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que el objetivo es ordenar y transparentar los procedimientos, asegurando que las suspensiones se apliquen únicamente cuando existan causales debidamente justificadas, priorizando la continuidad del empleo formal.

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