Tras una reunión entre la presidencia del consejo y los representantes del Parlamento Europeo, se informó que se llegó a un acuerdo político provisional sobre una revisión específica del reglamento 1115 de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR).
De esta manera se determinó que el período de gracia propuesto inicialmente por la comisión para la solicitud de las grandes y medianas empresas, que era hasta el 30 de diciembre del 2025, y para las micro y pequeñas, hasta el 30 de junio del 2026, sea extendido hasta el 30 de diciembre del 2026, con un margen adicional de seis meses para los micro y pequeños operadores.
En este sentido, el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, destacó que la ampliación del plazo no sorprende, ya que sería la segunda ocasión en que se da esta determinación.
“Muestra que ellos mismos no están en condiciones de cumplir lo que están exigiendo y esto porque se hizo una ley no basada en la realidad ni en la ciencia, sino con un supuesto ropaje ambiental de preocupación, pero lo que busca es generar trabas comerciales y ahora ellos mismos se están dando cuenta de que en el cumplimiento es casi imposible”, afirmó el presidente del gremio en conversación con La Nación/Nación Media.
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Igualmente, Cristaldo señaló que las complicaciones para el cumplimiento de esta ley es lo que los llevó también a realizar las diversas revisiones, buscando de alguna manera simplificar los procesos para los operadores de alimentos del viejo continente, de manera que al menos de forma interna no se generen trabas comerciales, pero no obstante, todo sigue igual para los productores externos.
Lo que establece
Según la reglamentación propuesta, para que un producto regulado pueda venderse en la UE o exportarse desde ella, debe cumplir tres requisitos claves; en primera instancia, la tierra donde se produjo el producto no debe haber sido deforestada o degradada desde el 31 de diciembre de 2020.
Así también debió ser producido de manera legal, respetando las leyes del país de origen sobre uso de la tierra, medio ambiente, regulación forestal, etc., y por último, las empresas deben poder demostrar documentalmente el origen del producto, con información clara: proveedor, país de producción, parcela exacta (incluso coordenadas geográficas), fecha de producción, entre otros.
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