El desarrollo de la infraestructura es uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento económico de Paraguay. El ingeniero Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y director de Tecnoedil, sostiene que el país necesita aumentar los recursos destinados a obras para reducir las brechas existentes en rutas, energía, agua y saneamiento, además de fortalecer los servicios públicos.

Al frente del gremio, Sarubbi impulsa el diálogo entre el sector público y el privado para promover proyectos que respondan a las necesidades del país. Entre sus prioridades figuran la previsibilidad presupuestaria, el cumplimiento de los pagos del Estado y el aprovechamiento de herramientas como las concesiones y las alianzas público-privadas (APP). También advierte que la falta de continuidad en las inversiones dificulta la planificación de las empresas, la capacitación de trabajadores y la generación de empleos.

En entrevista con La Nación/Nación Media, el titular de Cavialpa analiza las necesidades de inversión, los desafíos financieros de las constructoras y las condiciones que Paraguay debe generar para atraer industrias y consolidarse como un centro logístico regional.

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Creo que, por sobre todo, tenemos que trabajar para que se entienda la necesidad de invertir en infraestructura. No debemos mirar solamente los intereses particulares de las empresas constructoras, sino tener una visión más amplia y entender lo que necesita el país. A partir de eso, debemos definir qué obras hacen falta y qué mecanismos de financiamiento se pueden utilizar, ya sea mediante deuda pública, concesiones o alianzas público-privadas. Tenemos que crear las condiciones para aprovechar el potencial de crecimiento económico de Paraguay.

Es importante que se invierta a un ritmo de entre el 4 % y el 5 % del PIB por año. Hoy no estamos llegando ni siquiera a la mitad de ese nivel. Para el próximo año estamos hablando de un poco más de USD 1.000 millones, mientras que el 4 % del PIB representa más de USD 2.000 millones. Podría ser posible alcanzar esos niveles en el futuro si también se reducen los costos fijos del Estado y se utilizan herramientas como las APP y las concesiones, que pueden complementar la inversión pública.

Uno de los principales problemas es la falta de previsibilidad sobre los volúmenes de inversión que habrá en los próximos años y los plazos de pago de las obras ejecutadas. Las empresas necesitamos saber cuántos proyectos habrá para dimensionar nuestros equipos, contratar personal y capacitarlos. También dependemos del financiamiento bancario para comprar maquinaria y materiales. Cuando el Estado no cumple con los tiempos de pago, los costos financieros aumentan mucho más de lo previsto y eso termina afectando la rentabilidad de las obras.

Estamos trabajando con el Parlamento para tratar de que el presupuesto sea acorde a las necesidades del sector. En 2026 tuvimos una de las mayores dificultades porque se aprobó un presupuesto bastante inferior a lo que necesitábamos. Para 2027 buscamos que no ocurra lo mismo. El proyecto presentado tiene un desequilibrio entre los fondos externos y los fondos locales, con una previsión bastante inferior a las necesidades en este último componente. Tenemos que trabajar para equilibrar esos recursos y contar con presupuestos acordes a las obras que se licitan.

La mano de obra paraguaya tiene mucha calidad. El problema es que, si no existe una política de Estado a largo plazo y no sabemos cuáles serán los volúmenes de inversión de los siguientes años, se vuelve difícil planificar. Hoy contratamos personal porque hay obras, capacitamos a los trabajadores y después, cuando disminuye la inversión, a veces tenemos que dejarlos ir. Esa capacitación es una inversión que no quisiéramos perder, pero no siempre tenemos otra alternativa.

La infraestructura genera condiciones para que haya inversión privada, y esa inversión produce mano de obra y mayores oportunidades para los ciudadanos. Una ruta no significa solamente transportar materias primas, sino también poder llegar al trabajo, a la escuela o a un hospital. Las obras mejoran la calidad de vida de la población y permiten que el país aproveche mejor sus oportunidades de crecimiento.

Paraguay tiene que transformarse en un centro logístico en el corazón de Sudamérica y aprovechar la cercanía con Brasil y Argentina para industrializar una mayor cantidad de productos y materias primas. Para eso necesitamos reducir los costos logísticos, desarrollar las hidrovías y pavimentar más caminos. También necesitamos energía en cantidad y calidad en todos los puntos del país. Es difícil atraer industrias si no podemos garantizar un suministro energético confiable, que permita a las empresas trabajar sin interrupciones.

Las concesiones y las alianzas público-privadas son herramientas muy importantes para complementar la inversión del Estado. Sin embargo, son proyectos complejos que requieren una buena estructuración y el compromiso de las instituciones públicas para avanzar de manera dinámica. También es fundamental que los riesgos estén bien distribuidos entre el Estado y el sector privado, de acuerdo con la capacidad de cada parte para administrarlos.

Más de 120.000 personas trabajan actualmente en el sector vial, dentro de las aproximadamente 270.000 que se desempeñan en la construcción. Además, las empresas asociadas a Cavialpa están diversificadas y trabajan en distintos rubros, como rutas, movimiento de suelos, energía y puertos. Es un sector que genera muchas oportunidades para los jóvenes y en el que también aumenta la participación de las mujeres. Por eso, es importante sostener las inversiones, profesionalizar las empresas y fortalecer la capacitación.

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Creo que las empresas van a seguir creciendo, profesionalizándose y diversificándose mientras el país mantenga su crecimiento. También aliento a que comiencen a mirar hacia el exterior y busquen ejecutar obras en otros países. Ya hay empresas paraguayas que están trabajando en mercados vecinos y en otros destinos, lo que demuestra que tenemos capacidad para competir fuera del país. Para seguir avanzando, necesitamos previsibilidad, proyectos bien estructurados y una visión de largo plazo para la infraestructura nacional.

• Paul Sarubbi tiene 50 años y es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Cuenta con una maestría en ingeniería vial, realizada mediante un convenio entre universidades paraguayas y la Universidad Católica de Chile, además de otra en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Austral de Argentina.
• Es director de la empresa constructora Tecnoedil y presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), gremio desde el cual representa al sector constructor y promueve el desarrollo de infraestructura de gran porte.

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A partir del próximo 2 de noviembre del 2026, el Sistema Integrado de Administración de Registros Administrativos (Siara), incorporará nuevas funcionalidades que permitirán gestionar las comunicaciones asamblearias y las transferencias de acciones, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Con la habilitación de estos dos trámites electrónicos, se completa la incorporación a la plataforma Siara de todas las comunicaciones societarias de las personas jurídicas”, según explicaron desde el ente. Indicaron que la plataforma anterior, BPM Simple, permanecerá habilitada exclusivamente para las estructuras jurídicas hasta que concluya su incorporación gradual a la nueva herramienta.

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Además, mencionaron que la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales, dependiente de la gerencia general, pondrá a disposición de los usuarios un tutorial y un manual de carga con los requisitos documentales correspondientes a cada tipo de operación.

El objetivo de este sistema es modernizar y facilitar la gestión del Registro Administrativo de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales en Paraguay, asegurando mayor eficiencia, transparencia y cumplimiento tanto por parte de los sujetos obligados como de la autoridad de aplicación.

En su primera etapa de implementación, estuvo disponible la inscripción obligatoria para la comunicación de todas las organizaciones sin fines de lucro (OSFL); como también para las organizaciones alcanzadas por la Ley N° 7363/2024 y su Decreto Reglamentario N° 4806, que establecen disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

En contrapartida, quedaron exceptuados de la obligación los organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades u organizaciones de carácter multilateral, así como los partidos y movimientos políticos, las iglesias y las confesiones religiosas.

Asimismo, la disposición no alcanzó a las organizaciones de carácter estrictamente deportivo no profesional, los sindicatos y asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y estudiantiles, las comisiones vecinales y las juntas de saneamiento ambiental, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos, ya sean de origen nacional o internacional.

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Paraguay alcanzó 48 de 100 puntos en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2026, según el último estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este resultado posiciona al país en un nivel de desarrollo medio y por encima del promedio de América Latina y el Caribe, consolidando un avance histórico frente a los 40 puntos registrados en 2017 y los 12 obtenidos en 2004.

Como parte esencial de este progreso, el BID destaca la puesta en funcionamiento de la Ley N.º 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, la creación del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO) y la adopción de herramientas técnicas para planificar el personal público.

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Además, destaca el inicio de la implementación gradual de la nueva carrera administrativa en 12 instituciones piloto, que comprende a unos 12.000 funcionarios públicos.

“Paraguay mejoró de manera sostenida en el desarrollo de su Servicio Civil desde la primera medición, realizada en 2004. En aquel año obtuvo 12 puntos sobre 100; luego subió a 26 puntos en 2013 y a 40 en 2017, llegando ahora a los 48 puntos que le permite subir del nivel bajo al nivel de desarrollo medio, encontrándose por detrás de Costa Rica y Colombia (57 puntos cada uno) y Jamaica (51 puntos). Otros países de la región, ya alcanzan un nivel de desarrollo alto como Chile (73), Brasil (68) y Uruguay (60)”, destaca parte del informe.

Pese a los progresos, el organismo internacional identificó un total de once desafíos prioritarios para afianzar el nuevo modelo institucional. Entre las principales “tareas pendientes” figura extender la planificación de la fuerza laboral a las instituciones de mayor peso dentro del Poder Ejecutivo, modernizar e integrar los sistemas de información de recursos humanos y ampliar las descripciones y valoraciones de puestos a todas las instituciones comprendidas en el ámbito de la reforma.

También plantea fortalecer el sistema de directivos públicos y los mecanismos de selección por concurso, implementar el modelo completo de evaluación del desempeño y finalizar el diseño de una escala salarial única, cuya aplicación deberá ser gradual y fiscalmente sostenible.

Asimismo, señala la necesidad de reglamentar los ascensos y las promociones dentro de la carrera administrativa, implementar los planes institucionales de capacitación y extender las encuestas de clima laboral a las distintas dependencias públicas.

Paralelamente señalan que las unidades de gestión y desarrollo de las personas deben estar acompañadas de programas de formación, asistencia técnica y seguimiento de indicadores. A esto se suma la necesidad de institucionalizar un ciclo de monitoreo y evaluación de la reforma, con indicadores clave y mediciones periódicas de resultados.

Durante la presentación del documento, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, explicó que la profesionalización “exige funcionarios idóneos y comprometidos con sus cargos” y que el objetivo final es transformar esta profesionalización en “bienes y servicios públicos oportunos y de calidad para la ciudadanía”, acotó.

Por el mismo lado, la viceministra de Capital Humano, Andrea Picaso, valoró el trabajo coordinado con las unidades de gestión humana y señaló que el éxito de la ley dependerá del fortalecimiento de las capacidades operativas.

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La Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) informó que hay empresas que prefieren no exportar a algunos destinos debido a la cuestión cambiaria. La situación genera incluso pérdidas en el sector exportador, de acuerdo a los datos del gremio.

Sebastián González Morassi, titular de la Cámara, explicó que las empresas perciben sus ingresos en dólares por las ventas al exterior, pero necesitan convertirlos a guaraníes para afrontar sus compromisos en el mercado local. Esta diferencia cambiaria está reduciendo el valor de los recursos que reciben y generando dificultades para sostener sus estructuras de costos.

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“Ya nos están generando pérdidas. Está difícil afrontar la situación con el tipo de cambio hoy en día y, si esto se sostiene en el tiempo, sin previsibilidad, la situación puede complicarse aún más”, advirtió.

La presión sobre los márgenes también está modificando las decisiones comerciales de algunas compañías. En ese sentido, el ejecutivo confirmó que hay firmas que comenzaron a racionalizar sus operaciones y a dejar de exportar a determinados destinos cuando las condiciones cambiarias les generan pérdidas y no encuentran perspectivas de mejora.

“Están siendo más exigentes consigo mismas para tratar de tener la menor pérdida posible, empatar o ganar un poquito, y dejar de lado los mercados que ya no les generan ninguna utilidad o que les producen pérdidas excesivas”, explicó.

Agregó que, si las condiciones se prolongan, algunas empresas podrían llegar al límite de su capacidad financiera. Según describió, hay compañías que ya trabajan en el punto de equilibrio o a pérdida y recurren a herramientas bancarias, préstamos y reservas propias para continuar operando.

González también se expidió sobre la reunión mantenida entre gremios productivos y empresariales con el Equipo Económico Nacional (EEN) y, en ese sentido, indicó que ambas partes reconocieron la existencia de un problema que requiere atención y acordaron trabajar en alternativas que no impliquen necesariamente una intervención directa del Banco Central del Paraguay (BCP).

Agregó que los representantes de los gremios mantendrán una reunión interna para coordinar los próximos pasos. Posteriormente, buscarán establecer una fecha para el primer encuentro de la mesa técnica con los equipos del sector público.

En representación del sector privado, participaron 10 gremios empresariales: la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), la Cámara de Operadores de Terminales y Puertos Privados del Paraguay (Caterppa), el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFyM), la Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay (Asamar) y la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex).

Por el sector público estuvieron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y autoridades y técnicos del Banco Central del Paraguay (BCP).

El titular de Capex consideró que el principal resultado de la reunión fue que el Gobierno comprendió la dimensión de las dificultades expuestas por el sector privado y se abrió una instancia de trabajo conjunto para buscar respuestas.

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