La especialista en políticas públicas, María José Ayala, advirtió que Paraguay todavía enfrenta importantes desafíos en materia de políticas de cuidado, una situación que impacta directamente en la economía de los hogares, la informalidad laboral y el acceso al empleo formal, especialmente de las mujeres.

Ayala señaló a la 1020 AM que, si bien en los últimos años hubo avances normativos para reconocer derechos laborales de trabajadoras domésticas y cuidadoras, la aplicación efectiva de estas medidas todavía presenta fuertes brechas.

Explicó que uno de los principales problemas es la elevada informalidad dentro del sector de cuidados, donde muchas personas trabajan sin acceso pleno al salario mínimo, seguro social o beneficios laborales básicos.

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“Las cuidadoras y trabajadoras domésticas lograron conquistas importantes, como el reconocimiento del salario mínimo legal, pero todavía existen dificultades para que eso realmente se cumpla”, sostuvo.

Ayala remarcó que la falta de una política integral de cuidados tiene consecuencias económicas concretas para miles de familias paraguayas, ya que muchas personas, principalmente mujeres, deben abandonar o limitar su participación en el mercado laboral para dedicarse al cuidado de niños, adultos mayores o familiares enfermos.

En ese sentido, afirmó que la escasa cobertura de servicios públicos de cuidado obliga a las familias a resolver estas necesidades dentro del hogar, generando una carga económica y laboral adicional. “Cuando existen pocos servicios públicos, todo queda en manos de cada familia. Algunas pueden pagar cuidados privados, pero la mayoría termina resolviendo dentro de la casa”, explicó.

Según detalló, esta situación reduce las oportunidades de empleo formal, afecta los ingresos familiares y profundiza la desigualdad económica, especialmente entre sectores de menores recursos. La especialista también mencionó que las políticas de cuidado abarcan regulaciones laborales relacionadas con permisos de maternidad y paternidad, además de obligaciones empresariales vinculadas a espacios de cuidado infantil.

Recordó que el Código Laboral paraguayo ya establece la obligatoriedad de contar con guarderías en empresas y comercios que superen determinada cantidad de trabajadores, aunque reconoció que la implementación todavía es limitada.

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Una operación de venta de una colección especial de relojes Swatch creada en colaboración con el relojero de lujo Audemars Piguet derivó ayer sábado en escenas de caos en varias ciudades de Europa y también en Nueva York. La venta de los relojes “Royal Pop”, fruto de la colaboración entre ambos grupos suizos, atrajo a grandes multitudes.

Frente a la tienda de Swatch en Times Square, en Nueva York, “la gente empujaba y se abalanzaba” para poder entrar en la tienda cuando esta abrió, a las 10:00 locales (14:00 GMT), contó a la AFP John McIntosh, un neoyorkino de 44 años que llevaba haciendo fila desde el miércoles. El objetivo de los interesados era comprar relojes -vendidos por entre 400 y 420 dólares- para revenderlos inmediatamente con un importante margen de ganancia.

En Francia, se formaron largas filas de cientos de personas durante la noche en numerosas ciudades, y hubo momentos de tensión con los equipos de seguridad en algunas tiendas. Según una fuente policial francesa, unas 300 personas que acudieron antes de la apertura de una tienda Swatch en un centro comercial de la región parisina fueron dispersadas por los agentes con gases lacrimógenos.

De acuerdo con la misma fuente, una persiana metálica y dos pórticos de seguridad resultaron dañados, y policías y agentes de seguridad fueron agredidos.

La venta fue cancelada sin anunciar una nueva fecha, ya que “los organizadores habían subestimado el dispositivo de seguridad”.

Consultado por AFP, Swatch declinó hacer comentarios. En su cuenta de Instagram, Swatch Francia indicó simplemente que, debido a “consideraciones de seguridad pública”, sus tiendas de Lyon, Deauville, Rennes, Lille, Saint Tropez y Montpellier permanecerían cerradas durante el día.

En Italia, la operación también salió mal en Milán, donde se produjo una pelea frente a una tienda de Swatch en el momento de la apertura, según imágenes difundidas por los medios.

También hubo tensiones frente a otro establecimiento de la marca cuando los vendedores anunciaron que el stock se había agotado. En el Reino Unido, por motivos de “seguridad” para clientes y empleados, el grupo suizo cerró durante toda la jornada sus tiendas de Londres, Liverpool, Mánchester, Birmingham, Sheffield, Glasgow y Cardiff.

Fuente: AFP.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en conjunto con la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), inició una serie de operativos de control dirigidos a empresas de transporte de cargas de alcance local, interdepartamental e internacional.

Estas acciones, ejecutadas por la Coordinación de Operaciones Especiales (COE) Jeroviaha, tienen como propósito verificar la transparencia y asegurar la formalización de los contribuyentes del sector. Durante las intervenciones se supervisa el estado y actualización del RUC, la exhibición de constancias y la validez de los comprobantes de venta, con especial énfasis en el correcto llenado de las notas de remisión, documento obligatorio para el traslado de mercaderías en territorio nacional.

Esta primera etapa de verificaciones presenciales se extenderá por todo el país durante las próximas semanas y será complementada por una segunda fase a cargo de la Dirección General de Fiscalización Tributaria. En dicha instancia, se solicitará documentación detallada a las empresas, lo cual podría derivar en la apertura de procesos de fiscalización puntual en caso de detectarse irregularidades. La iniciativa busca que los actores del rubro se adecuen estrictamente a las normas vigentes, evitando sanciones derivadas de inconsistencias documentales.

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La ampliación de los controles al sector transporte se suma a las acciones que la DNIT viene realizando en centros comerciales y a los operativos anticontrabando, los cuales permitieron la incautación de productos como hortalizas durante el mes pasado. Estas medidas forman parte de una estrategia integral de vigilancia que busca combatir la informalidad en distintos eslabones de la cadena económica y logística del país.

Asimismo, cabe recordar que la institución puso en marcha el primer Plan de Mejora de Cumplimiento bajo un enfoque de gestión de riesgos, centrado específicamente en la identificación de facturas duplicadas. Esta modalidad permite una comunicación simultánea con un gran número de usuarios para informar sobre inconsistencias detectadas por la Gerencia General de Impuestos Internos. El sistema facilita que los contribuyentes sean notificados sobre sus fallos y procedan a las rectificaciones correspondientes de manera directa.

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Afirman que es el primer movimiento concreto del Estado paraguayo para ordenar ese ecosistema.

Paraguay está frente a una ventana de opor­tunidad que pocos países de la región tienen: energía eléctrica abundante y barata, una economía dolari­zada en los hechos y un comer­cio fronterizo que ya incorporó las criptomonedas como medio de pago cotidiano. Lo que fal­taba era un marco legal.

La Resolución 4726 de la Direc­ción Nacional de Ingresos Tri­butarios (DNIT), vigente desde el 1 de enero de este año, es el primer movimiento concreto del Estado paraguayo para ordenar ese ecosistema. Así lo analizó Cecilia De Maio, ana­lista especializada en activos digitales, fundadora de Racing Group y co-creadora de Audi­tra, en una entrevista a la 1020 AM.

“Paraguay puede llegar a tener un gran ingreso a partir de esto y es un mercado muy pro­penso a la globalización por el tipo de producto y por la canti­dad de energía que se produce. Realmente puede ser algo muy positivo”, afirmó De Maio, quien subrayó que el país reúne condi­ciones estructurales que lo dife­rencian del resto de la región.

La normativa, publicada en marzo pero con vigencia retroactiva desde enero, esta­blece un régimen de infor­mación obligatoria –no un impuesto nuevo– sobre ope­raciones con criptoactivos. Alcanza a personas físicas, personas jurídicas y platafor­mas que superen los 5.000 dóla­res anuales en operaciones, y abarca el uso, la transferencia y todo aquello que genere rendi­miento. La declaración se rea­liza vía sistema Marangatu de la DNIT, y quienes no cuen­ten con RUC están obligados a inscribirse para poder cum­plir con la exigencia.

Para De Maio, uno de los efectos más importantes de la resolución es que despeja la incertidum­bre jurídica que frenaba el cre­cimiento del sector. El uso de criptomonedas en el comercio de frontera era una práctica extendida en Paraguay, pero operaba en una zona gris que generaba dudas incluso entre sus propios usuarios.

“Antes estaba esto de, yo no sé si es legal, si es ilegal, porque siempre estaba esa duda. Esto nos viene a dar un marco de legalidad y nos da tranquilidad”, señaló la especialista. Ese cambio de estatus no es menor. La certeza jurídica es precisamente lo que necesitan tanto los inversores internacionales que miran al país como los operadores loca­les que ya usan criptoactivos en sus transacciones diarias. Con la energía como ventaja com­petitiva natural –Paraguay es uno de los mayores producto­res hidroeléctricos per cápita del mundo–, el país tiene con­diciones para atraer minería de criptomonedas, empresas de custodia de activos digitales y plataformas de intercambio.