El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avanza en la creación de un proyecto de ley que buscará corregir los desequilibrios de la Caja Fiscal, el sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, que actualmente enfrenta un déficit creciente y amenaza con convertirse en una carga cada vez más pesada para las cuentas del Estado.
Según estimaciones del MEF, de mantenerse las condiciones actuales, el déficit fiscal total podría alcanzar el 1,5 % del producto interno bruto (PIB) en 2028, el límite máximo permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
El ministro de Economía explicó que el objetivo central de la reforma será garantizar la sostenibilidad del sistema previsional a largo plazo, con un enfoque similar al del sector privado, donde los aportes son compartidos entre empleados y empleadores.
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“Así como se hace en el ámbito privado, con aportes de empleados y empleadores, también será necesario modificar algunos parámetros, como la edad de jubilación”, señaló a la 1080 AM.
El planteamiento apunta a transparentar los aportes y corregir distorsiones acumuladas a lo largo de los años. Actualmente, el Tesoro Nacional cubre los déficits de la Caja Fiscal, pero de manera poco clara, sin que se conozca con precisión cuánto se transfiere ni qué subsectores generan el mayor desbalance.
“Hay que identificar cuánto se aporta cada año y quién genera el déficit. Estamos abiertos a transparentar ese aporte del sector público”, dijo.
El MEF considera insostenible que existan jubilaciones a partir de los 50 años, en un contexto donde la expectativa de vida en Paraguay ya supera los 75 años. En muchos casos, los beneficiarios aportan alrededor de 25 años y luego cobran el 100 % del salario durante tres décadas, con una tasa de aporte del 16 %.
“Eso quiebra el sistema”, reconoció Valdovinos, quien anticipó que el nuevo esquema previsional podría incluir ajustes graduales en la edad de retiro y en los porcentajes de aporte, con el objetivo de equilibrar las cuentas y reducir la dependencia del Tesoro.
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El proyecto también contempla la introducción de un esquema más transparente y predecible de financiamiento, donde el Estado figure explícitamente como aportante en calidad de empleador, al igual que ocurre en el régimen privado.
De esta manera, se busca ordenar las finanzas previsionales y proyectar un horizonte de sostenibilidad que brinde certeza tanto a los jubilados actuales como a las generaciones futuras de funcionarios públicos.