La Comisión Europea de la Unión Europa (UE), presentó esta semana una propuesta para aplicar de forma sencilla el Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR), con medidas operativas y plazos pensados para evitar la saturación del nuevo sistema informático y reducir costos administrativos para empresas y pequeños productores.
Para Paraguay, país exportador de soja, carne y otros productos agrícolas, tiene un impacto positivo porque permitirá una transición más ordenada, pero que también exige esfuerzos concretos de coordinación pública-privada para mantener el acceso al mercado europeo.
Propuestas
La Comisión propone que solo el primer operador que introduce el producto en el mercado de la UE (por ejemplo, el importador) sea responsable de presentar la declaración de diligencia debida en el sistema informático centralizado. Los operadores intermedios y comerciantes evitarán presentar declaraciones duplicadas.
Además, los micro y pequeños productores primarios procedentes de países considerados de “bajo riesgo” tendrán una declaración única y simplificada, y podrán usar datos ya existentes en bases oficiales de los estados miembros para evitar cargas repetitivas. Estas modificaciones buscan reducir trámites sin renunciar al control de la trazabilidad.
La Comisión mantiene la entrada en vigor para grandes y medianas empresas pero contempla un periodo de gracia de seis meses para controles, y retrasa la obligación plena para micro y pequeñas empresas hasta el 30 de diciembre de 2026.
La razón técnica es porque el volumen de declaraciones y las interacciones previstas supera la capacidad diseñada inicialmente y el Ejecutivo comunitario prioriza que el sistema esté plenamente operativo antes de exigir cumplimiento masivo.
El Parlamento Europeo y el Consejo debatirán ahora la propuesta de la Comisión. Tendrían que adoptar formalmente la modificación específica del Reglamento de la UE sobre deforestación antes de que pueda entrar en vigor.
Paraguay y UE
Para exportadores paraguayos, la simplificación reduce riesgos de interrupciones logísticas y posibles rechazos en destino por fallas en la documentación, pero no elimina la necesidad de inversión en trazabilidad, especialmente georreferenciación de parcelas, y en digitalización de registros.
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