Las instituciones aclararon que los controles están dirigidos a prácticas irregulares que buscarían encubrir el origen real de los productos. Foto: Gentileza
Defienden legalidad de operativo anticontrabando en el Chaco paraguayo
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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) defendieron la legalidad del operativo anti contrabando llevado a cabo en el Chaco paraguayo a fin de velar por el resguardo del estatus fitosanitario del país y el control territorial.
En un comunicado, señalaron que las verificaciones están respaldadas en las potestades otorgadas a estas entidades en el marco legal vigente, y en estricto respeto al debido proceso. Los mismos se iniciaron tras denuncias de productores sobre el presunto ingreso irregular de cebollas a través de Pozo Hondo.
“Durante tareas de verificación en el departamento de Boquerón y luego de un minucioso trabajo de inteligencia se detectaron mercaderías provenientes del establecimiento denominado Última Esperanza, donde las cargas incautadas presentaban llamativas inconsistencias en su origen y trazabilidad”, según detallaron.
Las instituciones aclararon que los controles no están dirigidos a productores registrados que operan conforme a la ley, sino a “prácticas irregulares que buscarían encubrir el origen real de los productos o evadir los controles tributarios, sanitarios y aduaneros”.
Según el comunicado, en el lugar se encontraron gran cantidad de envases con marcas extranjeras y otras sin logotipos ni marcas, ya sea con productos o vacíos. Además, en los trabajos de inteligencia previamente realizados se pudo constatar que los vehículos involucrados en la operación salían de establecimientos no declarados.
Sumado a esto se constató que se ofrecían productos sin respaldo documental como factura y se utilizaban documentos emitidos a nombre de terceros, lo que imposibilitaba garantizar la trazabilidad de la mercadería.
“Estos hechos constituyen indicios suficientes para realizar el procedimiento de incautación y posterior instrucción del sumario administrativo”, mencionaron. En tanto, los afectados podrán ejercer su derecho a defensa conforme a lo establecido en el marco normativo vigente.
Se recordó también que el uso de bolsas recicladas o reutilizadas, especialmente aquellas con inscripciones extranjeras está prohibido porque compromete la identidad, la sanidad, calidad e inocuidad del producto. “Los envases para frutas y hortalizas deben ser nuevos, secos, limpios y con identificación válida”, añadieron en la misiva.
Las acciones de inducción al cumplimiento en operaciones previas tienen el objetivo de orientar a los operadores a promover prácticas alineadas con los principios de trazabilidad, transparencia y regularización documental. “Se insta a comerciantes y transportistas a ajustar sus operaciones a la legalidad para evitar sanciones”, finalizaron.
Luego de obtener resultados satisfactorios en controles, Japón dispuso el retorno de la chía nacional al Nivel 1 de monitoreo ordinario. Foto: Gentileza
Tras un año de controles Japón levanta medidas especiales sobre la chía nacional
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El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) informó que luego de un año de controles reforzados y acciones coordinadas para garantizar la inocuidad de la producción, Japón levantó las medidas especiales aplicadas a los envíos de chía de origen paraguayo, luego de constatar resultados favorables.
“La decisión constituye un logro significativo para el sector productivo y exportador nacional, y representa un reconocimiento a la efectividad de las medidas correctivas y preventivas implementadas por Senave en coordinación con los distintos actores de la cadena productiva”, detalló la institución.
El levantamiento fue comunicado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón que informó la modificación del Plan de Monitoreo de Alimentos Importados para el año fiscal 2026, dejando sin efecto las medidas implementadas desde el 15 de julio de 2025, tras la detección de residuos de atrazina en un envío de chía paraguaya.
“Como resultado de los controles y de los resultados satisfactorios obtenidos durante el periodo de vigilancia reforzada, la chía paraguaya retorna al Nivel 1 de monitoreo ordinario, correspondiente al régimen habitual de control de alimentos importados por Japón”, indicó.
Esto implica que los envíos vuelven a estar sujetos a muestreos aleatorios sobre una proporción reducida de las partidas, conforme al sistema ordinario de control japonés, sin las condiciones especiales que caracterizaron el periodo de vigilancia reforzada.
Según el organismo, para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el mercado japonés, se fortalecieron las medidas de control a lo largo de la cadena productiva y exportadora. Entre ellas, el análisis obligatorio de residuos de plaguicidas sobre el 100 % de los lotes de chía destinados a Japón, la trazabilidad de las zonas de producción, el monitoreo del uso de plaguicidas y la capacitación de los sectores público y privado.
En ese sentido, mencionaron que la recuperación de las condiciones normales de acceso representa un importante respaldo a la calidad, inocuidad y confiabilidad de la chía paraguaya, fortaleciendo la posición de Paraguay como proveedor confiable de alimentos en los mercados internacionales.
“El Senave reafirma su compromiso con la protección de la producción nacional, la inocuidad de los productos de origen vegetal y la apertura y mantenimiento de mercados internacionales para los productos paraguayos”, destacaron.
El piso congelado del IRP reduce el efecto real de los aumentos salariales
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Mientras el salario mínimo volvió a incrementarse un 5 % para compensar parcialmente la inflación, el umbral de ingresos para tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa fijado en G. 80 millones anuales desde 2020. La falta de actualización del mínimo imponible provoca el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que incorpora cada vez a más trabajadores al régimen tributario sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.
“Nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos”. La célebre frase atribuida a Benjamín Franklin mantiene plena vigencia más de dos siglos después. En Paraguay, sin embargo, la realidad tributaria incorpora un elemento adicional que afecta silenciosamente a miles de asalariados: mientras los salarios se ajustan año tras año para acompañar la inflación, el ingreso mínimo para comenzar a tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) permanece inalterable desde hace seis años.
Desde el 1 de julio, el salario mínimo aumentó un 5 %, pasando de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales. Como ocurre cada año, el reajuste busca preservar parcialmente el poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.
Sin embargo, el mínimo para quedar alcanzado por el IRP-Rentas y Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP) continúa fijado en G. 80 millones brutos anuales, exactamente el mismo monto establecido para el ejercicio fiscal 2020.
Esta diferencia entre la evolución de los salarios y la inmovilidad del umbral genera un fenómeno ampliamente estudiado en economía pública denominado “arrastre fiscal” o bracket creep. Consiste en que la inflación y los aumentos nominales de los ingresos hacen que cada vez más personas ingresen al sistema tributario, aunque en términos reales mantengan prácticamente el mismo nivel de vida.
Zunilda Trinidad, consultora organizacional y especialista en proyectos de inversión y auditoría, explica que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no tiene atribuciones para modificar ese monto por decisión propia.
“El umbral de G. 80 millones está establecido por la Ley 6380/19. Su modificación requiere un cambio en el marco legal. A diferencia de la legislación anterior, la actual no contempla un mecanismo automático de actualización del mínimo imponible según la inflación”, señala.
En consecuencia, más que una decisión administrativa, la permanencia del umbral responde a la ausencia de una reforma legislativa que adapte el monto a la evolución de los precios.
Cada año el límite vale menos. Aunque nominalmente el mínimo imponible continúa siendo de G. 80 millones, su valor económico se redujo de manera importante desde 2020.
La inflación acumulada durante los últimos seis años disminuyó el poder adquisitivo de ese monto. Si el límite hubiera sido ajustado para mantener el mismo valor real que tenía cuando fue fijado, actualmente se ubicaría aproximadamente entre G. 105 millones y G. 108 millones, según la inflación acumulada del período.
En otras palabras, el umbral vigente conserva apenas alrededor del 76 % del poder adquisitivo que tenía originalmente.
Como consecuencia, numerosos trabajadores que únicamente recibieron incrementos destinados a compensar la inflación hoy superan el límite legal y deben inscribirse en el IRP, aun cuando su situación económica real prácticamente no haya cambiado. ¿Pierde poder adquisitivo el trabajador?
La consultora tributaria Cinthia Ayala Maciel, de Inversiones Paraguay, sostiene que el efecto debe analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, explica que el impacto directo del impuesto suele ser moderado.
“El IRP grava la renta neta y posee una estructura progresiva, con tasas del 8 % y del 10 %. Por ello, quien recién supera el umbral normalmente no enfrenta una carga tributaria elevada”, señala.
Sin embargo, considera que el aspecto más relevante está en los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
“La inscripción en el registro, la presentación de declaraciones, la conservación de documentos respaldatorios y, en muchos casos, la contratación de un contador o de servicios de teneduría de libros representan gastos que son prácticamente iguales para quien apenas supera el umbral y para quien obtiene ingresos considerablemente mayores”, explica.
Ese fenómeno provoca que los costos administrativos tengan un peso proporcionalmente mayor sobre los contribuyentes de menores ingresos dentro del propio universo alcanzado por el impuesto.
Menor ingreso disponible. El efecto del arrastre fiscal no implica necesariamente una pérdida automática del poder adquisitivo, pero sí puede reducir el ingreso disponible de los trabajadores.
Una parte de los reajustes salariales destinados a compensar la inflación termina absorbida por el pago del impuesto y por los costos administrativos derivados de cumplir con las obligaciones tributarias.
Un ejemplo permite visualizar el fenómeno. Un asalariado que en 2020 percibía G. 78 millones anuales no estaba alcanzado por el IRP. Si durante los años siguientes únicamente recibió incrementos equivalentes a la inflación, hoy podría superar los G. 100 millones anuales sin haber experimentado una mejora significativa en su capacidad económica. Sin embargo, al mantenerse congelado el mínimo imponible en G. 80 millones, pasa a integrar el universo de contribuyentes.
Especialistas en política fiscal sostienen que este mecanismo modifica gradualmente la carga tributaria sin necesidad de elevar las alícuotas ni crear nuevos impuestos. Basta con que el mínimo imponible permanezca inmóvil mientras los salarios nominales continúan creciendo.
Mientras el salario mínimo sigue ajustándose para intentar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el piso del IRP permanece congelado desde 2020. En ese contexto, cada nuevo reajuste salarial acerca a más paraguayos al régimen tributario, ampliando la base de contribuyentes mediante el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en un escenario de inflación acumulada y salarios en constante actualización.
DNIT y bancos avanzan hacia un sistema de intercambio de información con autorización del cliente
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La administración tributaria y el sector bancario conformarán un equipo técnico y tecnológico para desarrollar una plataforma que permita intercambiar información tributaria y bancaria de manera específica y bajo autorización de los contribuyentes.
Fortalecimiento conjunto. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el sistema bancario avanzan en el desarrollo de un mecanismo de intercambio de información que permitirá facilitar el acceso a determinados datos tributarios y bancarios, con autorización previa de los clientes.
El anuncio fue realizado por el director nacional de la DNIT, Óscar Orué, durante la segunda Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban)
Orué explicó que ambas partes conformarán un equipo técnico y tecnológico encargado de trabajar en el desarrollo del sistema, con la expectativa de que pueda estar disponible a mediados del próximo año. La herramienta permitirá que las entidades financieras puedan acceder a información tributaria de sus clientes y que, a su vez, la DNIT pueda consultar determinados datos bancarios para fortalecer sus procesos de control.
Óscar Orue, director nacional de la DNIT. Foto: Archivo
El director de la DNIT aclaró que el mecanismo no implicará un acceso irrestricto a la información de los contribuyentes. El alcance estará limitado a determinadas declaraciones y registros, entre ellos las declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA), estados financieros, facturación de empresas, impuesto a la renta empresarial (IRE) e impuesto a la renta personal (IRP).
Autorización con firma electrónica. Para acceder a estos datos será indispensable la autorización expresa del cliente. Según explicó Orué, cada banco deberá gestionar este consentimiento con sus clientes y posteriormente presentar la autorización ante la DNIT mediante la firma electrónica correspondiente. De esta manera, las entidades podrán consultar y descargar las declaraciones juradas habilitadas.
El sistema apunta principalmente a facilitar los procesos de evaluación de clientes que requieran acceder a productos financieros, como créditos. Sobre el punto, Orué señaló que todavía no se cuenta con una estimación de cuántos contribuyentes podrían otorgar esta autorización, pero remarcó que el acceso estará condicionado al consentimiento de cada cliente.
DNIT cerró julio con ingresos por USD 684 millones y un crecimiento del 3,6 %
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) cerró el séptimo mes de 2026 con un crecimiento en los ingresos de 3,6 %, con respecto al mismo periodo del año pasado. El reporte de la institución indica que en julio se registró una recaudación en efectivo de G. 4.086.022 millones, unos 684,9 millones en la moneda norteamericana, frente a los G. 3.945.760 millones del mismo mes de 2025.
El informe destaca que este resultado implicó una expansión de G. 140.262 millones, unos USD 23,5 millones, en términos absolutos. En el detallado señala que la Gerencia General de Impuestos Internos recaudó G. 2.591.358 millones, USD 434,4 millones, con una expansión interanual de 8,1%.
Camilo Pérez lidera la intención de voto en Asunción, señala otro sondeo
Un estudio de opinión pública posiciona al candidato de la Lista 1, Camilo Pérez (ANR), como líder de la carrera por la Intendencia de Asunción con el 41,2 % de la intención de voto. Le siguen Soledad Núñez (AUA) con 28,7 %, Rodrigo Franco (PDC) con 6,8 % y Arlene Aquino (PS) con 1,9 %. Además, el 21,4 % de los consultados manifestó no tener aún una preferencia definida o no respondió.
La encuesta fue elaborada por la consultora Grau & Asociados entre el 23 y 24 de julio de 2026 sobre una muestra de 515 casos, distribuida proporcionalmente en 47 barrios de Asunción y estratificada por sexo, edad y nivel socioeconómico.
Encarnación apunta a ser el aeropuerto más moderno de la región, destaca titular de la Dinac
La segunda etapa de inversiones en el Aeropuerto Internacional de Encarnación avanza con obras que estarán listas para recibir al Campeonato Mundial de Rally y que permitirán posicionar a la terminal aérea como una de las más modernas de la región, según destacó el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza.
“Ya vamos a poder anunciar que tenemos el aeropuerto más moderno de la región. Ya tenemos el equipamiento más moderno y más versátil para este tipo de operación”, afirmó Mendoza al referirse al proceso de modernización que se ejecuta actualmente en la terminal.
Alliana celebra pronunciamiento del Partido Nacional de Uruguay sobre dichos de Lula
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, valoró el pronunciamiento emitido por la nucleación política uruguaya, la cual rechazó los dichos del mandatario brasileño al considerarlos una versión falsa sobre el origen de la Guerra contra la Triple Alianza.
Alliana celebró y expresó su gratitud ante el comunicado oficial emitido por el Partido Nacional de Uruguay, el cual manifestó su apoyo al Paraguay frente a las polémicas declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en relación a la Guerra contra la Triple Alianza.
Recuperación vial: Municipalidad de Asunción realiza 671 bacheos en una semana
La Municipalidad de Asunción concretó 671 bacheos en una semana, operando de manera diaria, informaron desde la comuna capitalina. Los trabajos se realizaron entre el 27 de julio y el 2 de agosto, como parte del plan de recuperación vial impulsado por el intendente Luis Bello.
En el mismo período también fueron reparados 62 cortes de pavimento y atendidos 26 hundimientos, utilizando mezcla asfáltica para responder a los distintos daños detectados en la vía pública, según informe del interventor de la Dirección de Vialidad.
Titular del Congreso insta a Petropar a mantener los precios “lo más bajo posible”
Ante la reciente suba del combustible, el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, instó este martes a la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) a mantener los precios “lo más bajo posible”. Asimismo, cuestionó que la reducción de la cotización del dólar no se traduzca en una baja inmediata de los precios vinculados a la canasta familiar.
“Como presidente del Congreso de la Nación, espero que, con el mismo ímpetu con el que suben los combustibles por tensiones geopolíticas y otros factores, bajen de forma inmediata cuando desaparezcan esos motivos”, afirmó el senador a través de una publicación en redes sociales.
Hugo Javier González se entregó a la justicia para cumplir su condena por lesión de confianza
En la mañana de este martes se presentó de manera voluntaria en el Departamento Judicial el exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, condenado a 10 años de pena privativa de libertad por lesión de confianza.
El informe indica que el exjefe departamental se entregó en la oficina de guardia a las 6:45 “para ponerse a disposición de la justicia, siendo recibido por el personal de guardia que constató mediante Base de Datos de la Policía Nacional que efectivamente el mismo cuenta con orden de captura pendiente, por lo que se procedió a su detención, se labró acta de procedimiento y realizó el procedimiento de rigor”.