Con la intención de motivar la inversión y revitalizar el centro histórico de Asunción, la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro (DGSNC) elaboró una propuesta técnica a través de la Comisión Asunción 500 Años, coordinada por la Oficina de la Primera Dama, que permitirá la formación de una nueva zona urbana (Zona 16), donde el tributo inmobiliario sea el más bajo en comparación a otros puntos de la ciudad capital.
Hay que resaltar que la iniciativa forma parte de una estrategia que busca incentivar la inversión privada y favorecer a la revitalización del centro histórico de la capital del país. En ese contexto hay que señalar que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones llamó a licitación pública el mes pasado para la recuperación y modernización de casco histórico capitalino, que contempla una inversión de unos G. 77.156 millones.
La DGSNC, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que la coordinación y cooperación interinstitucional resultó en la aprobación de la ordenanza municipal número 193/25, que establece oficialmente una reducción del impuesto inmobiliario para el centro histórico, la cual entrará en vigencia a partir del 2026.
Para esta nueva normativa se tuvieron en cuenta estudios catastrales, investigaciones de valor y propuestas normativas que respaldaron tanto la decisión municipal como su futura inclusión en el decreto del Poder Ejecutivo, relacionado con el impuesto sobre bienes inmuebles del próximo año.
Modernización
En el marco de la modernización del sistema catastral y registral del país, a partir del próximo año, las funciones actualmente desarrolladas por la DGSNC serán asumidas por el Registro Unificado Nacional (RUN) y, en lo pertinente, por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que son las instancias competentes en materia de fiscalidad inmobiliaria.
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Salud invierte casi G. 20.000 millones para mejorar la atención renal de niños y adolescentes
Los trabajos de construcción del futuro Centro Nefrourológico Pediátrico, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, avanzan con la ejecución de diferentes etapas de infraestructura que buscan dar respuesta a las necesidades de niños y adolescentes que requieren atención especializada por enfermedades renales y urológicas, informaron este martes desde el Ministerio de Salud.
La iniciativa representa una inversión de G. 19.556 millones, financiada por Itaipú Binacional, y tiene una importancia especial para los pacientes pediátricos que necesitan tratamientos prolongados, controles permanentes y procedimientos como la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La disponibilidad de un espacio especializado permitirá mejorar las condiciones de atención y acompañar de manera más integral a las familias que atraviesan estas situaciones.
Tareas
Actualmente, las labores se concentran en la construcción de mamposterías y revoques, tanto interiores como exteriores, además de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. También se realizan trabajos de impermeabilización de la azotea y colocación de cubiertas metálicas, mientras avanzan las obras de la caseta de bombas y la rampa de acceso principal.
A estas intervenciones se suman la canalización y el tendido de ductos destinados a los sistemas eléctricos y de señales débiles que formarán parte de la infraestructura del establecimiento.
Servicio especializado
El proyecto contempla una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados y contará con espacios especialmente acondicionados para la atención nefrourológica infantil. Entre sus principales instalaciones se prevén áreas para hemodiálisis y diálisis peritoneal, consultorios de especialidades relacionadas y una torre destinada a estudios urodinámicos.
Con esta infraestructura se busca ampliar la capacidad del sistema público de salud para atender a pacientes pediátricos con afecciones renales y urológicas, facilitando el acceso a estudios, tratamientos y controles médicos especializados.
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Crisis de Ueno plantea desafíos para la confianza de los inversores, señala economista
Los efectos de la crisis de Ueno Bank podrían extenderse más allá de la entidad financiera y derivar en eventuales acciones legales contra el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Estado, ante una posible falla de supervisión, señaló el economista César Addario. Advirtió que un litigio de estas características podría generar un pasivo contingente y repercutir en las tasas de interés que paga el país en los mercados internacionales.
Durante una entrevista en el programa Fuego Cruzado, emitido por GEN, el economista explicó que uno de los principales riesgos para Paraguay es que los tenedores de bonos vinculados a la crisis decidan iniciar acciones no solo contra la entidad involucrada, sino también contra los organismos responsables de la supervisión del sistema financiero.
Addario mencionó que existen antecedentes de situaciones similares en Argentina y Venezuela, por lo que consideró necesario anticiparse a posibles escenarios legales. Si bien sostuvo que las reservas internacionales del país se encuentran blindadas, alertó que un litigio podría resultar costoso, generar contingencias para el Estado y terminar afectando el costo del financiamiento externo.
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En paralelo, advirtió que la situación ya tuvo repercusiones en la percepción de riesgo de Paraguay. Según explicó, el mercado castigó los bonos paraguayos y el rendimiento del título de largo plazo superó el 7 %, reflejando una pérdida de confianza entre los inversores.
El economista alertó además sobre el riesgo de que los fondos que actualmente mantienen bonos paraguayos en sus carteras comiencen a desprenderse de estos instrumentos, lo que presionaría todavía más sus precios. En ese sentido, consideró que el Gobierno debe actuar rápidamente y presentar un plan concreto a los tenedores, con explicaciones sobre el manejo de la crisis, las medidas fiscales previstas y el cumplimiento de la regla fiscal en 2028.
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La formalización de tierras, una llave para reducir la pobreza y dinamizar la economía
La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.
Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.
Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.
“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.
El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.
Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.
Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.
La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.
“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.
El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.
A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.
El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.
En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.
Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.
“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.
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Crisis corporativa pone presión sobre la confianza de los mercados internacionales
La crisis financiera que afecta al sistema corporativo paraguayo podría tener consecuencias directas sobre el acceso al financiamiento internacional. El economista César Addario advirtió que los recientes acontecimientos relacionados con ueno bank están debilitando la percepción de los inversionistas sobre el país y podrían dificultar futuras emisiones de bonos de empresas paraguayas.
En entrevista con la 780 AM, sostuvo que el historial corporativo nacional en los mercados internacionales quedó golpeado y que, como consecuencia, la posibilidad de que nuevas compañías coloquen bonos en el exterior se encuentra prácticamente cerrada. “La ventana de emisión para cualquier empresa paraguaya hoy está cerrada”, afirmó.
Addario explicó que la situación afecta la imagen que Paraguay construyó ante los mercados internacionales, especialmente en torno a la solidez de su sistema financiero y la estabilidad macroeconómica, dos de los principales argumentos utilizados para atraer inversiones.
El impacto, según indicó, también comienza a reflejarse en el riesgo soberano. Detalló que el spread de los bonos paraguayos pasó de ubicarse entre 100 y 105 puntos básicos a aproximadamente 122 puntos. Aunque consideró que el incremento todavía no es significativo, advirtió que ya evidencia una transmisión de la incertidumbre corporativa hacia la República.
En ese contexto, señaló que el escenario podría encarecer futuras operaciones de financiamiento, incluso para el Estado. Paraguay tiene prevista una importante emisión de bonos dentro del Presupuesto General de la Nación 2027, por lo que salir actualmente al mercado podría implicar mayores tasas de interés y una menor cantidad de inversionistas dispuestos a prestar al país.
No obstante, diferenció la situación de las empresas privadas de la capacidad de financiamiento soberano. A su criterio, la República debería esperar a que se resuelvan los acontecimientos y se conozca el alcance de sus consecuencias, ya que una emisión en este momento podría trasladar directamente al costo de la deuda pública la incertidumbre generada.
Como referencia, mencionó el caso de una entidad bancaria de Guatemala, que atravesó una crisis y fue intervenida por el banco central de ese país. Según explicó, el proceso de cierre y pago a los ahorristas se desarrolló de manera ordenada, lo que permitió que posteriormente el soberano volviera a los mercados internacionales sin experimentar un impacto significativo.
Finalmente, Addario advirtió que mantener formalmente el grado de inversión no necesariamente significa que el mercado continúe percibiendo al país bajo esa misma categoría. Explicó que existe una diferencia entre conservar una calificación crediticia y contar efectivamente con la confianza de los inversionistas, por lo que será determinante cómo se gestione la crisis actual y si se evita que sus efectos se extiendan a otros sectores.
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