El acta de imputación fiscal del viernes último amplía la imputación contra el expresidente Santiago Peña y el extitular del Banco Central del Paraguay Carlos Carvallo, además de incluir en el proceso a tres exdirectores de la banca matriz.

El documento fiscal relata cómo fueron los pasos que dieron presuntamente los miembros de este esquema para ignorar alertas y alterar incluso un pedido de informe sobre el estado de Ueno Bank.

Los exintegrantes del directorio del BCP Marco Aurelio González Maldonado, Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora fueron imputados por lesión de confianza y asociación criminal; al primero se le añaden la producción y el uso de documentos públicos de contenido falso.

El acta fiscal, presentada el 13 de noviembre, describe una estructura instalada dentro del propio Estado para proteger al Grupo Vázquez y a Ueno Bank. En ese esquema, el directorio habría funcionado como un “bloque de pasividad”: tenía en sus manos los informes técnicos que advertían el déficit de solvencia y las maniobras con empresas vinculadas, pero nunca exigió el plan de regularización que manda la ley ni suspendió la captación de depósitos.

En el caso del exprocurador general de la República Marco Aurelio González, la pieza central de la acusación es el informe remitido al Senado a finales de setiembre. Con el área jurídica bajo su coordinación, el director habría participado de reuniones reservadas con Carvallo, el superintendente Holger Insfrán y el jefe jurídico Aldo Rodríguez, a espaldas del resto del directorio, para reescribir la respuesta preparada por la Superintendencia. Un correo interno habla de “las incorporaciones del Dr. González”.

El propio Insfrán advirtió luego que el borrador suprimía los argumentos técnicos y afirmaba cosas que no estaban en el informe original: la versión final sostuvo que el exceso crediticio estaba “subsanado” y omitió que la venta de cartera a Vinanzas se habría pagado con dinero del mismo banco.

Antes, González ya había recibido el memorando del exgerente de Supervisión del BCP Fernando Rivarola, que alertaba sobre esa triangulación, un correo que Insfrán intentó recuperar por orden de Carvallo. De acuerdo a lo que sostiene el Ministerio Público, no lo habría puesto a conocimiento formal del directorio.

A Liana Caballero se le reprocha que, al recibir la nota ya enviada al Congreso, dejó constancia de que no la validaba, pero no pidió su rectificación ni la intervención del banco. Mientras que a Mora, un funcionario de larga data de la banca matriz que presidió de forma interina la sesión en la que solo se abrió un sumario y que, pese a coordinar el área de mercado, no reaccionó ante las desesperadas campañas comerciales de Ueno Bank.

Para los agentes del Ministerio Público esa inacción tuvo un costo concreto: tras el envío del informe al Senado, el banco salió a captar ahorristas con promociones agresivas hasta su colapso, el 2 de noviembre.

Cada nuevo depósito garantizado terminó cargándose al Fondo de Garantía de Depósitos, además de comprometer fondos públicos y previsionales.

La Fiscalía pidió prisión preventiva para González y arresto domiciliario con tobillera para Caballero y Mora, junto con la inhibición de sus bienes. Los tres fueron detenidos y quedaron a disposición del juez de Garantías. Todas las conductas descriptas son atribuciones del Ministerio Público en una etapa inicial de la investigación.

El exsuperintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay Holger Insfrán Ibarrola fue imputado por lesión de confianza agravada y asociación criminal en la causa por el blindaje a Ueno Bank. De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el funcionario habría usado su cargo para proteger al ente privado: habría validado la venta de cartera a Vinanzas, que el Ministerio Público califica de simulada, y no habría aplicado multas obligatorias ni actuado ante las alertas de insolvencia.

El acta de imputación lo coloca en una posición clave en los hechos que desembocaron en el colapso del Ueno Bank. El 9 de setiembre envió el memorando Rivarola al director Marco Aurelio González y, por orden de Carlos Carvallo, intentó recuperar ese correo.

El documento fiscal señala además que el 5 de octubre participó de las reuniones reservadas en las que se reescribió la respuesta al Senado. Sin embargo, al día siguiente advirtió por escrito que ese borrador suprimía argumentos técnicos de su propia Superintendencia. Pese a mostrar esa discordancia, Insfrán –junto a González y Mora–, tres días después, lo defendió ante los senadores.

El 8 de noviembre, Insfrán pidió un acta notarial cuyo contenido el expediente no detalla, y el 12 su casa fue allanada. Fue detenido y ahora está imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal, este último delito agregado el viernes a la tarde.

José Brítez, vicepresidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), expresó que las regulaciones no se respetaron en el caso de Ueno Bank y que el Banco Central del Paraguay (BCP) dio luz verde a las operaciones de la fallida entidad, a pesar de que sus números no mostraban la solvencia debida.

“No se respetaron las regulaciones”, comenzó diciendo, para luego agregar “porque al flexibilizar, al no reconocer las pérdidas de la cartera, al no exigir capital, de alguna manera el índice de solvencia del banco no estaba transparentado y no todos corríamos con las mismas condiciones”, recordó sobre la fusión con Visión Banco.

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“Un colega mío dice, ‘es como que uno tenía los semáforos luces rojas, amarillas y verdes y el otro tenía todo verde’. Entonces, era muy diferente de alguna manera de poder competir y sobre todo que el público lo logre interpretar”, analizó en conversación con el senador Gustavo Leite, en su pódcast.

Apuntó también a las calificadoras, las cuales otorgan votos de confianza a Ueno Bank, a pesar de la dudosa solvencia que ostentaba. “El Central le pudo haber puesto condiciones excepcionales, una situación puntual, pero no se puede dejar de reconocer que, dentro de esos activos, había activos que no necesariamente se iban a realizar en igualdad de condiciones a las que tiene el mercado”, expresó sobre la cuestión y la situación complicada en los números de la entidad, ahora en proceso de resolución.

Ueno Bank fue sometida al proceso de resolución desde el pasado martes 3 de noviembre por el regulador. Las autoridades que tomaron esa decisión ahora están procesadas y con prisión preventiva. El desfalco además arrastró al por entonces presidente de la República, Santiago Peña, quien fue destituido y ahora está imputado como la cabeza de la organización criminal que vació la entidad, dejando a millones de paraguayos sin dinero.

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El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer su informe del Estimador de Cifras de Negocios (ECN), con datos actualizados al mes de setiembre. Según el reporte, la dinámica de ventas continúa con una senda positiva.

El ECN, según información preliminar, registró en el noveno mes del año una variación interanual de 2,5 %. Con este resultado, el crecimiento acumulado al cierre del mes de septiembre del 2026 alcanzó 4,3 %, mientras que el promedio móvil de tres meses se ubicó en 3,9 %.

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El mayor dinamismo de las ventas de las manufacturas y el comercio determinó el resultado reportado. Sin embargo, se registraron desempeños adversos en los servicios.

En el caso de la industria manufacturera, el crecimiento fue explicado principalmente por las mayores ventas de productos químico-farmacéuticos, aceites, lácteos, azúcar, molinerías y panaderías, papel, maderas, por citar algunos ítems. La expansión fue compensada parcialmente por menores ventas de carnes, bebidas y tabacos, textiles y prendas de vestir, cueros y calzados, entre otros.

En cuanto al comercio, se destacaron los aumentos de las ventas vinculadas al sector químico-farmacéuticos, productos para el equipamiento del hogar, ventas de combustibles, productos alimenticios, productos agropecuarios, maquinarias y equipos y productos tecnológicos. Se registraron comportamientos adversos en las ventas de grandes tiendas, prendas de vestir e insumos agrícolas (fertilizantes y agroquímicos).

En el sector servicios, por último, se verificaron desempeños negativos en las ventas de servicios a las empresas, servicios de transportes, telecomunicaciones y servicios de información y servicios a los hogares. No obstante, estos resultados fueron atenuados por los incrementos registrados en restaurantes y hoteles y servicios inmobiliarios.

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En medio del enorme impacto que dejó la caída de Ueno Bank, y que aún se torna difícil determi­nar su alcance, hay un aspecto que merece atención: pese a los cuestionamientos el sistema de justicia está haciendo su trabajo. Hay que recordar que la denuncia se reci­bió el 3 de noviembre. En apenas diez días, el Ministerio Público logró la captura e impu­tación de 33 personas, entre ellas un expresi­dente de la República y la anterior cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP)

Compelidos a actuar por una ciudadanía indignada por el latrocinio cometido, los agentes fiscales asignados realizaron una labor ciclópea y minuciosa: imputar a 33 per­sonas en diez días supone haber reunido, en tiempo récord, documentos, testimonios y registros que justifiquen cada una de esas sospechas ante un juez, que también obró de acuerdo a lo que marca la ley.

En este trabajo intenso y extendido, que se enmarcó en distintos operativos y allana­mientos que llegaron incluso, y de manera inédita, hasta la misma residencia presiden­cial Mburuvichá Roga, hay una tarea poco visible. Los allanamientos, es decir, las ins­pecciones de domicilios y oficinas autoriza­das por orden judicial, permitieron incau­tar documentos, certificados de depósito, vehículos y propiedades. Dos estancias vinculadas al grupo propietario ya fueron entregadas a la Secretaría Nacional de Admi­nistración de Bienes Incautados y Comisa­dos (Senabico), que las custodia mientras dura el proceso. Al mismo tiempo, la Fiscalía activó pedidos de cooperación internacional con Estados Unidos, Luxemburgo y Argen­tina para rastrear fondos que pudieron salir del país. En este caso, no solo por el clamor de una población indignada, sin dudas que ras­trear la ruta del dinero es, en causas finan­cieras, tan importante como identificar a los responsables. Hay que recordar que las dili­gencias -locales y extranjeras- revisten una importancia vital ya que de ello depende que el Estado pueda recuperar lo perdido o reco­brarlo parcialmente.

Con el correr de los días, y más allá de la sorpresa de algunos incrédulos, las figuras penales o hechos punibles apuntados tam­bién señalan el rumbo de la investigación. La lesión de confianza castiga a quien, con el deber de cuidar un patrimonio ajeno, lo per­judica. En el caso de la asociación criminal sanciona a quienes integran una estructura organizada para cometer delitos y es por esta razón que los agentes fiscales hayan sumado esta última figura indica que no ven hechos aislados, sino un engranaje, un esquema dise­ñado y jerarquizado para atentar contra los recursos del Estado.

El daño causado fue enorme. Millones de clientes vieron congelados sus ahorros, los fondos públicos quedaron expuestos, la confianza en instituciones que otrora eran fuente de credibilidad absoluta como el BCP, o el impacto en el comercio que tuvo –aún por determinar– sin dudas que hacen comprensi­ble la indignación de la ciudadanía que en un momento dado incluso criticaron al equipo de fiscales que trabaja día y noche para acele­rar la investigación. Sin embargo, este enojo entendible no debería volverse contra quie­nes, precisamente, están tratando de escla­recer lo ocurrido. Criticar a los fiscales por no haber actuado antes confunde los papeles: el Ministerio Público no supervisa bancos; esa tarea correspondía a la Superintenden­cia de Bancos, cuyos antiguos responsables hoy figuran entre los imputados. La Fiscalía interviene cuando hay una denuncia o indi­cios de delito.

Si bien el trabajo para reunir evidencias y convertir indicios en pruebas llevará aún su tiempo, nada de los avances hechos hasta sig­nifican que el trabajo esté concluido. Hubo palabras y discursos desde los partidos de oposición e incluso de grupos de comunica­ción que cuestionaron la actuación de los fis­cales, y la prensa debe seguir vigilando que no haya favoritismos ni excesos. La rapidez es una virtud solo si va acompañada de soli­dez: una causa mal armada se cae en el jui­cio oral, y entonces la impunidad llega por la vía técnica. Por eso es clave que las pruebas se obtengan respetando el debido proceso, y que cada imputado conserve su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.

Esta primera etapa investigativa y de actua­ciones muestra algo que los incrédulos para­guayos necesitaban ver: que por fin, frente a las personas con poder político y económico, las instituciones pueden funcionar y actuar conforme a la ley. Más de uno se pellizcó la piel cuando vio como el exjefe de Estado era llevado por la Policía hasta su declaración ante el Ministerio Público. Nunca antes un expresidente había llegado a esa instancia. Es por eso que la mejor forma de honrar a los ahorristas afectados es permitir que la justi­cia llegue hasta el final.