El ministro del Interior, Enrique Riera, recordó que hace 11 años el senador Rafael Filizzola, está chicaneando ante la Jusicia y a la fecha, “nunca se sentó frente a un juez”, en el marco del procesado por supuesta lesión de confianza durante su gestión al frente del Ministerio del Interior por la compra de helicopteros para la Policía Nacional.

Filizzola estuvo procesado por la compra de cuatro helicópteros Robinson R44 usados para la Policía Nacional, en 2010, operación cuestionada por presuntas irregularidades administrativas y un supuesto perjuicio patrimonial al Estado. Dos de esas aeronaves fueron denunciadas posteriormente como inservibles.

Al respecto, el ministro Riera, en comunicación con el Programa “Arriba Hoy” que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, recordó que su colega, senador Filizzola, de quien señaló que se había molestado cuando le dijo en su momento que sus helicopteros no volaban porque no servía. Pero, por esta causa ya lleva 11 años chicaneando.

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“Hace 11 años que chicanea y hasta ahora no se pudo hacer la audiencia preliminar. Es decir, que nunca, hasta hoy en día se sentó ante un juez. Lleva 11 años chicaneando en una causa que ya está ante la Corte”, precisó.

El ministro Riera señaló además que el primer caso vinculado a los helicopteros de la Policia Nacional ya prescribió, mientras que el segundo caso está a poco tiempo de prescribir. “Pero hasta ahora él nunca se presentó ante la Justicia”, remarcó.

Cabe señalar que el Ministerio Público había imputado al exministro del Interior, Rafael Filizzola, por supuesta lesión de confianza. La Fiscalía argumentó en su momento que la adquisición, realizada a la empresa Proibérica, se hizo de forma irregular y causó un perjuicio patrimonial estimado al Estado de 50.000 millones de guaraníes.

A la fecha, esta causa penal prácticamente está cerrada, luego de que en marzo del año pasado, Filizzola lograra obtener una resolución a medida, atendiendo a que la jueza Penal de Garantía, Alicia Pedrozo, dio lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo del exministro, lo que en el ámbito político se calificó como un “blanqueamiento” por plazos vencidos.

La salida procesal no se dio porque Filizzola demostró su inocencia en un juicio, sino debido a un fallo previo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que anuló la acusación de la Fiscalía de aquel entonces por vicios procesales y plazos vencidos. Al quedarse sin acusación válida por el paso del tiempo, el fiscal anticorrupción Francisco Cabrera no tuvo otra opción técnica que solicitar el sobreseimiento definitivo.

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La niña de 10 años de edad que fuera víctima de abuso sexual falleció este domingo a las 07:20, según confirmó el director del Hospital Regional de Encarnación, Jorge Ayala en conferencia de prensa.

El director del citado centro asistencia de Encarnación Jorge Ayala, indicó en rueda de prensa que “desde el Hospital Regional de Encarnación lamentamos informar la noticia del fallecimiento de la menor de 10 años de edad procedente de Carlos Antonio López, quien se encontraba internada en nuestro hospital hace varios días a causa de varias complicaciones médicas que la paciente estaba presentando”, señalo.

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Agregó que “la paciente estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría y tuvo la necesidad de intervención quirúrgica, pero a pesar del gran esfuerzo del equipo de trabajo de varias instituciones buscando mejorías clínicas, lastimosamente se dio un desenlace fatal”.

Explico igualmente el médico que “la paciente estaba acarreando complicaciones médicas severas a consecuencia de lesiones que tenía, como una infección generalizada y finalmente se dio una falla de varios órganos que llevó a fallas de órganos vitales que no pudieron ser revertidas a pesar del enorme esfuerzo médico del hospital”, manifestó.

La víctima estaba desde el 13 de mayo en un centro de salud de la zona de Carlos Antonio López. De allí luego fue trasladada hasta el Hospital Regional de Encarnación, donde este domingo se produjo su deceso.

Sus familiares paternos son los que acompañaron todo este proceso, ya que la madre se encuentra imputada y el padre falleció hace 2 años. Sus 6 hermanos ya fueron derivados a otros hogares para ser resguardados, mientras que el hermano mayor esta en el penal de Itapuá, sindicado como el principal autor cumpliendo prisión preventiva por orden fiscal.

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Un niño de 11 años de edad asesinó a un perro y el suceso quedó registrado en un vídeo que se hizo viral y que ha movilizado a las autoridades encargadas de la Dirección de Defensa Animal. El hecho se registró en la ciudad de Limpio.

La investigación busca determinar quiénes son los responsables de lo ocurrido. El director de Defensa Animal, Héctor Rubín, instó a las personas a denunciar formalmente este tipo de casos y no en las redes sociales, como se suele realizar.

La Dirección de Defensa Animal vía comunicado dio a conocer el reprochable hecho de maltrato animal registrado en Limpio, que sindica a un menor de edad como el supuesto autor. De acuerdo al informe que se tiene, un menor de solo 11 años habría asesinado a un perro con extrema crueldad; incluso el momento fue grabado por una vecina.

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“Según reportes recientes, se ha difundido un video en el cual se observa a un niño de 11 años perpetrando actos de violencia contra un animal indefenso”, señala el escrito de la Dirección de Defensa Animal.

Ante esta situación, desde la institución responsable aseguraron que están tomando acciones inmediatas. “En un trabajo conjunto, se realizó la denuncia con efectivos policiales y el Ministerio Público. El protocolo no nos permite actuar sin tener todos los datos del lugar y del hecho”, indica.

“La Dirección de Defensa Animal está en contacto directo con el Ministerio Público y autoridades pertinentes para coordinar una respuesta eficaz y tomar las medidas legales necesarias”, subraya el comunicado. Finalmente, anuncia que mantendrá informada a la comunidad sobre los avances de este caso y de cualquier medida adicional que se tome.

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Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com)

Este 22 de junio se cumplen 11 años del juicio político a Fernando Lugo, quien dejó la Presidencia de la República faltando poco más de un año para concluir su mandato. Pese al tiempo transcurrido, aún existen opiniones dispares sobre lo ocurrido.

Tras la tragedia de Curuguaty, el 15 de junio, en la que 17 paraguayos perdieron la vida (11 campesinos y 6 policías) en consecuencias todavía consideradas como inexplicables, se produjo en Paraguay la crispación política que llevó al fin del mandato de Lugo. Su gestión “perdió la confianza” de los diferentes partidos, según manifestaron los protagonistas de esa época.

El 20 de junio del 2012, el entonces diputado colorado Luis Gneiting presentó ante la Cámara Baja una moción para someter al presidente de la República a juicio político, que fue respaldada por otros partidos, incluso por los aliados de Lugo. La moción quedó y fue aprobada con 76 votos a favor, uno en contra y tres ausencias.

Desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se solicitó a los militantes de la organización política que formaban parte del gabinete de Lugo que renuncien a sus cargos. De esta forma, se dio la renuncia de los titulares de Justicia y Trabajo, Industria y Comercio, Deporte, Educación y Cultura, y Agricultura y Ganadería.

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Con la confirmación inminente del sometimiento a Fernando Lugo a un juicio político, que quedó en ser reglamentado por la Cámara de Senadores, el entonces mandatario se manifestó públicamente, afirmando que no renunciaría a su cargo y que enfrentaría el proceso.

En la tarde del 22 de junio, el Senado que estaba presidido en ese entonces por Jorge Oviedo Matto, encontró culpable a Lugo, quien fue destituido con 39 votos a favor y cuatro en contra. Minutos más tarde, asumió como mandatario quien hasta entonces fungía como vicepresidente, el liberal Federico Franco.

Los fiscales acusadores para el juicio fueron Carlos Liseras, José López Chávez, Jorge Ávalos Mariño, Clemente Barrios y Óscar Tuma. Este último, en conversación con La Nación/Nación Media, aseguró que hubo pleno cumplimiento del debido proceso y explicó que la celeridad de los plazos establecidos respondieron a evitar generar una crisis política prolongada en el país.

“Para que exista debido proceso una persona debe tener el derecho de conocer el motivo por el cual se lo está enjuiciando, debe tener la oportunidad de ejercer su defensa, oportunidad de gestionar sus pruebas, presentar sus alegatos y debe existir una sentencia, todo eso se respetó”, detalló Tuma.

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El abogado precisó que en 2012 se vivía una situación de desconfianza hacia la capacidad de gestión de Fernando Lugo, dado que se producían invasiones, muertes en enfrentamientos, siendo la confrontación en Curuguaty el detonante de todo lo sucedido posteriormente.

“Él fue destituido porque todos los partidos políticos percibían que la gestión que estaba llevando adelante no reunía las características necesarias para un presidente de la República”, aseguró Tuma y calificó el desenlace del juicio político como exitoso, puesto que no desencadenó en más muertes de compatriotas ni en un perjuicio para la economía.

“No se puede otorgar dentro de un proceso de juicio político los mismos plazos que existen dentro de un juicio ordinario, eso es un absurdo, porque lo que se busca es que la afectación de una crisis dentro de un país sea la menor posible. Prueba de que todo funcionó bien es que a Fernando Lugo se lo destituyó y al día siguiente el país siguió funcionando, no hubo una sola persona que perdió la vida o un comercio que cerró”, aseguró.

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Tras el suceso en Curuguaty y la destitución de Fernando Lugo, Paraguay fue expulsado del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Estas posibilidades fueron tenidas en cuenta en el Congreso, afirmó el exsenador y analista político Marcelo Duarte, quien en conversación con La Nación/Nación Media afirmó que la continuidad de Lugo como mandatario era insostenible.

“El riesgo de mantenerlo en el poder, teniendo en cuenta la forma en que estaba conduciendo su gobierno, ponía en peligro ciertamente el normal desenvolvimiento de los principios democráticos consagrados en la Constitución”, sostuvo Duarte, quien manifestó que el exmandatario instaba al crecimiento de línea ideológica desde su cargo.

“Cada quien puede tener su punto de vista, pero eso no es ni puede ser la función de un presidente de la República, sino la que establece la Constitución, ser administrador de la República, no promotor de ideologías a nivel nacional e internacional. Esto es lo que desvirtuó en gran medida su gestión a criterio nuestro, en ese momento”, refirió.

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Desde el sector del Frente Guasu sostienen que no existieron causales para una destitución a Fernando Lugo, dado los resultados que tuvo a lo largo de su gestión en materia económica, sanitaria, educativa, entre otros. “Lugo fue un gran estadista, con sus luces y sombras. Reivindicó la soberanía energética, Paraguay se integró en la región; entonces, uno se pregunta por qué la destitución”, lamentó el senador Sixto Pereira en diálogo con La Nación/Nación Media.

El senador cuestionó a los referentes opositores que en su momento votaron a favor de la destitución de Fernando Lugo, pero que en la última campaña electoral se valieron de su imagen, tal como el titular del PLRA, Efraín Alegre.

“Ahí está clarísimo, por eso nosotros siempre hemos denunciado en campaña, para que nadie utilice su figura, que se respete su proceso de recuperación y nos referíamos a Efraín, que era el responsable del juicio político, así como usó en complicidad con otros políticos, incluso del Frente Guasu”, criticó el senador.

En las pasadas elecciones generales, celebradas en abril de este año, Fernando Lugo no revalidó su puesto en el Senado y su partido apenas logró un puesto, el de Esperanza Martínez.