La niña de 10 años de edad que fuera víctima de abuso sexual falleció este domingo a las 07:20, según confirmó el director del Hospital Regional de Encarnación, Jorge Ayala en conferencia de prensa.

El director del citado centro asistencia de Encarnación Jorge Ayala, indicó en rueda de prensa que “desde el Hospital Regional de Encarnación lamentamos informar la noticia del fallecimiento de la menor de 10 años de edad procedente de Carlos Antonio López, quien se encontraba internada en nuestro hospital hace varios días a causa de varias complicaciones médicas que la paciente estaba presentando”, señalo.

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Agregó que “la paciente estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría y tuvo la necesidad de intervención quirúrgica, pero a pesar del gran esfuerzo del equipo de trabajo de varias instituciones buscando mejorías clínicas, lastimosamente se dio un desenlace fatal”.

Explico igualmente el médico que “la paciente estaba acarreando complicaciones médicas severas a consecuencia de lesiones que tenía, como una infección generalizada y finalmente se dio una falla de varios órganos que llevó a fallas de órganos vitales que no pudieron ser revertidas a pesar del enorme esfuerzo médico del hospital”, manifestó.

La víctima estaba desde el 13 de mayo en un centro de salud de la zona de Carlos Antonio López. De allí luego fue trasladada hasta el Hospital Regional de Encarnación, donde este domingo se produjo su deceso.

Sus familiares paternos son los que acompañaron todo este proceso, ya que la madre se encuentra imputada y el padre falleció hace 2 años. Sus 6 hermanos ya fueron derivados a otros hogares para ser resguardados, mientras que el hermano mayor esta en el penal de Itapuá, sindicado como el principal autor cumpliendo prisión preventiva por orden fiscal.

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Un niño de 11 años de edad asesinó a un perro y el suceso quedó registrado en un vídeo que se hizo viral y que ha movilizado a las autoridades encargadas de la Dirección de Defensa Animal. El hecho se registró en la ciudad de Limpio.

La investigación busca determinar quiénes son los responsables de lo ocurrido. El director de Defensa Animal, Héctor Rubín, instó a las personas a denunciar formalmente este tipo de casos y no en las redes sociales, como se suele realizar.

La Dirección de Defensa Animal vía comunicado dio a conocer el reprochable hecho de maltrato animal registrado en Limpio, que sindica a un menor de edad como el supuesto autor. De acuerdo al informe que se tiene, un menor de solo 11 años habría asesinado a un perro con extrema crueldad; incluso el momento fue grabado por una vecina.

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“Según reportes recientes, se ha difundido un video en el cual se observa a un niño de 11 años perpetrando actos de violencia contra un animal indefenso”, señala el escrito de la Dirección de Defensa Animal.

Ante esta situación, desde la institución responsable aseguraron que están tomando acciones inmediatas. “En un trabajo conjunto, se realizó la denuncia con efectivos policiales y el Ministerio Público. El protocolo no nos permite actuar sin tener todos los datos del lugar y del hecho”, indica.

“La Dirección de Defensa Animal está en contacto directo con el Ministerio Público y autoridades pertinentes para coordinar una respuesta eficaz y tomar las medidas legales necesarias”, subraya el comunicado. Finalmente, anuncia que mantendrá informada a la comunidad sobre los avances de este caso y de cualquier medida adicional que se tome.

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Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com)

Este 22 de junio se cumplen 11 años del juicio político a Fernando Lugo, quien dejó la Presidencia de la República faltando poco más de un año para concluir su mandato. Pese al tiempo transcurrido, aún existen opiniones dispares sobre lo ocurrido.

Tras la tragedia de Curuguaty, el 15 de junio, en la que 17 paraguayos perdieron la vida (11 campesinos y 6 policías) en consecuencias todavía consideradas como inexplicables, se produjo en Paraguay la crispación política que llevó al fin del mandato de Lugo. Su gestión “perdió la confianza” de los diferentes partidos, según manifestaron los protagonistas de esa época.

El 20 de junio del 2012, el entonces diputado colorado Luis Gneiting presentó ante la Cámara Baja una moción para someter al presidente de la República a juicio político, que fue respaldada por otros partidos, incluso por los aliados de Lugo. La moción quedó y fue aprobada con 76 votos a favor, uno en contra y tres ausencias.

Desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se solicitó a los militantes de la organización política que formaban parte del gabinete de Lugo que renuncien a sus cargos. De esta forma, se dio la renuncia de los titulares de Justicia y Trabajo, Industria y Comercio, Deporte, Educación y Cultura, y Agricultura y Ganadería.

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Con la confirmación inminente del sometimiento a Fernando Lugo a un juicio político, que quedó en ser reglamentado por la Cámara de Senadores, el entonces mandatario se manifestó públicamente, afirmando que no renunciaría a su cargo y que enfrentaría el proceso.

En la tarde del 22 de junio, el Senado que estaba presidido en ese entonces por Jorge Oviedo Matto, encontró culpable a Lugo, quien fue destituido con 39 votos a favor y cuatro en contra. Minutos más tarde, asumió como mandatario quien hasta entonces fungía como vicepresidente, el liberal Federico Franco.

Los fiscales acusadores para el juicio fueron Carlos Liseras, José López Chávez, Jorge Ávalos Mariño, Clemente Barrios y Óscar Tuma. Este último, en conversación con La Nación/Nación Media, aseguró que hubo pleno cumplimiento del debido proceso y explicó que la celeridad de los plazos establecidos respondieron a evitar generar una crisis política prolongada en el país.

“Para que exista debido proceso una persona debe tener el derecho de conocer el motivo por el cual se lo está enjuiciando, debe tener la oportunidad de ejercer su defensa, oportunidad de gestionar sus pruebas, presentar sus alegatos y debe existir una sentencia, todo eso se respetó”, detalló Tuma.

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El abogado precisó que en 2012 se vivía una situación de desconfianza hacia la capacidad de gestión de Fernando Lugo, dado que se producían invasiones, muertes en enfrentamientos, siendo la confrontación en Curuguaty el detonante de todo lo sucedido posteriormente.

“Él fue destituido porque todos los partidos políticos percibían que la gestión que estaba llevando adelante no reunía las características necesarias para un presidente de la República”, aseguró Tuma y calificó el desenlace del juicio político como exitoso, puesto que no desencadenó en más muertes de compatriotas ni en un perjuicio para la economía.

“No se puede otorgar dentro de un proceso de juicio político los mismos plazos que existen dentro de un juicio ordinario, eso es un absurdo, porque lo que se busca es que la afectación de una crisis dentro de un país sea la menor posible. Prueba de que todo funcionó bien es que a Fernando Lugo se lo destituyó y al día siguiente el país siguió funcionando, no hubo una sola persona que perdió la vida o un comercio que cerró”, aseguró.

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Tras el suceso en Curuguaty y la destitución de Fernando Lugo, Paraguay fue expulsado del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Estas posibilidades fueron tenidas en cuenta en el Congreso, afirmó el exsenador y analista político Marcelo Duarte, quien en conversación con La Nación/Nación Media afirmó que la continuidad de Lugo como mandatario era insostenible.

“El riesgo de mantenerlo en el poder, teniendo en cuenta la forma en que estaba conduciendo su gobierno, ponía en peligro ciertamente el normal desenvolvimiento de los principios democráticos consagrados en la Constitución”, sostuvo Duarte, quien manifestó que el exmandatario instaba al crecimiento de línea ideológica desde su cargo.

“Cada quien puede tener su punto de vista, pero eso no es ni puede ser la función de un presidente de la República, sino la que establece la Constitución, ser administrador de la República, no promotor de ideologías a nivel nacional e internacional. Esto es lo que desvirtuó en gran medida su gestión a criterio nuestro, en ese momento”, refirió.

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Desde el sector del Frente Guasu sostienen que no existieron causales para una destitución a Fernando Lugo, dado los resultados que tuvo a lo largo de su gestión en materia económica, sanitaria, educativa, entre otros. “Lugo fue un gran estadista, con sus luces y sombras. Reivindicó la soberanía energética, Paraguay se integró en la región; entonces, uno se pregunta por qué la destitución”, lamentó el senador Sixto Pereira en diálogo con La Nación/Nación Media.

El senador cuestionó a los referentes opositores que en su momento votaron a favor de la destitución de Fernando Lugo, pero que en la última campaña electoral se valieron de su imagen, tal como el titular del PLRA, Efraín Alegre.

“Ahí está clarísimo, por eso nosotros siempre hemos denunciado en campaña, para que nadie utilice su figura, que se respete su proceso de recuperación y nos referíamos a Efraín, que era el responsable del juicio político, así como usó en complicidad con otros políticos, incluso del Frente Guasu”, criticó el senador.

En las pasadas elecciones generales, celebradas en abril de este año, Fernando Lugo no revalidó su puesto en el Senado y su partido apenas logró un puesto, el de Esperanza Martínez.

Por Juan Marcelo Pereira

Este 15 de junio se recuerda la trágica muerte de 17 paraguayos (6 policías y 11 campesinos) en Curuguaty, ocurrida hace 11 años y en circunstancias inexplicables. El trágico suceso generó una gran controversia política y judicial en Paraguay, además del posterior juicio político y destitución del entonces jefe de Estado, Fernando Lugo, concretada en el Congreso faltando poco más de un año para que concluyera su mandato.

“La pregunta sigue siendo la misma que escuchamos hace algunos años ¿Qué pasó en Curuguaty? Tal vez esta fecha sirva para poder seguir exigiendo la respuesta del Estado paraguayo. Nunca se lograron esclarecer los hechos, las causas, los motivos”, dijo el senador del Frente Guasu (FG) Hugo Richer en entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas de Curuguaty continúan pidiendo Justicia. La tragedia desnudó la problemática de la lucha por el acceso a la tierra, que sigue latente en la actualidad.

“Ese hecho, que fue lamentable y doloroso para nuestro país, se junta con el histórico reclamo de acceso a las tierras por parte de muchos compatriotas campesinos. El problema de la distribución y el acceso a las tierras sigue siendo un problema real y nadie puede ocultarlo. El tema de Curuguaty es parte de ese conflicto, se debe dar una salida al problema de la tierra en ese lugar”, sostuvo el congresista.

El conflicto se originó en el sitio conocido como Marina Cue, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Hasta allí llegaron más de 300 efectivos policiales que ingresaron al terreno para efectuar un operativo de desalojo de unos 60 campesinos que estaban instalados en tierras que supues­tamente pertenecían al empresario Blas N. Riquelme, pero que también el Estado reclamaba como suyas.

El enfrentamiento y el resultado fue luctuoso. Sobre las hipótesis, se habla desde un “golpe parlamentario” contra el gobierno de ese entonces, hasta una “simple emboscada” realizada por los labriegos contra los agentes policiales durante el desalojo y que terminó de la peor manera.

“Si fue instrumentalizado o no, es una duda que ojalá alguna vez se aclare, lo que sí sabemos es que sirvió para tumbar un gobierno absolutamente legítimo”, comentó Richer.

La tragedia de Curuguaty, registrada aproximadamente a las 7:30 y a 1.600 metros de la ruta 10 Las Residentas, generó un gran revuelo a nivel internacional. Paraguay fue expulsado del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

En la causa fueron sentenciados en el 2016 los labriegos Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, Néstor Castro Benítez, Arnaldo Quintana, Lucía Agüero, Mari Olmedo, Felipe Benítez Balmori, Juan Tillería, Alcides Ramírez y Adalberto Castro por los delitos de homicidio doloso, lesión grave, asociación criminal, coacción grave e invasión de inmueble.

No obstante, en el año 2018 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada en su momento por los camaristas Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón Fernández (actual fiscal general del Estado) y Arnaldo Martínez, revocó la sentencia condenatoria.

“Hemos llegado incluso a que la condena de los acusados fuera anulada, esto colocó más oscuridad al hecho. Existen muchos episodios en la historia política del Paraguay que nunca se aclararon definitivamente, como el marzo paraguayo por ejemplo”, indicó el senador en referencia a las incertidumbres que hasta hoy persisten sobre Curuguaty.

El abogado y exdiputado del Partido Colorado Óscar Tuma, quien se desempeñó como uno de los fiscales acusadores en el juicio político a Lugo, sostuvo que el principal argumento para su destitución fue “mal desempeño en el cargo”.

Tuma afirmó que Lugo demostró su incapacidad para gobernar, siendo una de las principales causas la tragedia de Curuguaty y la pérdida de 17 vidas paraguayas. “La razón fue la pérdida de confianza, gobernar de manera irresponsable”, dijo en comunicación con La Nación/Nación Media.

El exparlamentario recordó los cincos hechos por los cuales se acusó al expresidente de la República, hasta lograr su destitución y colocar al frente del Poder Ejecutivo al entonces exvicepresidente, el liberal Federico Franco.

• Haber autorizado el uso de las dependencias del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas de la Nación en 2009, para un acto considerado político partidario, durante el llamado Campamento Latinoamericano de Jóvenes por el Cambio.

• Ser el único responsable como instigador y facilitador de las invasiones de tierras en la zona de Ñacunday, departamento de Alto Paraná, utilizando a las fuerzas militares para generar un estado de pánico en la región.

• Haber sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana.

• Apoyar el protocolo regional sobre el compromiso con la democracia en el Mercosur (conocido como Ushuaia II), que sería una violación a la soberanía. Significativamente, el pacto firmado indicaba que se excluiría del Mercosur a cualquier país miembro en el que hubiera algún tipo de golpe de Estado.

• Falta de reacción frente a la muerte de 11 campesinos y 6 policías en el enfrentamiento de Curuguaty.

• Gobernar de manera “impropia, negligente e irresponsable”, generando “la constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas”.

Lejos del revuelo político y judicial generado por varios años, el Estado aún no logró resolver la problemática que desencadenó la tragedia de Curuguaty: las tierras conocidas como Marina Cue. En el mes de diciembre de 2020, el Congreso sancionó el proyecto de ley para la regularización de las tenencias de tierras en la zona.

La iniciativa contemplaba la desafectación de 1.700 hectáreas con el fin de convertirlas en un asentamiento. Sin embargo, fue rechazada en el mes de enero de 2021 por el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez.