La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) expresó su preocupación tras la confirmación de casos de botulismo alimentario en el país, señalando que este episodio expone los riesgos de la comercialización de alimentos fuera del sistema de registros sanitarios establecidos por el Estado para garantizar la seguridad de los consumidores.

A través de un pronunciamiento, el gremio recordó que se trata de una enfermedad que no registraba brotes en Paraguay desde hace décadas y que actualmente afecta a varias personas, algunas de ellas en estado crítico.

“El denominador común de todos los locales intervenidos, conforme confirmó Dinavisa públicamente, es que ninguno estaba habilitado. No contaban con Registro Sanitario de Producto Alimenticio (RSPA) ni con Registro de Establecimiento (RE)”, mencionaron.

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Según detallaron, los locales vendían alimentos a consumidores que confiaban en ellos sin contar con ninguna garantía técnica, sin trazabilidad y sin control de proceso. “Conocemos bien estos requisitos porque los cumplimos. El RSPA y el RE no son trámites burocráticos, son el respaldo técnico que certifica que un alimento fue elaborado en condiciones sanitarias adecuadas, con ingredientes controlados y bajo procesos verificados”, resaltaron.

En ese sentido, agregaron que Dinavisa ha dado pasos significativos en los últimos años para facilitar el acceso a estas habilitaciones, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas, con procesos gratuitos y simplificados. “No habilitarse, por lo tanto, no es hoy una limitación económica ni burocrática, es una decisión de operar fuera de las reglas”, mencionaron.

La institución viene impulsando avances importantes en la simplificación de trámites y el acceso a registros sanitarios, por lo que este episodio evidenció la necesidad de fortalecer su capacidad de fiscalización, monitoreo y control efectivo del mercado ante la persistencia de establecimientos que operan al margen de la normativa vigente.

Sumado a ello consideraron que este caso también evidenció la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de Dinavisa para ampliar los controles y mejorar la fiscalización del mercado alimentario.

Asimismo, respaldaron la postura del Poder Ejecutivo y de la Procuraduría General de la República en defensa del sistema de registro sanitario, aunque manifestaron preocupación por decisiones judiciales que, según señalaron, han permitido mediante medidas cautelares la comercialización de productos sin registro sanitario.

“La Corte Suprema de Justicia tiene hoy una responsabilidad que no puede seguir eludiendo: resolver los casos pendientes y poner fin a medidas cautelares que, en la práctica, funcionan como una autorización judicial para comercializar alimentos sin ningún control sanitario”, indicaron.

Finalmente, instaron a la ciudadanía a adquirir alimentos únicamente en establecimientos habilitados y verificar que los productos cuenten con registro sanitario vigente a través de las herramientas de consulta pública disponibles en el portal oficial de Dinavisa. “Esa consulta de dos minutos puede marcar una diferencia que ningún médico podrá revertir después”, enfatizó la CAP.

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La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) mantuvo una reunión con el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa, con el objetivo de conocer los planes de expansión de la infraestructura eléctrica y analizar los desafíos que enfrenta el país ante el aumento sostenido de la demanda energética y la llegada de nuevas inversiones vinculadas a tecnologías emergentes.

El encuentro forma parte de una serie de reuniones que la CAP viene desarrollando con autoridades nacionales para intercambiar visiones sobre los principales desafíos económicos y de infraestructura del país.

El presidente de la CAP, Gustavo Egüez, destacó que el sector privado busca mantener una relación de cooperación con las instituciones públicas, aportando propuestas y acompañando iniciativas que contribuyan al desarrollo económico.

Durante la reunión, Sosa presentó el Plan Maestro de Generación y Transmisión de Energía, que contempla proyecciones de inversión y expansión de la infraestructura eléctrica hasta las próximas décadas.

Según explicó Egüez, uno de los puntos centrales de la exposición estuvo relacionado con los desafíos que plantea el crecimiento de actividades intensivas en consumo energético, como los centros de datos, la inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas.

“Fue una presentación muy interesante sobre los desafíos que tenemos en el sector eléctrico y sobre cómo el país debe prepararse para las inversiones que están llegando y las que podrían instalarse en el futuro”, señaló.

Por su parte, el titular de la Ande destacó la importancia de mantener un trabajo coordinado con el sector privado, especialmente en momentos en que el país avanza hacia una mayor participación de inversiones privadas en proyectos energéticos.

Recordó que la institución, si bien es una empresa estatal, desarrolla gran parte de sus proyectos de infraestructura en conjunto con empresas privadas, ya sea mediante financiamiento de organismos multilaterales, proveedores o nuevos esquemas habilitados por la legislación vigente.

Sosa explicó además que Paraguay viene registrando un fuerte crecimiento en el consumo eléctrico. Indicó que en los últimos tres años la demanda aumentó alrededor de un 50 %, situación que obliga a planificar nuevas fuentes de generación para garantizar el abastecimiento futuro.

“Antes de llegar a utilizar el 100 % de la energía disponible de las binacionales, debemos incorporar nuevas fuentes de generación para evitar inconvenientes en el mediano y largo plazo y crear las condiciones necesarias para el desarrollo del país”, afirmó.

En ese contexto, el presidente de la estatal defendió la necesidad de avanzar en proyectos de diversificación de la matriz energética, incluyendo iniciativas de generación solar y otras alternativas que permitan acompañar el crecimiento económico y la expansión de sectores productivos y tecnológicos.

La reunión también permitió intercambiar opiniones sobre los desafíos regulatorios y de infraestructura que deberá afrontar Paraguay para sostener su competitividad y aprovechar oportunidades vinculadas a la economía digital y las nuevas industrias de alto consumo energético.

Tanto representantes de la CAP como de la Ande coincidieron en la necesidad de fortalecer la planificación de largo plazo y promover políticas que garanticen la disponibilidad de energía para acompañar el desarrollo económico del país.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) avanza en la reglamentación del uso de las reservas facultativas de las empresas con el objetivo de evitar distorsiones en la aplicación del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), tributo que grava la distribución de ganancias.

Durante una reunión organizada por la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), el director nacional de Ingresos Tributarios, Oscar Orué, explicó a empresarios los alcances de la propuesta que actualmente se encuentran en etapa de análisis junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El titular de la DNIT insistió en que la intención no es crear un nuevo impuesto ni gravar las reservas acumuladas por las empresas, sino establecer reglas más claras sobre su utilización. “Nosotros no vamos a gravar las reservas. Lo que vamos a hacer es reglamentar su uso para que exista mayor claridad y transparencia”, sostuvo.

Según explicó, la preocupación de la administración tributaria surge porque algunas empresas estarían utilizando vacíos normativos para mantener utilidades en reservas durante largos períodos y evitar el pago del IDU cuando corresponda.

Orué señaló que esta situación genera una competencia desigual entre empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias y otras que se benefician de interpretaciones que les permiten diferir indefinidamente el impuesto.

“Hay empresas que pagan correctamente y otras que utilizan figuras que terminan generando ventajas injustas. Lo que buscamos es corregir esas distorsiones”, afirmó.

El director recordó que desde la reforma tributaria implementada en 2020 ya no existe distinción entre accionistas nacionales o extranjeros, sino entre residentes y no residentes. Cuando las utilidades se distribuyen a residentes se aplica una tasa del 8 %, mientras que para no residentes la carga llega al 15 %.

Durante la exposición, Orué presentó datos que muestran un crecimiento significativo de las reservas acumuladas en las empresas. Según indicó, al cierre de 2024 las reservas alcanzaron aproximadamente USD 69.000 millones, concentrándose principalmente en los sectores de comercio, industrias manufactureras y actividades agropecuarias.

Asimismo, reveló que las diez empresas con mayores reservas acumulan cerca de USD 2.500 millones, aunque aclaró que la DNIT no divulgará los nombres de las firmas involucradas.

Desde la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) valoraron la apertura al diálogo y destacaron que la reunión permitió aclarar dudas sobre el alcance de la futura reglamentación. El presidente del gremio, Gustavo Egüéz, señaló que el encuentro se desarrolló en un clima de cooperación y con el objetivo de fortalecer la formalización de la economía.

“Buscamos actuar de manera propositiva con las autoridades nacionales y contribuir al fortalecimiento de la economía paraguaya”, expresó.

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La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) mantuvo su primera reunión oficial con el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, en un encuentro marcado por el análisis de temas sensibles para el sector privado y la economía nacional.

La reunión tuvo como eje principal abrir un espacio de diálogo entre el Gobierno y el empresariado, en un contexto en el que la volatilidad del dólar, los pagos pendientes a proveedores del Estado y la incertidumbre tributaria generan preocupación en distintos sectores económicos.

El presidente de la CAP, Gustavo Egüez, señaló que el objetivo del gremio fue mantener una conversación “franca y participativa”, en la que el ministro pudiera exponer la situación actual de la economía, las medidas en marcha y la hoja de ruta del Ejecutivo.

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Entre los temas abordados, el tipo de cambio ocupó un lugar central. Empresarios manifestaron inquietudes sobre la volatilidad del dólar y el impacto que esto genera en costos, precios y planificación financiera. Otro punto clave fue el pago a proveedores del Estado, una situación que afecta el flujo financiero de numerosas empresas.

Asimismo, se discutió la posibilidad de ajustes tributarios. Sobre este punto, el Gobierno reafirmó que no prevé aumentar ni crear nuevos impuestos durante la actual administración, manteniendo el enfoque en mejorar la eficiencia de la recaudación existente en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Desde el MEF también se presentó un panorama de la situación fiscal y de la evolución de la recaudación tributaria. Según datos expuestos en la reunión, tras una desaceleración registrada entre octubre y febrero, los ingresos tributarios internos mostraron señales de recuperación en marzo y abril, con crecimientos de 10,6 % y 9,6 %, respectivamente.

Egüez destacó que uno de los principales pedidos del sector privado fue que exista una mayor cercanía entre el Gobierno y las empresas para comprender la realidad económica diaria. “Es importante escuchar lo que ocurre en la calle y no solo tomar decisiones desde un escritorio”, expresó.

Por su parte, Lovera remarcó que el desarrollo económico del país depende en gran medida del sector privado y valoró la apertura de espacios de diálogo con los gremios empresariales.

Ambas partes coincidieron en avanzar hacia nuevas reuniones y mesas de trabajo más específicas para abordar temas puntuales vinculados a la coyuntura económica.

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