La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), fue sede de una reunión de trabajo en conjunto con la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para analizar oportunidades de cooperación orientadas a impulsar créditos de eficiencia energética.

Durante la reunión se analizaron mecanismos para fortalecer la competitividad del sector productivo mediante instrumentos financieros que promuevan inversiones con enfoque en eficiencia energética y prácticas sostenibles.

Los representantes de las instituciones intercambiaron experiencias y perspectivas sobre los principales desafíos que enfrentan las empresas para acceder a inversiones estratégicas y herramientas de financiamiento en estas áreas. Asimismo, la articulación de capacidades institucionales para generar mejores condiciones que favorezcan el desarrollo empresarial y acompañen la transformación del sector productivo.

El diálogo entre la AFD, la UIP y el BID permitió identificar oportunidades de cooperación para fortalecer el acceso al financiamiento y promover iniciativas que contribuyan a una mayor competitividad. La reunión reafirmó el interés en seguir impulsando espacios de cooperación que favorezcan el desarrollo del sector productivo nacional y la transición hacia una economía más eficiente y sostenible.

El encuentro fue encabezado por la presidenta de la AFD, Stella Guillén; el presidente de la UIP, Enrique Duarte y Hernando Guzmán Lesme Ferreira, en representación del BID. También participaron directivos y equipos técnicos de las tres instituciones.

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Recientemente, ante representantes de instituciones financieras intermediarias (IFIs), organismos multilaterales, agencias de cooperación y autoridades del sector público, la AFD realizó el lanzamiento de un instrumento crediticio para financiar inversiones productivas que incorporen tecnología, infraestructura y prácticas eficientes y sostenibles en el sector agropecuario.

Las condiciones fueron adaptadas al ciclo del campo, con plazos de hasta 15 años y períodos de gracia de hasta 2 años, de modo que el productor comience a pagar cuando la inversión ya genere retorno. Entre los financiamientos, incluyeron riego eficiente, bioinsumos, agricultura de precisión y horticultura, en su dimensión ganadera, sistemas silvopastoriles y agroforestales, gestión eficiente del agua, mejoras en el manejo, entre otros.

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El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, informó este miércoles que la Gobernación de Central, encabezada por Ricardo Estigarribia, canceló una licitación “urgente”, poco después de que el ente regulador suspendiera ayer el llamado que pretendía la adquisición por vía de la excepción de un sistema tecnológico de seguridad por más de G. 8.300 millones, que incluye 300 cámaras IP Full HD para exteriores.

Encina explicó que este tipo de procesos por vía de la excepción es utilizado para una licitación de carácter urgente, pero que también requiere de controles para su aplicación. La convocatoria se subió el viernes 31 de julio a las 22:10, un horario atípico; con visita técnica de carác­ter obligatorio para el lunes 3 de agosto a las 8:30 en la sede gubernamental, y apertura de ofertas para este miérco­les 5 de agosto a las 8:00.

“Las herramientas están establecidas para su buena utilización, no para su mala utilización. Cuando uno hace este tipo de procesos por vía de la excepción es porque efectivamente hay una urgencia tan grande que ni siquiera se puede llegar a publicar por cinco días. Entonces, ellos tienen que demostrar, justificar que ni siquiera tuvieron cinco días para contratar una cámara, no tenía sentido”, detalló Encina al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El titular de Contrataciones Públicas aclaró que el proceso de licitación se realiza para situaciones de carácter urgente. “Es importante aclarar que dentro de todos los procedimientos por vía de la excepción, una de esas es esta y efectivamente este tipo de procedimiento contempla la posibilidad de hacer un proceso demostrando que existe una urgencia o emergencia”, detalló.

En ese contexto se puede realizar todo el proceso con comunicación posterior, pero “eso no significa que la compra se haga”. Al momento en que se suben todos los documentos, la DNCP verifica si existió tal urgencia, como así también “si efectivamente fue un llamado en forma, si se dio oportunidad o no las empresas a participar o no, porque en cada proceso licitatorio nosotros velamos es que exista efectivamente un concurso, que se actúe con transparencia y si de alguna manera tiene un ribete que el proceso haya sido licitado y que no haya tal emergencia, nosotros procedemos a rechazar el llamado así hayan firmado contrato”, refirió Encina.

La DNCP suspendió este proceso, pero la Gobernación de Central decidió cancelar el llamado, lo que para el director llama aún más la atención. “Igual existe el plazo de protestas, el día de ayer entraron dos protestas, lo suspendimos de manera inmediata y esta mañana amaneció ya este proceso cancelado por la gobernación, hoy está cancelado. Luego de nuestra suspensión del día de ayer, hoy amaneció ya cancelado el proceso, llama la atención”, sentenció.

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La administración de Ricardo Estigarribia, gobernador del departamento Central, trató de acelerar la compra de un sistema de vigilancia por la vía de la excepción, pero el llamado fue finalmente suspendido por Contrataciones Públicas.

• HOY.COM.PY

La Gobernación del departamento Cen­tral, encabezada por el liberal Ricardo Estigarribia, intentó llevar a todo vapor un llamado por la vía de la excep­ción por valor de más de G. 8.300 millones para la adqui­sición de un sistema tecnoló­gico de seguridad. La convo­catoria se hizo en un horario atípico y con plazos de cum­plimiento prácticamente imposibles de lograr.

La intención de compra bajo el ID n.º 1180, denominada “Central es seguro, trans­formación histórica hacia el primer departamento inte­ligente y protegido del Para­guay”, fue subida en el sitio de Contrataciones Públicas el pasado viernes 31 de julio en el inusual horario de las 22:10.

Con una sospechosa celeri­dad, el ajustado cronograma fijó la visita técnica de carác­ter obligatorio para el lunes 3 de agosto a las 8:30 en la sede gubernamental, otorgando un lapso nulo de días hábiles entre la publicación y la inspección previa. A su vez, la apertura e inspección de las ofertas que­daron fijadas para este miérco­les 5 de agosto a las 8:00. Varios referentes del sector informá­tico aseguraron que es impo­sible presentar documentacio­nes y propuestas en tan corto lapso de tiempo.

Sin embargo, todo el pro­ceso quedó suspendido finalmente por la Direc­ción Nacional de Contrata­ciones Públicas (DNCP). El acto impugnado fue el pliego de bases y condiciones. “En atención a lo establecido en el art. 129 de la Ley n.o 702L/2022, la apertura de la protesta por esta Dirección Nacional trae aparejada la suspensión de la continuidad del procedimiento de contra­tación, en la etapa en la que se encuentre, bajo responsabili­dad personal del protestante o sus representantes legales”, señala el documento emitido por la DNCP que informa sobre la suspensión.

El llamado por excepción llevado adelante por la Uni­dad Operativa de Contrata­ciones (UOC) de Central iba a implicar una erogación de G. 8.368.600.000 y contem­plaba la provisión e instala­ción de un complejo apara­taje tecnológico en un plazo récord de tan solo 30 días corridos.

Entre los insumos solicita­dos figuraban 300 cámaras IP Full HD para exteriores, 10 sistemas con software Inte­ligente de Lectura Automá­tica de Patentes (ANPR), 25 tótems con botón de emer­gencia, audio bidireccio­nal e intercomunicador IP, montaje físico de servidores, videowall, estaciones de tra­bajo y software profesional, desarrollo de aplicaciones para Android e iOS, plata­forma web, trazado de fibra óptica y switches adminis­trables.

Los equipos, según el lla­mado suspendido, serían instalados en las ciudades de Luque, Mariano Roque Alonso, Lambaré, Itauguá y Areguá, del 7 de agosto al 13 de setiembre de 2026.

Fuentes del sector comercial y conocedores del mercado tecnológico habían señalado la imposibilidad operativa de estructurar una propuesta técnica seria para un des­pliegue de semejante enver­gadura en apenas tres días hábiles, sumado a la exigen­cia de una Garantía de Man­tenimiento de Oferta equiva­lente al 5 % del valor total. La modalidad de publicación vía excepción tampoco figuraba dentro de las búsquedas habi­tuales del portal de la Direc­ción Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP), lo que redujo drásticamente la visi­bilidad del llamado para otros competidores.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, participó la mañana de este lunes en el lanzamiento del Estudio de Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organizado por la Contraloría General de la República en sede de la Cancillería Nacional.

Durante el acto, el canciller destacó que esta iniciativa representa mucho más que un ejercicio técnico, ya que constituye una oportunidad para que el Paraguay evalúe su sistema de integridad pública conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales. Señaló que este proceso contribuirá a fortalecer las instituciones, perfeccionar las políticas públicas y consolidar una cultura de integridad en toda la administración pública.

Asimismo, subrayó que la realización del estudio coincide con el proceso de modernización institucional que impulsa el país, acompañado de reformas orientadas a fortalecer el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. “Las recomendaciones que surjan de este proceso constituirán una valiosa hoja de ruta para seguir consolidando un Estado más íntegro, eficaz y cercano a la ciudadanía”, refirió.

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El ministro recordó además que esta iniciativa se enmarca en la política de Estado que busca profundizar la relación del Paraguay con la OCDE e incorporar las mejores prácticas internacionales para fortalecer la calidad de las instituciones y generar mayores oportunidades para el desarrollo del país.

Indicó que, desde su incorporación al Centro de Desarrollo de la OCDE en 2017, Paraguay ha fortalecido progresivamente este vínculo mediante la adopción de instrumentos internacionales, la participación activa en diversos órganos de trabajo y, más recientemente, la implementación del Programa País.

El canciller expresó su reconocimiento a la OCDE por el acompañamiento permanente brindado al Paraguay y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por su apoyo para la realización del estudio.

Asimismo, destacó el liderazgo de la Contraloría General de la República como punto focal de esta iniciativa, que marca un hito en el fortalecimiento de la integridad pública al someter el sistema nacional a una evaluación conforme a altos estándares internacionales y basada en evidencia.

Durante esta semana, especialistas de la OCDE desarrollarán una intensa agenda de trabajo con instituciones públicas, organismos de control y representantes de distintos sectores de la sociedad paraguaya. Este proceso permitirá elaborar un diagnóstico basado en evidencia sobre el sistema nacional de integridad y formular recomendaciones adaptadas a las necesidades, prioridades y desafíos del país.

Del acto participaron el contralor general de la República, Camilo Benítez; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta; el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Alonso Chaverri Suárez; así como otras autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales.

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