S&P Global Ratings, principal agencia mundial de calificación crediticia, consideró que la transición presidencial en Paraguay no tendría un impacto inmediato en la calificación soberana del país, que se mantiene en BBB- con perspectiva estable. La calificadora señaló que la asunción de Alliana no modifica su evaluación crediticia.

La firma contempló que Pedro Alliana asumiera la Presidencia y completara el actual periodo de gobierno hasta agosto de 2028. En su escenario base, esperaba que la nueva administración mantuviera un enfoque pragmático y diera continuidad a la orientación macroeconómica del país, respaldada por un amplio consenso político.

S&P reconoció que la crisis generada por la intervención de ueno bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), podría afectar la confianza de los inversionistas en el corto plazo. Sin embargo, consideró que el crecimiento económico seguiría siendo resiliente y proyectó una expansión del PIB del 4,8 % para este año y del 3,5 % para 2027 y 2028. Además, no previó que el episodio generara debilidades crediticias generalizadas en el sistema bancario ni un impacto significativo en la confianza de los depositantes.

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En cuanto al frente fiscal, la calificadora advirtió que la transición política podría ralentizar el proceso de corrección de las cuentas públicas y dificultar el control del gasto. También señaló que la atención de los depósitos no cubiertos de ueno bank, incluidos fondos del sector público, podría representar un costo fiscal. No obstante, estimó que inicialmente la desviación respecto a sus proyecciones sería limitada y que la deuda pública se mantendría en niveles moderados frente a otros países con calificación similar.

Finalmente, S&P indicó que continuaría monitoreando la evolución de los acontecimientos y sus efectos sobre la economía. Una mayor incertidumbre política o un deterioro de la confianza en las instituciones que afectara las perspectivas de crecimiento y debilitara las posiciones fiscal, externa o monetaria del país podrían derivar en una evaluación negativa de la calificación soberana.

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JP Morgan es uno de los grupos financieros y bancarios más grandes e importantes del mundo, con sede en Nueva York, Estados Unidos, que recomienda mantener la apuesta por los activos paraguayos, pese a la volatilidad generada por el caso ueno bank.

En su análisis de estrategia de mercado, la entidad financiera internacional aconseja mantener una posición de sobreponderación (OW) en guaraníes y bonos locales, al considerar que los fundamentos macroeconómicos del país siguen siendo sólidos y que el episodio difícilmente derive en una crisis sistémica.

El informe observa que los activos paraguayos reaccionaron negativamente a los acontecimientos recientes, con una depreciación del guaraní del 2 % en una jornada y presiones de venta sobre los bonos locales. La moneda acumula un periodo de debilidad y volvió a cotizar en niveles registrados por última vez en junio. Este comportamiento también responde a factores externos, como las repercusiones de las elecciones brasileñas, y estacionales, debido a la menor entrada de divisas por exportaciones de soja en esta parte del año.

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Pese a este escenario, el análisis considera que el episodio de ueno bank no sería suficiente para desestabilizar la historia de crecimiento e inversión de Paraguay. Entre los argumentos menciona que los proyectos de inversión extranjera directa (IED) dependen principalmente de financiamiento externo y no del mercado financiero local, por lo que la volatilidad interna difícilmente comprometería su viabilidad.

Asimismo, destaca que el tamaño relativo de ueno bank dentro del sistema bancario limita, en principio, la posibilidad de que su situación derive en un problema financiero generalizado. Sin embargo, condiciona esta perspectiva a que el proceso de resolución y la restitución de los depósitos se desarrollen adecuadamente y con rapidez. También resalta los fundamentos macroeconómicos del país, como las políticas favorables a la inversión, la inflación controlada y el compromiso fiscal de las autoridades.

Finalmente, advierte que la rapidez con la que se resuelva el caso será determinante para preservar la confianza. Un retraso en el pago de los depósitos cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) podría extender la preocupación entre los ahorristas y generar retiros masivos en otras entidades. Esto presionaría tanto al mercado cambiario, por una mayor demanda de dólares, como al de tasas de interés, ante la eventual necesidad de los bancos de vender títulos del Tesoro para responder a los retiros.

El sector financiero concentra el 71 % de los instrumentos del Tesoro en circulación bajo ley local. Por ahora, la recomendación es mantener la apuesta por los activos paraguayos y considerar la volatilidad como una oportunidad de compra, aunque esta postura sería revisada si la resolución de la crisis no se concreta rápidamente.

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César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapam, anunció que por el incumplimiento de compensaciones del 2025, los buses operarán solo hasta el 30 de noviembre. Aproximadamente 1.000 buses de Asunción y el Área Metropolitana estarían afectados.

En conferencia de prensa, Ruiz Díaz indicó que la deuda asciende a G. 9.609 millones, que es la compensación del año 2025. Agregó que aún no se analizó lo que es el impacto del año 2026 y, que mañana vence el pago del subsidio de septiembre. Advirtió que si no hay respuestas, solicitarán al Viceministerio de Transporte que disponga de las concesiones.

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“Pero el problema acá no es la deuda, el problema es que no existe una mesa técnica que permita discutir profesionalmente los criterios y se resuelven en una habitación. Por lo que la base imponible sobre la cual se realiza los cálculos es totalmente una Torre de Babel”, cuestionó.

Indicó que la falta de instalación de esa mesa técnica sería por el temor a ser descubiertos en la inoperancia en el manejo para la aplicación de una tarifa meramente técnica sin criterios políticos.

“Ellos se niegan a que el subsidio sea trasladado a la economía de los pasajeros. A nosotros no nos interesa el subsidio, el subsidio fue creado para el beneficio del pasajero que lo transfiera a la tarjeta de los pasajeros, no a nosotros. A nosotros nos retrasan 30 a 60 días, nos desequilibra económica y financieramente, por lo que tiene que ser trasladado a los pasajeros y no lo hacen”, cuestionó.

Ruiz Díaz remarcó que no se trata de una amenaza ni tampoco de un emplazamiento. Hasta el 30 de noviembre estarán en funcionamiento los transportes públicos, sino que “les advertimos, les avisamos, les contamos y otros calificativos, pero no emplazamos. Cualquiera tiene la libertad de pensar y entender como quiera entender, pero no hay ninguna expresión nuestra una animosidad, ni si quiera sinónimo de la palabra chantaje”, remarcó.

Insistió, por el contrario, que a partir de ahora se cuenta con 30 días para constituir esta mesa técnica. “Estamos abiertos al diálogo, pero ya no estamos preparados para las promesas, que hace tres años venimos recibiendo; así como todos recibimos que esta ley iba a cambiar y mejorar el transporte público. Entonces, hasta acá nosotros podemos llegar y ojalá venga alguien que pueda prestar el servicio en las condiciones que ellos pretenden”, expresó.

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La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) detectó que más de la mitad de los 138.256 títulos de grado registrados entre 2023 y octubre de 2026 correspondían a carreras sin acreditación vigente. Ante esta situación, su presidente, el Dr. José Fernando Duarte Penayo, firmó la Nota N.º 871/2026, remitida al Ministerio Público, para solicitar que se analice la pertinencia de iniciar una investigación, con prioridad en las ofertas del área de la salud.

Basado en el informe técnico de la Aneaes que analiza 138.256 títulos de grado registrados entre enero de 2023 y octubre de 2026, el documento identifica titulaciones vinculadas a carreras sin acreditación vigente, con especial atención a las ofertas de acreditación obligatoria por ley y del área de la salud.

En el mismo documento se solicita al Ministerio Público analizar la pertinencia de iniciar una investigación sobre las titulaciones vinculadas a carreras sin acreditación vigente, priorizando las ofertas del área de la salud y aquellas cuya acreditación es obligatoria conforme a la Ley N.º 2072/2003.

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De acuerdo a ese informe, existe evidencia de un patrón de evasión de los controles de calidad por parte de un conjunto de instituciones: carreras de acreditación obligatoria que no se presentan a las convocatorias de la Agencia durante años, que siguen titulando con acreditación vencida o denegada, o que titulan desde ofertas que figuran como inactivas en el catastro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

De acuerdo al análisis de la Aneaes, comprende 138.256 títulos de grado registrados ante el MEC durante el período estudiado. De ese total, 71.093 títulos (51,4 %) corresponden a carreras que no contaban con acreditación vigente a la fecha de su registro. Asimismo, 48.059 títulos (34,8 % del total) provienen de carreras que nunca se presentaron a un proceso de evaluación ante la Agencia.

Otro dato relevante es que 28.321 títulos (20,5 % del total) corresponden a carreras sin acreditación vigente que tampoco se inscribieron a las convocatorias de evaluación de 2025 y 2026.

En cuanto a las carreras cuya acreditación es taxativamente obligatoria por ley —entre ellas Medicina, Derecho, Odontología, Arquitectura, Ingeniería Agronómica y las ingenierías—, se registraron 17.647 títulos sin acreditación vigente. De estos, 6.175 corresponden a carreras que nunca se presentaron a evaluación, mientras que 7.858 provienen de carreras que tampoco se inscribieron a las convocatorias 2025 y 2026.

En el área de la salud, el informe contabiliza 14.901 títulos sin acreditación vigente, de los cuales 5.075 corresponden a carreras que nunca se sometieron a evaluación ante la Aneaes.

El documento también examina la situación de Medicina. Entre 2023 y octubre de 2026 se registraron 21.689 títulos de esta carrera, de los cuales 5.314 estaban vinculados a ofertas sin acreditación vigente a la fecha del título.

A partir de los datos recopilados y de los antecedentes documentados, la Aneaes solicitó al Ministerio Público analizar el inicio de una investigación y verificar la autenticidad y consistencia de los títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a ofertas que presenten situaciones que requieran esclarecimiento.

Asimismo, planteó la necesidad de requerir información al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), particularmente sobre habilitaciones, registros de títulos y eventuales medidas adoptadas respecto de las ofertas involucradas.

La Aneaes aclara que los datos presentados describen la situación de las carreras y no implican, por sí solos, que todos los títulos vinculados a ofertas sin acreditación vigente sean irregulares ni atribuyen responsabilidad a personas o instituciones.

La acreditación constituye un mecanismo de evaluación de la calidad de la educación superior y se otorga por carrera y por sede o filial. La verificación de la autenticidad documental, del cumplimiento de las prácticas formativas y de la regularidad del registro de títulos corresponde a las instancias competentes, en el marco de sus respectivas atribuciones.

Con esta presentación, la Agencia pone a disposición del Ministerio Público su equipo técnico y sus bases de datos para colaborar en el análisis de la información y en las verificaciones que se consideren pertinentes, en el marco de la cooperación interinstitucional y del fortalecimiento de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Paraguay.

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