El viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe González Soley, aseguró que la desaceleración del gasto público está permitiendo al Gobierno mantener la inversión en sectores estratégicos sin comprometer la meta de convergencia fiscal.
En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que a inicios de año el gasto crecía a un ritmo del 12 %, pero actualmente se ubica entre el 5 % y el 6 %. “Esto nos da un margen importante para sostener obras y programas clave, al mismo tiempo que avanzamos hacia el objetivo de cerrar el año con un déficit fiscal del 1,9 % del producto interno bruto (PIB), tal como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal”, señaló.
Leé más: Invierten USD 1,1 millones en fábrica de confecciones con tecnología de punta
Si bien reconoció que la comparación interanual todavía muestra un incremento cercano al 10 %, enfatizó en que la tendencia es descendente, lo que fortalece la proyección oficial de cumplimiento de la meta fiscal.
Datos
Hay que recordar que en el informe de Situación Financiera (Situfin) el MEF informó que al cierre de julio de 2025, el déficit fiscal se ubicó en 0,5 % del producto interno bruto (PIB), equivalente a G. 1,74 billones, unos USD 221 millones.
En tanto que la inversión pública mostró un comportamiento positivo, con G. 3,42 billones ejecutados a julio, lo que equivale al 0,9 % del PIB y representa un aumento del 11,9 % frente al mismo período del año pasado.
Rigor en pagos y revisión de contratos
En cuanto a los reclamos del sector de la construcción sobre intereses impagos por alrededor de USD 100 millones, el viceministro de Economía aclaró que se trata de contratos heredados de la gestión anterior y que actualmente están bajo análisis.
“El Estado no desembolsará fondos sin la certeza jurídica de que los compromisos son válidos y que las tasas de interés aplicadas son correctas. Antes de financiar, debemos confirmar que existe una obligación real de pago”, sostuvo.
González Soley subrayó que este control estricto forma parte de una estrategia para proteger las finanzas públicas y garantizar que la inversión se oriente a proyectos que impulsen el desarrollo, sin poner en riesgo la convergencia fiscal prevista para 2025.