La Unión Industrial Paraguaya (UIP) evaluó positivamente el clima de negocios en los primeros dos años de gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, destacando que se han registrado señales alentadoras para la economía nacional.

El presidente del gremio, Enrique Duarte, manifestó a La Nación/Nación Media que uno de los aspectos más relevantes de este período fue el impulso de iniciativas legislativas orientadas a dinamizar la actividad productiva, y resaltó el mantenimiento de indicadores macroeconómicos sólidos como: una inflación controlada, el crecimiento económico sostenido y una política fiscal responsable.

“El hecho de mantener la estabilidad macroeconómica en un contexto regional desafiante es un mérito que valoramos”, expresó el titular de la UIP, quien resaltó que este desempeño está en línea con la consistencia mostrada por Paraguay en años anteriores.

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Por otro lado, advirtió que el desafío pendiente se encuentra en la microeconomía, donde aún falta avanzar hacia un entorno más competitivo, con reglas claras, seguridad jurídica y mayor previsibilidad.

Impulsar digitalización de trámites

En ese contexto, Duarte subrayó que la burocracia sigue siendo un obstáculo importante para atraer más capitales, lo que obliga a impulsar con mayor fuerza la digitalización de trámites y la modernización del Estado.

Sobre las recientes acciones oficiales vinculadas al control de precios de productos de la canasta básica, un tema sensible que involucra a consumidores y productores, dijo que es fundamental mantener espacios de diálogo permanentes entre los sectores para alcanzar soluciones equilibradas y sostenibles en el tiempo, evitando medidas unilaterales que puedan distorsionar el mercado.

Dando una mirada hacia el futuro, la UIP identifica como gran oportunidad la aprobación de normativas de largo plazo que consoliden el desarrollo industrial, considerando a la industria como motor del crecimiento sostenible.

Pero hablan de que el principal riesgo radica en la posibilidad de injerencias políticas que afecten la conducción económica en la segunda mitad del mandato presidencial. “Lo político no debe interferir en lo económico; la seguridad jurídica y la continuidad de políticas son esenciales para sostener la confianza y atraer inversiones de largo plazo”, remarcó.

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