La Asociación Paraguaya de Directores Técnicos de Industrias Alimentarias (Apadi) y la Asociación Paraguaya de Ingenieros Químicos (Apiq) dieron su respaldo a las medidas aplicadas por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) contra dos cadenas de minimercado, luego de los hechos que tomaron estado público.
A través de un comunicado, ambas organizaciones sostienen que las acciones de Dinavisa están sustentadas en la ley y en criterios técnicos que buscan salvaguardar la salud de la población. “Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la salud pública y el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria vigente”, expresan.
El documento recuerda que la Ley 836, el Código Sanitario y las normas que regulan la manipulación, conservación y comercialización de alimentos son de cumplimiento irrestricto, ya que garantizan la inocuidad y reducen los riesgos sanitarios.
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Señalan, además, que cualquier incumplimiento compromete directamente la seguridad de los consumidores y genera responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. Los gremios hacen énfasis en que toda transgresión a la normativa no solo expone a la ciudadanía, sino que también erosiona la confianza en el sistema de control del país.
Por ello, destacaron la importancia de que Dinavisa ejerza su labor de fiscalización con objetividad, rigor técnico y transparencia, aplicando sanciones y medidas correctivas cuando sea necesario. El texto también subraya tres puntos claves:
La obligación de garantizar la seguridad alimentaria mediante el estricto cumplimiento de la normativa; la necesidad de asegurar transparencia y trazabilidad en toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización; y el rol esencial de los profesionales responsables de la dirección técnica en los establecimientos, como garantes del cumplimiento técnico-legal y de la salud pública.
Así también, instan a mantener y reforzar las inspecciones en todos los puntos de expendio para verificar el estricto cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura (BPM) y demás estándares nacionales.
A la vez, solicitaron a las empresas involucradas implementar de forma inmediata y sostenida las medidas correctivas necesarias, a fin de acatar la normativa vigente y reanudar sus operaciones con total transparencia y responsabilidad frente a la sociedad.
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