El mandatario Santiago Peña destacó el aporte del sector privado al crecimiento y la estabilidad económica del país, en el marco de un acto de su jornada de gobierno en la ciudad de San Antonio, en el departamento Central. Agregó que el despegue económico del 6,6 %, concretado bajo su gobierno en el 2025, es el resultado del coraje y la osadía de empresas paraguayas.

“El capítulo que probablemente más debería haber dedicado en mi informe presidencial, es para el reconocimiento al sector privado, a su coraje, empuje y osadía. El sector privado es finalmente el que está detrás de esos grandes números macroeconómicos que son simplemente la sumatoria de los números microeconómicos, la sumatoria de que hacen los paraguayos, las empresas paraguayas”, comentó este miércoles, en un evento para celebrar la primera exportación de carne aviar paraguaya a la República de China (Taiwán).

Peña acotó: “Tenemos un crecimiento del 6,6 %, el más alto en 12 años, viene de las empresas privadas, que invierten, apuestan y contratan, que están innovando y animándose”.

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A la vez el jefe de Estado celebró que la política internacional de su gobierno haya permitido la conquista de nuevos mercados para el beneficio de industrias como las del rubro avícola. “Hoy es un día muy especial, de celebración, esto es un hecho histórico por ser el primer cargamento de carne aviar que va a la hermana nación", mencionó.

Señaló que “esto es resultado de uno de los tantos viajes que hace el presidente para lograr estas medidas y acciones. Estoy llegando casi a las dos terceras partes de mi mandato, ya estoy en la cuenta regresiva y le pido a todos los ciudadanos que el día de mañana con otro presidente, puedan alentale para que siga promocionando al Paraguay”.

La primera exportación comprende 150 toneladas de carne aviar y es concretada por la Granja Avícola La Blanca S.A. – Pechugón, desde su planta industrial ubicada en San Antonio. La empresa prevé alcanzar un ritmo de500 toneladas mensuales de exportación y fortalecer su presencia en Asia.

Este avance se produce en un contexto de crecimiento sostenido del sector: entre enero y junio de 2026, Paraguay exportó7,4 millones de kilogramos de productos avícolas, por un valor superior a USD 8,6 millones FOB, el mayor volumen registrado para ese período en los últimos años.

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• Lourdes Torres
• lourdes.torres@nacionmedia.com

El día de ayer se conmemoró 34 años de la jura de la Constitución Nacional de 1992, un pacto fundamental que marcó el inicio de la era democrática e institucional moderna en Paraguay. A más de tres décadas, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reivindica el valor del pacto democrático construido en 1992.

En una entrevista para el diario La Nación/Nación Media, el ministro del TSJE, Jorge Bogarín González, reflexionó sobre el legado democrático de la Carta Magna, la vigencia de sus principios, los desafíos actuales de las instituciones y la importancia de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral paraguayo. El magistrado recordó que este pacto democrático nació sobre las “ruinas del autoritarismo” tras un alto costo de “sangre, sudor y lágrimas” de ciudadanos que lucharon por la libertad.

–¿Qué representa para Paraguay la jura de la Constitución Nacional del 20 de junio de 1992?

–Representa el pacto fundamental que marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra vida institucional y democrática: el momento en que la voluntad popular, expresada a través de una Convención Nacional Constituyente, decidió construir un Estado social de derecho sobre las ruinas del autoritarismo. Cada 20 de junio, no solo conmemoramos un texto, sino un compromiso: el que el poder emana del pueblo y se ejerce con límites, control y responsabilidad. Mantener ese compromiso renovado es, precisamente, la misión que esta Justicia Electoral asume todos los días.

–¿Cuáles considera que fueron los principales avances que introdujo la Constitución tras la transición democrática?

–Introdujo los pilares sobre los que hoy se sostiene nuestra institucionalidad: la separación efectiva y equilibrio de poderes, un catálogo de derechos y garantías, y la creación de una Justicia Electoral autónoma e independiente, ajena a las injerencias que en el pasado distorsionaron la voluntad ciudadana. Ese diseño no fue un punto de llegada, sino el cimiento sobre el cual cada elección libre, transparente y pacífica desde entonces ha ido fortaleciendo la cultura democrática del país.

–A más de tres décadas de su promulgación, ¿cuál cree que es el legado más importante de la Constitución de 1992?

–Su legado más importante es haber demostrado que la democracia paraguaya puede sostenerse en el tiempo cuando las instituciones cumplen su rol. Treinta y cuatro años de continuidad institucional, de alternancia pacífica y de elecciones reconocidas tanto interna como internacionalmente, son la prueba de que ese pacto constitucional funciona. El desafío de cada generación de funcionarios públicos, y particularmente de quienes integramos la Justicia Electoral, es honrar ese legado fortaleciéndolo, no dándolo por garantizado.

–¿La democracia paraguaya atraviesa uno de sus momentos más sólidos o todavía tiene deudas pendientes?

–Atraviesa un momento de solidez institucional, especialmente en materia electoral, pero la solidez democrática no es un estado permanente sino un ejercicio constante. Las deudas pendientes —por ejemplo, la lucha contra la corrupción—, no deben leerse como fracasos, sino como la agenda de trabajo que toda democracia madura se exige a sí misma. Reconocerlas con honestidad es, en sí misma, un acto de fortalecimiento institucional.

Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

Este sábado 20 de junio se conmemoran 34 años de la jura de la Constitución Nacional de 1992, un pacto fundamental que marcó el inicio de la era democrática e institucional moderna en Paraguay. A más de tres décadas, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reivindica el valor del pacto democrático construido en 1992.

En una entrevista exclusiva para el Diario La Nación/Nación Media, el ministro del TSJE, Jorge Bogarín González, reflexionó sobre el legado democrático de la Carta Magna, la vigencia de sus principios, los desafíos actuales de las instituciones y la importancia de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral paraguayo. El magistrado recordó que este pacto democrático nació sobre las “ruinas del autoritarismo” tras un alto costo de “sangre, sudor y lágrimas” de ciudadanos que lucharon por la libertad.

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- ¿Qué representa para Paraguay la jura de la Constitución Nacional del 20 de junio de 1992?

- Representa el pacto fundamental que marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra vida institucional y democrática: el momento en que la voluntad popular, expresada a través de una Convención Nacional Constituyente, decidió construir un Estado social de derecho sobre las ruinas del autoritarismo. Cada 20 de junio, no solo conmemoramos un texto, sino un compromiso: el que el poder emana del pueblo y se ejerce con límites, control y responsabilidad. Mantener ese compromiso renovado es, precisamente, la misión que esta Justicia Electoral asume todos los días.

- ¿Cuáles considera que fueron los principales avances que introdujo la Constitución tras la transición democrática?

- Introdujo los pilares sobre los que hoy se sostiene nuestra institucionalidad: la separación efectiva y equilibrio de poderes, un catálogo de derechos y garantías, y la creación de una Justicia Electoral autónoma e independiente, ajena a las injerencias que en el pasado distorsionaron la voluntad ciudadana. Ese diseño no fue un punto de llegada, sino el cimiento sobre el cual cada elección libre, transparente y pacífica desde entonces ha ido fortaleciendo la cultura democrática del país.

- A más de tres décadas de su promulgación, ¿cuál cree que es el legado más importante de la Constitución de 1992?

- Su legado más importante es haber demostrado que la democracia paraguaya puede sostenerse en el tiempo cuando las instituciones cumplen su rol. Treinta y cuatro años de continuidad institucional, de alternancia pacífica y de elecciones reconocidas tanto interna como internacionalmente, son la prueba de que ese pacto constitucional funciona. El desafío de cada generación de funcionarios públicos, y particularmente de quienes integramos la Justicia Electoral, es honrar ese legado fortaleciéndolo, no dándolo por garantizado.

- ¿La democracia paraguaya atraviesa uno de sus momentos más sólidos o todavía tiene deudas pendientes?

- Atraviesa un momento de solidez institucional, especialmente en materia electoral, pero la solidez democrática no es un estado permanente sino un ejercicio constante. Las deudas pendientes —por ejemplo, la lucha contra la corrupción—, no deben leerse como fracasos, sino como la agenda de trabajo que toda democracia madura se exige a sí misma. Reconocerlas con honestidad es, en sí misma, un acto de fortalecimiento institucional.

- ¿La Constitución sigue respondiendo a las necesidades del Paraguay actual?

- Sí, y de manera particularmente vigorosa en lo que respecta a la arquitectura democrática y electoral. El texto constitucional dotó al país de instituciones con suficiente autonomía para adaptarse a los desafíos de cada época, incluyendo la modernización tecnológica de los procesos electorales que hoy llevamos adelante. La vigencia de la Constitución se mide en su capacidad de seguir garantizando elecciones libres y confiables, y en eso sigue demostrando solidez.

- ¿Considera que los derechos y garantías consagrados en la Constitución se cumplen plenamente hoy?

- El ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales es, hoy, una realidad consolidada en Paraguay, y constituye uno de los activos más valiosos de nuestra democracia. Persisten brechas en otros ámbitos de derechos económicos y sociales, y cerrarlas es tarea de todas las instituciones del Estado. Desde la Justicia Electoral, nuestro aporte concreto al fortalecimiento del Estado de derecho es garantizar que el derecho político más esencial —elegir y ser elegido— se ejerza sin ningún tipo de restricciones.

- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente la Justicia para garantizar el respeto a la Constitución?

- El desafío central es sostener y profundizar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, lo cual exige transparencia, celeridad y modernización constante de los procesos. En el ámbito específico de la Justicia Electoral, ese desafío se traduce en blindar cada etapa del proceso —desde el padrón hasta el escrutinio— con protocolos de seguridad verificables, de modo que ningún actor político ni ciudadano tenga motivos legítimos para dudar de los resultados.

- ¿Cómo evalúa la independencia de los poderes del Estado en el marco constitucional vigente?

- El diseño constitucional de independencia de poderes es sólido y ha resistido pruebas de tensión institucional a lo largo de estos años. La tarea permanente —y en esto la Justicia Electoral tiene experiencia concreta que aportar— es traducir esa independencia formal en autonomía real frente a cualquier presión, mediante procesos técnicos, protocolos claros y rendición de cuentas constante ante la ciudadanía.

- ¿Cree que Paraguay necesita una reforma constitucional o la prioridad pasa por cumplir mejor la Constitución actual?

- La prioridad inmediata, y la más eficaz para fortalecer el Estado de derecho, es el cumplimiento cabal del texto vigente. La experiencia de la Justicia Electoral lo demuestra: gran parte de los avances logrados en materia de transparencia electoral no requirieron reforma constitucional, sino voluntad institucional y mejora continua de procesos dentro del marco existente. Una eventual reforma debe ser fruto de consenso amplio y nunca un atajo frente a la falta de cumplimiento.

- ¿Qué aspectos podrían debatirse en una eventual reforma constitucional?

- Cualquier discusión de esta naturaleza debe darse con amplitud democrática, evitando que se convierta en instrumento de coyuntura, y siempre con el objetivo de fortalecer —nunca debilitar— la institucionalidad construida desde 1992.

- Si tuviera que resumir en una frase la importancia de la Constitución de 1992 para las nuevas generaciones, ¿qué les diría?

- Que la Constitución de 1992 les pertenece tanto a ellas como a quienes la juramos hace más de tres décadas, y que su fortaleza dependerá siempre de que cada generación la defienda, la practique y luche en forma permanente por su estricto cumplimiento.

Finalmente, quiero manifestar que la Constitución de 1992 no es un simple texto jurídico, sino el reflejo de un anhelo colectivo de libertad y justicia para construir un Paraguay basado en el respeto a la ley y las instituciones. Lejos de ser un regalo de la historia, la democracia paraguaya conllevó el sacrificio, dolor y vidas de compatriotas, lo que hoy impone a la sociedad la enorme responsabilidad de defenderla día a día a través del diálogo y el respeto a las diferencias.

Ante este legado, la mejor manera de honrar el sacrificio histórico es trabajar incansablemente por la plena vigencia del Estado de Derecho. En este escenario, el Tribunal Superior de Justicia Electoral reafirma su compromiso de custodiar la voluntad popular, garantizando elecciones libres, transparentes y confiables como la máxima expresión de la libertad ciudadana.

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De acuerdo con datos del indicador de riesgo país elaborado por JP Morgan y difundidos por Bloomberg Línea, Paraguay cerró mayo con 104 puntos básicos, ubicándose como el tercer mejor desempeño de la región, solo por detrás de Uruguay (61 puntos) y Chile (86 puntos).

El resultado coloca a nuestro país por delante de economías como Perú (113 puntos), Panamá (115), Brasil (175), México (205) y Colombia (240), consolidando su lugar dentro del grupo de países considerados más estables por los mercados financieros internacionales.

Para Daniel Núñez Martínez, abogado y asesor estratégico de inversiones, este posicionamiento no responde a un hecho aislado, sino al resultado de una política económica sostenida durante varios años.

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“El informe de JP Morgan confirma algo que quienes seguimos la economía paraguaya veníamos observando: Paraguay no es solo estable en términos relativos, está compitiendo con los mejores de la región”, afirmó a La Nación/Nación Media.

Según explicó, hace apenas 15 años Paraguay era percibido como un mercado periférico y de mayor riesgo. Sin embargo, hoy comparte el podio regional junto a Uruguay y Chile, dos economías históricamente reconocidas por su estabilidad macroeconómica.

Núñez Martínez atribuye este desempeño a tres factores principales. El primero es la disciplina fiscal, respaldada por la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece límites al déficit público y otorga previsibilidad a las finanzas estatales.

El segundo es el nivel de deuda pública, que ronda el 41 % del producto interno bruto (PIB), cifra que continúa siendo inferior al promedio de varios países latinoamericanos. El tercer elemento son las reservas internacionales administradas por el Banco Central del Paraguay, consideradas suficientes para cubrir compromisos externos y generar confianza en los mercados.

“Los mercados no premian las buenas intenciones; premian la consistencia. Y Paraguay ha sido consistente”, sostuvo.

El especialista destacó que el bajo riesgo país tiene efectos concretos sobre la economía. Uno de los más importantes es la posibilidad de acceder a financiamiento internacional a tasas más competitivas.

Cuando un país presenta un menor riesgo soberano, los inversionistas exigen menores rendimientos para comprar sus bonos, lo que reduce el costo de endeudamiento para el Estado. Esto, a su vez, libera recursos que pueden destinarse a infraestructura, educación, salud u otras inversiones públicas.

Pero el beneficio no se limita al sector público. Núñez Martínez explicó que el riesgo país funciona como una referencia para todo el sistema financiero, por lo que una mejor calificación también favorece a las empresas privadas que buscan financiamiento en el exterior.

“El riesgo país es el piso sobre el que se construyen las tasas de financiamiento privado. Cuando el Estado es percibido como confiable, el crédito tiende a abaratarse para toda la economía”, indicó.

Asimismo, resaltó el impacto que este indicador tiene sobre la atracción de inversiones extranjeras. Según señaló, los fondos de inversión y las multinacionales suelen analizar el riesgo país como uno de los primeros parámetros antes de decidir dónde colocar capital.

En un contexto en el que Europa vuelve a mirar a América Latina tras los avances del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el hecho de que Paraguay aparezca junto a Chile y Uruguay entre las economías más seguras de la región constituye una señal positiva para la llegada de nuevos proyectos productivos.

“Paraguay llega a esa conversación con credenciales sólidas. Hoy el país ofrece estabilidad macroeconómica, previsibilidad y una reputación financiera que tiene un enorme valor estratégico”, concluyó el experto.

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