González incluso recordó que la petición ya había sido rea­lizada por el titular de la pre­visional, Jorge Brítez, el año pasado. Agregó que entre los puntos centrales de la audi­toría guarda relación con el contrato de fideicomiso fir­mado entre el IPS y el banco Atlas del Grupo Zuccolillo, por valor de G. 828.000 millo­nes.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018- 2023), las autoridades de la previsional se encargaron de dilapidar la millonaria suma que debía utilizarse exclusi­vamente para obras: termi­nación de Hospital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hos­pital Hemato-Oncológico. Sin embargo, el dinero fue utilizado para otros fines que no figuran en el contrato fiduciario como por ejem­plo, el pago de salarios.

“Acá hay indicios importantes de posibles hechos punibles que hemos remitido tanto a la Contraloría como al Minis­terio Público. En la Contralo­ría ya han emitido 3 informes para descargos con hallazgos significativos importantes, mayores a los encontrados por nuestra auditoría interna. Esto se encuentra pendiente de un informe final por parte de la Contraloría”, dijo a la 1080 AM.

Sobre el caso, argumentó que “si bien, el fideicomiso era para la construcción de hos­pitales, también se hicieron obras de mantenimiento, que no eran objeto del fideicomiso.

Hay una causa penal a cargo del fiscal Néstor Coronel. Así también, remitimos a la Contraloría el informe finan­ciero a los efectos de que se expidan sobre ese hallazgo, aunque aún no tenemos res­puestas”. Asimismo, Gonzá­lez comentó que la auditoría integral también se centrará en el manejo de la caja de jubilados y las inversiones finan­cieras realizadas por la previ­sional. Señaló que de acuerdo a lo conversado con el contra­lor Camilo Benítez la fisca­lización integral demandará una auditoría financiera, patrimonial y ambiental.

Por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el plenario de la Cámara Baja aprobó el proyecto “Que declara de interés nacional la campaña de matrimonio civil comunitario “Paraguay se casa: Unidos por amor y protegidos por la Ley”, impulsada por el Registro del Estado Civil”.

Así se afirma que el matrimonio, como institución fundamental de la sociedad, goza de protección y constitución legal en nuestro país, dijo Latorre. Recordó que la Constitución Nacional, en su artículo N° 49, establece que la familia es el fundamento de la sociedad y que se promoverá y garantizará su protección integral.

Indicó que esto incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, los hijos y la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes.

Mencionó que el Registro del Estado Civil ha identificado que una parte significativa de la población enfrenta barreras económicas y administrativas que dificultan la formalización de sus uniones de hecho.

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Señaló que esta situación no solo genera inseguridad jurídica para las familias involucradas, especialmente en aspectos como derecho sucesorio, acceso a prestaciones sociales o reconocimiento de filiación, sino que también produce sub registros y distorsiones en los datos demográficos, afectando la planificación de políticas públicas.

“Especifica que la campaña “Paraguay se casa: Unidos por amor y protegidos por la Ley” fue diseñada para abordar esta problemática, con objetivos tales como promover la regularización de uniones de hecho, facilitando su acceso a la institución matrimonial; garantizar la seguridad jurídica de los contrayentes y sus núcleos; y erradicar sub registros civiles, asegurando que el Registro Civil refleje fielmente la realidad social", expresó el legislador.

El proyecto asevera que la campaña en cuestión busca el fortalecimiento de la cohesión social, al facilitar la formalización de las familias, reforzando el tejido social y protegiendo los sectores más vulnerables.

Además, establece la fiabilidad de los registros públicos y la regularización masiva de uniones, mejora la exactitud de los datos del Registro Civil, lo cual es vital para la planificación estatal, según el material.

“La campaña ha probado ser un modelo de gestión eficiente, reduciendo trámites y cargas burocráticas. Otros objetivos son garantizar el respeto de los derechos fundamentales; la eliminación de barreras económicas; y asegurar que el derecho al matrimonio no está condicionado por la capacidad económica”, sostiene el proyectista.

La medida central fue la exoneración general de la tasa de matrimonio civil, permitiendo que todas las parejas que lo deseen puedan acceder al trámite sin trabas económicas y con procedimientos simplificados.

Latorre exhorta a las instituciones públicas y privadas, así como a las diversas organizaciones de la sociedad civil, a desarrollar actividades de sensibilización y participación.

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El Instituto de Previsión Social (IPS) habilitó oficialmente este miércoles su nuevo Centro de Hemodiálisis Ambulatorio, una infraestructura diseñada para ofrecer mayor comodidad y eficiencia en el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal. El espacio, ubicado en el predio del Hospital Central, triplica la capacidad de atención para pacientes ambulatorios, alcanzando más de 400 beneficiarios.

La jefa del Servicio de Nefrología, Dra. María del Carmen Romero, destacó que el centro es el resultado de un proyecto iniciado hace cuatro años y que ahora se materializa con instalaciones modernas, amplias y totalmente equipadas. “Es un gran logro para nosotros. Este lugar permitirá trabajar con más tranquilidad y ofrecer a los pacientes todo lo que necesiten durante su tratamiento”, afirmó.

El nuevo edificio cuenta con 56 puestos de hemodiálisis que operarán en cuatro turnos diarios, de lunes a sábado, las 24 horas, atendiendo a dos grupos de pacientes alternados en días específicos. Solo los domingos permanecerá cerrado, dado que los pacientes provienen de sus hogares para las sesiones.

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Cada box de tratamiento está equipado con sillones eléctricos e hidráulicos, climatización central, sala de recuperación, áreas de espera, sanitarios, farmacia para insumos y medicamentos, y consultorios de nefrología, nutrición y psicología. Además, dispone de espacios para que los pacientes guarden sus pertenencias durante las sesiones de cuatro horas que requiere el procedimiento.

Antes de esta ampliación, el servicio contaba con apenas 20 puestos en el pabellón 4 del Hospital Central. Con el nuevo centro, se podrá atender a 224 pacientes por día, y en total más de 400 beneficiarios recibirán tratamiento semanalmente. Los pacientes internados, pediátricos o con infecciones continuarán su tratamiento en áreas específicas del pabellón 4.

En total, el Servicio de Nefrología del IPS brinda tratamiento a alrededor de 800 pacientes, entre los que acuden al Hospital Central y los que son atendidos en centros tercerizados. La ampliación de la capacidad en el nuevo centro permitirá reducir tiempos de espera y mejorar las condiciones de atención para una población que depende de este procedimiento vital.

Siga informado con: IPS pide a Contraloría que auditoría integral de inversiones y obras abarque desde el 2013

• Capacidad: 56 puestos de hemodiálisis, en 4 turnos diarios, de lunes a sábado.
• Cobertura: más de 400 pacientes ambulatorios por semana.
• Equipamiento: sillones eléctricos e hidráulicos, climatización central, consultorios y farmacia propia.

El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, detalló que se solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que la auditoría integral de sus inversiones y obras abarque desde el 2013. El inicio del proceso de fiscalización se encuentra previsto para este 2025.

González incluso recordó que la petición ya había sido realizada por el titular de la previsional, Jorge Brítez, el año pasado. Agregó que entre los puntos centrales de la auditoría guarda relación con el contrato de fideicomiso firmado entre el IPS y el Banco Atlas del Grupo Zuccolillo, por valor de G. 828.000 millones.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018- 2023), las autoridades de la previsional se encargaron de dila­pidar la millonaria suma que debía utilizarse exclusivamente para obras: terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico.

Sin embargo, el dinero fue utilizado para otros fines que no figuran en el contrato fiduciario como por ejemplo, el pago de salarios. "Acá hay indicios importantes de posibles hechos punibles que hemos remitido tanto a la Contraloría como al Ministerio Público. En la Contraloría ya han emitido 3 informes para descargos con hallazgos significativos importantes, mayores a los encontrados por nuestra auditoría interna. Esto se encuentra pendiente de un informe final por parte de la Contraloría“, dijo a la 1080 AM.

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Sobre el caso, argumentó que “si bien, el fideicomiso era para la construcción de hospitales, también se hicieron obras de mantenimiento, que no eran objeto del fideicomiso. Hay una causa penal a cargo del fiscal Néstor Coronel. Así también, remitimos a la Contraloría el informe financiero a los efectos de que se expidan sobre ese hallazgo, aunque aún no tenemos respuestas”.

Asimismo, González comentó que la auditoría integral también se centrará en el manejo de la caja de jubila­dos y las inversiones finan­cieras realizadas por la pre­visional. Señaló que de acuerdo a lo conversado con el contralor, Camilo Benítez, la fiscalización integral demandará una auditoría financiera, patrimonial y ambiental.

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