La reforma del transporte público cuenta con seis pilares que buscan reorganizar itinerarios, renovar la flota y mejorar la infraestructura urbana, según la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. El objetivo es devolver la dignidad al usuario apuntando a solucionar las raíces de la problemática.
La ministra Centurión y el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, comentaron en el programa Arriba Hoy, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, los alcances del proyecto de ley que busca reformar el transporte público en el área metropolitana.
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De acuerdo con la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el proyecto de ley se sostiene en 6 pilares fundamentales relacionados con la gobernanza, la renovación del parque motor, estrategias contractuales que permitan el ingreso a nuevos actores y corrección de distorsiones en el mercado, así como infraestructura, tecnología y servicio continuo, los siete días de la semana.
“Todo esto se hace, además, con una mirada donde el Estado está muy presente en la organización, en la rectoría y, cómo no, en el esfuerzo fiscal también para llevar adelante el proyecto, como se hace en todas partes del mundo. Es así, el Estado aporta con infraestructura, aportan la compra de material rodante y se aspira a que la operación pueda ser rentable, por eso el rol del Estado es fundamental”, dijo.
Por su parte, el viceministro Fernández, manifestó que la reforma es impostergable y que entre los cambios más destacados está la reorganización de los troncales, con rutas alimentadoras, con lo que se reduciría de 36 a 8 empresas operadoras.
“El Estado tiene que corregir esta falla estructural del sistema y volver a barajar los corredores y licitar de vuelta para dar alternativa que entre inclusive nuevos jugadores o que los mismos que están se agrupen, se consorcien y trabajen en la nueva regla. Entonces el inicio de todo esto es un proceso de licitación de corredores”, mencionó.
Fernández también manifestó que la Ley no establece que el Estado necesariamente debe adquirir las unidades, sino que se trata solo de una opción, ya que se contempla que el sector privado los pueda comprar por su cuenta.
“El Estado tiene la potestad de ser jugador, puede ser operador y proveedor de la flota. Es una ley marco, no un proyecto de inversión ni de compra de buses", sostuvo.