El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció nuevas medidas para proteger los haberes de los jubilados y pensionados, en el marco de una investigación del Congreso Nacional sobre posibles abusos con pagarés y descuentos excesivos.
El titular de la Gerencia General del MEF. Horacio Codas, explicó en conferencia de prensa, que se estableció una nueva reglamentación para los descuentos convencionales, que son aquellos que requieren autorización del beneficiario y se aplican en acuerdos con cooperativas o entidades financieras.
Desde ahora, los jubilados que opten por una protección adicional podrán solicitar que no se les descuente más del 50 % de sus haberes, con el objetivo de evitar sobre endeudamientos. Esta medida no afecta a los descuentos legales ni judiciales que seguirán operando como hasta ahora.
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Otra medida clave es que, si un jubilado solicita la suspensión de un descuento convencional, no podrá volver a habilitarlo por al menos seis meses. Esto se estableció para dar un respiro financiero y evitar que vuelvan a endeudarse sin analizar su situación. Además, se busca garantizar que los beneficiarios tengan información clara sobre los montos que se les descuentan y los servicios contratados.
Actualmente, el 75 % de los 77.767 jubilados y pensionados tiene algún tipo de descuento en sus haberes. Un 10,6 % está sobreendeudado, es decir, tiene descuentos que superan el 50 % de su jubilación. En tanto, el 4,4 % está embargado. Este año, hasta julio, ya se registraron 6.855 solicitudes de cese de descuentos, lo que representa un aumento preocupante respecto a años anteriores.
Desde la Dirección de Jubilaciones y Pensiones destacaron que el derecho al cese de descuentos siempre estuvo disponible, pero que en los últimos meses se dispararon las solicitudes. En enero se registraron 580 pedidos de cese, y en junio y julio se superaron los 1.200 mensuales.
El MEF sostiene que estas acciones buscan dar tranquilidad a los jubilados, asegurar su capacidad de pago y evitar prácticas abusivas por parte de terceros. Las nuevas reglas ya están en vigencia y apuntan a una gestión más transparente, con procedimientos ágiles y trazables para ejercer estos derechos.
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