- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- Consultor financiero
- MBA
El IPS, a la fecha de la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), tenía depositados USD 515 millones compuesto por fondos de reservas jubilatorias (certificados de depósitos, bonos financieros y depósitos a la vista por USD 358 millones, correspondiendo el saldo de USD 157 millones, a fondos de salud, fondo para pagos varios y salarios, los que en conjunto representaban el 9 % de sus activos financieros y no financieros).
El presidente del BCP señaló que en función a análisis técnicos que vienen realizando de las cifras contables que conforman el balance de situación de la entidad, preliminarmente pudieron visualizar no menos de USD 600 millones de activos sanos, los que de concretarse y una vez negociado dichos fondos con otras entidades financieras, serían aplicados primariamente a la devolución de dichos recursos a la previsional, incluido probablemente también a otras cajas jubilatorias.
El IPS cuenta a la fecha con más de 90.000 jubilados y pensionados. Su subsistencia depende de la generación de los ingresos del sector obrero-patronal, que por derecho propio corresponde a toda esa gente que por 30 años han realizado sus aportes, para poder disfrutar una vez jubilado de un ingreso mensual vitalicio.
Independientemente a los niveles de rentabilidad que le reportan a la institución estas colocaciones de fondos, es de relevante importancia que sus directivos tengan en cuenta que la atomización y diversificación de riesgos como administradores de dichos activos es vital, evitando su concentración más allá de los niveles normales en pocas entidades, pues riesgo cero no existe.
El IPS constituye a nivel país la entidad previsional de mayor envergadura, por lo que se torna necesario que dentro de sus planes estratégicos de negocios orientados a generar mayor flujo de ingresos para la entidad, puedan tener en cuenta a otros tipo de productos financieros, siendo uno de ellos el inmobiliario. La entidad cuenta a la fecha con aproximadamente 800 inmuebles distribuidos en diversos sitios del país, muchas de ellos en posiciones estratégicas y privilegiadas, y varias improductivas, debiendo éstas últimas ser comercializadas en el mercado, pues en la práctica solo siguen generando gastos rígidos de mantenimiento.
El IPS, a través del universo de sus jubilados, podría estructurar a través de su caja de préstamos financiaciones de largo plazo respaldados por hipotecas en primer rango para su venta, con lo cual estarían cobrando al contado y paralelamente tendrán un flujo de ingresos mensuales en concepto de intereses devengados.
El impacto que podría dejar en el corto plazo esta coyuntura desfavorable dentro de nuestra economía es aún incierto, pues la intervención de dicha entidad y el congelamiento de los ahorros de aquellos que superaban los 75 salarios mínimos, podría implicar un freno a la buena marcha de nuestra actividad económica, dado que empresas del sector privado, entidades públicas y personas físicas se han visto afectadas.
Todo esto nos llevaría a pensar que nuestra gente podría adoptar una postura más cautelosa con sus compras, lo que podría traducirse en una mayor racionalización del nivel de gastos, evitando contraer nuevas obligaciones en el corto y mediano plazo.
Esa potencial desaceleración también podría traer aparejado consecuencias sociales, como el incremento de la informalidad laboral y los índices de pobreza, siendo también el ámbito fiscal uno de los afectados, dado que en 2027, al menos en los primeros meses, los niveles de recaudaciones podrían ser inferiores.
Si bien el gobierno actual pretende darle para el próximo año un énfasis mucho más fuerte a sectores clave como salud pública, educación e infraestructura a través de una mayor racionalización de gastos dentro del PGN, es aún prematuro poder determinar el impacto que podría tener y que ojalá sea positivo.
Para que podamos mantener una microeconomía fuerte, necesitamos que la macro acompañe a través de medidas inteligentes.
Por de pronto, la decisión del Poder Ejecutivo de realizar recortes a los gastos superfluos dentro del PGN 2027 es positivo, pero para que sea integral y consistente también debería abarcar a los poderes Legislativo y Judicial.