La tecnología es un puente para que los servicios financieros lleguen a las personas, afirman desde el Banco Mundial, mientras destacan el trabajo que lleva a cabo el gobierno, desde el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para impulsar la inclusión financiera en el país.

“Paraguay está impulsando políticas estratégicas y fomentando la digitalización para avanzar hacia una mayor inclusión financiera”, expresaron a través de su cuenta de X (Twitter), resaltando este trabajo con un video realizado por el BM en el que habla el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

En el video, el ministro Fernández Valdovinos afirma que un sector financiero sólido y dinámico es fundamental para que los países tengan un crecimiento sostenible a lo largo del tiempo. “Pero ese sector financiero debería ser también inclusivo”, remarca.

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Expone que en el caso de Paraguay, se ha logrado incorporar a mucha gente a los servicios financieros durante la última década a través de buenas políticas públicas. Comenta sobre la creación de cuentas básicas con un acceso muy fácil para toda la población.

Al igual que el diseño de una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), con pilares de educación, inclusión y protección al consumidor, así también, menciona la creación de un sistema automático de pagos por parte del Banco Central.

“Es momento de que, con la tecnología no sea más la población la que llegue a los servicios financieros, sino que los servicios financieros lleguen a la población de manera automática”, finaliza el video el ministro de Economía.

El BCP define a la inclusión financiera como el acceso y uso de servicios financieros de calidad, en forma oportuna, conveniente, informada y con un costo accesible, bajo una regulación que garantice la protección al consumidor y promueva la educación financiera. Con este enfoque, en Paraguay se celebra la segunda semana de marzo la Semana Nacional de la Inclusión Financiera desde 2017.

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La viceministra de Capi­tal Humano y Ges­tión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picaso, se refirió acerca de la entrada en vigencia de la Ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil. La funcionaria aclaró que la nueva norma respeta los derechos adquiridos por parte de los servidores públi­cos a lo largo de los años.

“Esta ley respeta los dere­chos adquiridos, ninguna ley puede ser retroactiva. Es una nueva norma y siempre hay una natural resistencia a los cambios frente a algo nuevo. El respeto a los dere­chos adquiridos del servidor público es el principio sobre el cual se construyó esta nueva norma. Acá no se habla de situaciones que serán desvin­culados o que se dará una des­vinculación masiva o total, no es el caso”, dijo.

En una entrevista con el pro­grama “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, Picaso mencionó que “el punto de partida de esta ley reconoce la autonomía de las institu­ciones, las mismas podrán reglamentarla. No es que el Ministerio de Economía ten­drá que homologar un regla­mento de un municipio”.

La nueva normativa entró en vigencia este 16 de julio último y tiene como finali­dad promover una adminis­tración pública más eficiente, profesional y orientada al mérito. Con esta normativa se deroga la Ley n.º 1626/2000, de la Función Pública.

“Esta ley alcanza a todas las instituciones públicas, esto es un cambio significa­tivo, es un nuevo diseño de la normativa porque la ante­rior, la 1626/2000 durante más de 20 años sufrió nume­rosas acciones de inconsti­tucionalidad, lo que quiere decir que no era aplicada en muchas instituciones públi­cas”, mencionó.

Picaso sostuvo que “otro elemento importante a des­tacar es la carrera civil, ya que Paraguay no contaba con esto. No había criterios sobre como sería la trayec­toria laboral de un servidor público, para ir a lo largo del tiempo teniendo su mejora salarial, como se dan los ascensos. Esta ley define los criterios para que nues­tro país tenga por fin una carrera, para que el servidor sepa cómo será su carrera laboral”.

Andrea Picaso señaló que mediante la norma la única fuente para el ingreso a la función pública será exclusivamente a través de concursos. “Esto no quiere decir que personas que ingresa­ron anteriormente a la función pública bajo otras leyes sean des­vinculadas. Queremos transmitir a los servidores públicos tran­quilidad”, puntualizó.

Añadió que el fin de la ley tiene que ver con mejorar la provisión de bienes y servicios públicos a través de instituciones eficiente. “El objetivo de esta ley es generar los incentivos adecuados, la profesionalización del servicio civil, que tengamos institucio­nes más eficientes y que las evaluaciones del desempeño se apliquen mejor para finalmente entregar mejores bienes y ser­vicios públicos a la gente. Tenemos una ciudadanía cada vez más demandante que exige legitimidad”, indicó la viceministra.

Mediante el Censo Digital a jubilados, realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), ya se logró registrar al 99 % de los beneficiarios de la Caja Fiscal.

La DGJP registró hasta el 9 de julio un total de 74.265 personas censadas, mientras que siguen pendientes 774 beneficiarios, que tienen tiempo hasta el 3 de agosto de este año para completar el proceso y volver a ser incluidos en la planilla de pagos y percibir sus haberes. El MEF informó que a través de este proceso, unos 423 beneficiarios fueron detectados como fallecidos y excluidos de la planilla de pagos.

De acuerdo con la zona geográfica, el 52,04 % (38.646) del total de censados reside en el departamento Central; el 5,68 % (4.217) en Caaguazú; 5,27 % (3.915) en Itapúa, el 5,08 % (3.774) en Cordillera; 4,91 % (3.643) en Alto Paraná; 4,76 % (3.643) en Paraguarí; y 4,53 % (3.365) en San Pedro.

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El 3,54% (2.628) vive en el departamento de Guairá; 3,15 % (2.340) en Concepción; 2,54 % (1.885) en Misiones; 2,21 % (1.642) en Caazapá; 2,01 % (1.493) en Ñeembucú; 1,32 % (984) en Amambay; 1,21 % (902) en Canindeyú; 1,14 % (845) en Presidente Hayes; 0,27 % (199) en Boquerón; 0,16 % (117) en Alto Paraguay, y 137 vive en el extranjero.

Otros datos del censo revelan que, por sector contributivo, el 60 % son mujeres y el 40 % hombres. De ellos, un 25 % de los beneficiarios corresponden a la Administración Pública, un 48 % al magisterio nacional, el 1 % son magistrados judiciales, el 2 % de universidades nacionales, 11 % de las fuerzas armadas y 13 % de las fuerzas policiales.

El censo se realiza exclusivamente a través del portal oficial: https://censos.hacienda.gov.py/. Los jubilados pueden verificar si ya están correctamente registrados en: https://www.mef.gov.py/censo-digital-de-Jubilados.

Para más información, los interesados pueden visitar la página web del MEF (www.mef.gov.py) o comunicarse con el servicio de atención al recurrente al teléfono (021) 729-0123, disponible de lunes a sábados, de 07:30 a 15:30.

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Tras reunirse con la Comisión Especial que investiga la trama denominada “Mafia de los pagarés”, la fiscal Teresa Sosa advirtió sobre la necesidad urgente de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) intervenga para regular los descuentos que realiza el Banco Nacional de Fomento (BNF) sobre salarios de funcionarios públicos.

“Hay un trabajo pendiente que realizar, fundamentalmente con el Ministerio de Economía, porque es este ministerio el que debe establecer las pautas con respecto a los descuentos de salarios del funcionario en general que realiza el BNF”, manifestó la representante del Ministerio Público.

En conversación con varios medios de prensa, Sosa explicó que todos los funcionarios públicos cobran sus haberes a través del BNF por disposición del Poder Ejecutivo, específicamente del MEF, que establece el mecanismo de pago. En ese sentido, subrayó que las cuentas salariales no deben ser tratadas como cuentas corrientes comunes, ya que poseen una naturaleza jurídica distinta.

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“El BNF tiene que respetar que esa cuenta del funcionario público es una cuenta salarial y no puede realizar cualquier descuento ni tener convenio con cualquier entidad para hacer descuentos, y tampoco tiene la potestad jurídica de aceptar embargos judiciales”, afirmó.

La fiscal recomendó a la Comisión Especial que las directrices y acuerdos para corregir esta situación deben partir necesariamente del MEF, a fin de encontrar una solución definitiva que contemple una adecuación normativa.

Finalmente, detalló que el Ministerio Público ha intervenido en aproximadamente 2.000 causas vinculadas a este esquema de descuentos irregulares, en el marco de las investigaciones sobre la mafia de los pagarés.

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