Al cierre de junio de 2025, la Caja Fiscal registra un déficit acumulado de USD 153 millones. De acuerdo a las proyecciones actuales, estiman que esta carencia podría ascender a USD 300 millones al cierre del año. Así lo confirmó el director de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Jorge Delgado.
Además, el director explicó que la relación entre activos (aportantes) y pasivos (jubilados) no es suficiente, especialmente considerando que ciertos sectores acceden a la jubilación con condiciones diferenciales (sin exigencia de edad) o con mecanismos de equiparación anuales, lo que agrava la tensión financiera.
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Fuerte apuesta social: inversión del Estado alcanzó G. 19 billones en seis meses
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Estado paraguayo destinó un total G. 19 billones en gastos sociales al cierre de la ejecución presupuestaria del primer semestre de este 2026. De acuerdo con el informe de la cartera económica, se registró un importante incremento en los sectores de salud y educación en comparación con el mismo periodo del año 2025.
En el área de Educación, la ejecución de gasto es de G. 6,3 billones, lo que representa el 33 % del gasto total, con un crecimiento del 13 %, destinado al financiamiento de servicios educativos en sus diferentes niveles y al fortalecimiento de la cobertura alimentaria de los estudiantes a través del programa “Hambre Cero en las Escuelas”.
Le sigue el sector salud que recibió un desembolso de unos G. 4,9 billones con una participación del 26 %, destinado al “fortalecimiento de la prestación de servicios esenciales mediante la contratación de personal sanitario y el sostenimiento de la provisión de productos farmacéuticos y medicinales para la red pública”.
Mientras tanto, la Promoción y Acción Social alcanzó una ejecución de G. 4 billones, representando el 21 % del gasto social. Ya el sector Seguridad Social registró G. 3,2 billones, equivalente al 17 %. Estos recursos fueron destinados a programas prioritarios como la Pensión Universal para Adultos Mayores, Tekoporã Mbarete, Abrazo y el pago de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal.
“El reporte destaca que, al cierre de junio, la Administración Central ejecutó G. 34,3 billones, de los cuales G. 19 billones fueron destinados a programas vinculados al gasto social. De esta manera, el 56 % de los recursos ejecutados fueron orientados a políticas públicas de carácter social, reafirmando la prioridad otorgada a la provisión de servicios esenciales para la ciudadanía”, señala el informe de la cartera económica.
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MEF transfirió G. 1,67 billones a municipios y gobernaciones en el primer semestre
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que transfirió un total de G. 1,67 billones, alrededor de USD 274,6 millones al cambio actual, a municipios y gobernaciones de todo del país, en diferentes conceptos, al cierre del primer semestre del ejercicio 2026.
Los datos precisos se encuentran consignados en el informe de la Dirección General de Departamentos y Municipios (DGDM), dependiente del Viceministerio de Administración Financiera (VAF). El documento está disponible en la web institucional de la cartera de Estado.
Las gobernaciones recibieron un total de G. 1,168 billones, mientras que las municipalidades percibieron G. 504.884 millones en los primeros seis meses del año. Los recursos desembolsados provienen de Royalties, Impuesto al Valor Agregado (Fuente 10 Recursos del Tesoro), Canon por Juegos de Azar y otras compensaciones.
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Transparencia
Los interesados en realizar el seguimiento de las transferencias que recibe su municipalidad o gobernación pueden ver los datos en este enlace. Ingresando el RUC (Registro Único de Contribuyente) se despliega el monto desembolsado a cada entidad y lo pendiente por recibir. Se trata de una herramienta del MEF que permite transparentar los recursos que reciben los gobiernos locales.
En informe publicado por la cartera de Estado agrega que las entidades deben presentar rendición de cuentas e informes cuatrimestrales para recibir las transferencias correspondientes, las cuales están sujetas al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos en la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) de cada año y su respectivo decreto reglamentario.
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Caja Fiscal incorpora a 80.000 funcionarios
Funcionarios públicos contratados empezarán a aportar desde este mes.
Desde este mes de julio, alrededor de 80.000 funcionarios públicos contratados empezarán a aportar a la Caja Fiscal en el marco del Decreto n.° 5929/2026, reglamenta el artículo 84 de la Ley n.° 7445/2025, de la Función Pública y del Servicio Civil, medida que permitirá el fortalecimiento del sistema previsional como también la ampliación de los recursos, según una publicación del portal IP Paraguay.
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, en entrevista con Medios del Estado, afirmó que esta incorporación servirá para hacer frente a los compromisos del sistema previsional y reducir las brechas existentes en las diferentes cajas de cada sector.
“Las previsiones nos permiten tener una expectativa también de mejora en los resultados a partir de esto y esperamos también que nos genere una disponibilidad para poder hacer frente a las demandas, para ir reduciendo esa brecha que tenemos entre ingresos y egresos”, señaló Lovera.
Asimismo, el titular del MEF puntualizó que el incremento de los ingresos estuvo acompañado por un aumento en la demanda del sistema, debido a las solicitudes de cotizantes actuales que buscan acceder a la jubilación desde comienzos de este 2026.
En paralelo, explicó que ya se produjo un incremento en los ingresos mediante el aumento del aporte de los sectores con cajas deficitarias, como docentes y fuerzas públicas, cuyos aportes pasaron del 16 % al 19 %, remarcando que el déficit acumulado en la Caja Fiscal todavía registra una reducción significativa.
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Por menor disponibilidad de recursos, MEF ajusta compromisos para priorizar servicios esenciales
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avanza en la reducción de las deudas acumuladas con proveedores del Estado, especialmente con los sectores farmacéutico y de la construcción, en un contexto marcado por una menor disponibilidad de recursos respecto a las proyecciones iniciales del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.
Así lo señaló el ministro Óscar Lovera, quien explicó que el Gobierno viene priorizando la cancelación de obligaciones pendientes para mejorar la liquidez de las empresas que trabajan con el sector público y normalizar gradualmente la situación financiera del Estado.
En el caso de las farmacéuticas, indicó que entre abril y mayo se desembolsaron alrededor de USD 180 millones, mientras que durante junio se pagaron otros USD 82 millones, lo que permitió reducir significativamente la deuda acumulada con el sector.
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Según detalló, el saldo pendiente actualmente se encuentra entre USD 100 millones y USD 150 millones, mientras que las propuestas de cesión de créditos en análisis rondan entre USD 400 millones y USD 450 millones. La intención del Gobierno es concluir este mes las autorizaciones correspondientes para avanzar con estos mecanismos y acelerar los pagos a proveedores del sistema de salud.
Respecto al sector de la construcción, Lovera recordó que el Estado cerró el 2025 con una deuda cercana a USD 220 millones. Gracias a los desembolsos realizados en los últimos meses, el pasivo correspondiente a ejercicios anteriores se redujo a entre USD 50 millones y USD 60 millones.
No obstante, aclaró que las obras públicas continuaron ejecutándose durante el presente ejercicio, por lo que actualmente las obligaciones vigentes con constructoras se sitúan entre USD 160 millones y USD 180 millones. El objetivo, sostuvo, es cerrar el año con una situación financiera considerablemente más ordenada que la heredada al inicio de la administración.
El avance en la cancelación de deudas se da en un escenario de menor disponibilidad de recursos para financiar el presupuesto. Lovera reconoció que los ingresos registrados durante el primer semestre estuvieron por debajo de las expectativas iniciales, lo que llevó al Poder Ejecutivo a implementar medidas de optimización del gasto.
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