El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incop) Carlos Romero Roa, confirmó el descalabro financiero y administrativo de la intervenida Cooperativa Poravoty, cuyo perjuicio patrimonial ascendió a unos G. 295.000 millones.

Romero informó sobre el final del proceso de intervención de la entidad solidaria que duró 180 días y pidió que la Fiscalía proceda a la investigación de los hechos irregulares detectados durante la administración de la mencionada cooperativa.

El directivo del ente regulador de cooperativas fue entrevistado por el programa “Arriba Hoy” emitido por Universo 970, y presentó los resultados de la intervención de la cooperativa Poravoty.

Poravoty es una entidad solidaria a cargo de grupo de policías que registró un perjuicio millonario, según los interventores del Incoop.

Las conclusiones señalan atrocidades financieras perpetradas en la institución y sindican como principales responsables al Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, conforme a las normativas que rigen. Así también, la auditoría interna es mencionada como parte de los responsables por la falta de controles y las omisiones.

El presidente del Incoop refirió que el viernes pasado se realizó la asamblea para notificar a los socios de Poravoty, el estado financiero y administrativo, tras la finalización de la intervención con los hechos irregulares encontrados y las resoluciones adoptadas por el Incoop.

Detectaron cuatro puntos irregulares, cuya documentación y denuncia respectiva fue presentada ante la Fiscalía para la investigación penal correspondiente.

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Las irregularidades corresponden a diversas áreas: como ser la violación de la ley antilavado (Seprelad); compra de armas, aparentemente con precios inflados; compra de propiedades con precios exhorbitantes, y movimiento de dinero en efectivo dentro de la creación de un sistema de crédito sin documentaciones que avalen la viabilidad de esa operativa.

Toda esta situación permitió a las autoridades del Incoop a proceder al retiro de la licencia para que la cooperativa Poravoty pueda seguir operando dentro del mercado, como ser: captar recursos del público y entregar créditos.

La crítica situación financiera de la cooperativa tiene a 700 ahorristas que desde hace mucho tiempo están si poder hacer uso de su dinero, muchos de ellos jubilados y con delicado estado de salud.

Cabe recordar que la cooperativa Poravoty registra unos 14.000 socios, de los cuales 3.000 están activos. Algunos de los exdirectivos (todos renunciantes) que se encuentran en la mira por el millonario perjuicio generado son: Miguel González Duarte (presidente, exsuboficial), Silvio Vera González (excomisario), Luis Alberto Delgado. Los miembros de Junta de Vigilancia: Calixto Talavera, Catalino Espínola, Heber Caldeira, entre otros.

Romero informó que tras la asamblea de los socios, se procedió -conforme a la ley- a la elección de un comité de cierre de liquidación de la cooperativa para la administración de los bienes. Dijo que este comité está integrado por tres socios y dos funcionarios del Incoop, para lo cual se habilitó una cuenta bancaria a nombre del ente regulador para que los activos no sean embargables y se pueda empezar a negociar los procesos de eventuales devoluciones de ahorros, etc.

“Hay varias rutas a a seguir, según los activos estos no dan para cubrir la totalidad de los ahorros”, dijo.

Mencionó que hay propuestas de los socios, como la reapertura de la cooperativa, lo que sería muy difícil debido a la nueva capitalización de la misma.

Entre numerosas irregularidades detectadas por el equipo interventor resaltan temerarias operaciones en la concesión de créditos ficticios por G. 13.355 millones, presumiblemente para ocultar, distorsionar la situación real y financiera de la institución. Saltaron evidencias de análisis deficientes, falta de documentaciones requeridas para el efecto, garantías insuficientes, insuficiente capacidad de pago, aspectos que hacen que los préstamos sean otorgados en condiciones desfavorables para los intereses de la cooperativa.

“Se evidenciaron, además que existen otorgamientos de créditos por montos muy elevados y de antigua data y cuya devolución de capital han sido ínfimas, incluso en algunos casos nulas, afectando directamente a los estados financieros de la Cooperativa”.

Se encontraron 313 armas de fuego, 28.450 municiones, 392 cargadores de pistolas, entre otros elementos. Debido al riesgo que representaba la permanencia de las armas dentro de las instalaciones de la cooperativa, la intervención solicitó a la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) para su custodio. No es un dato menor que, “se ha verificado la adquisición de Armas por parte de la cooperativa, para ello fue proporcionado por parte de los funcionarios a cargo del área de ventas, 3 (tres) contratos, los cuales fueron realizados con la empresa International Auto Supply SA, representado por el Sr. Diego Hernán Dirisio, junto con el Sr. Paulo César Fines Ventura (funcionario de la empresa en su calidad de gerente comercial), aclarando que ambos se encuentra actualmente en prisión en el marco del Operativo Dakovo, cuya intervención tiene como objetivo principal desmantelar una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil.

En el área de inmuebles, el informe detalla irregularidades en operaciones de miles de millones de guaraníes. “Los hechos y demás vinculaciones jurídicas desarrolladas en el apartado de inmuebles evidencian la desviación importante de los principios de transparencia y fidelidad en el manejo de los bienes y valores de la cooperativa, siendo que la función de mayor raigambre de los administradores es el deber de cuidado, inherente al cargo o función desempeñada, concomitante con el perjuicio financiero con la adquisición de inmuebles al contado, sin contar con un fondo propio para la inversión o un plan de financiamiento y rentabilidad en el rubro inmobiliario”.

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