La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, verificó en Carmen del Paraná y zonas aledañas del departamento de Itapúa, los preparativos para el Mundial de Rally, que se disputará del 28 al 31 de agosto en Paraguay.

“Estamos verificando puentes, caminos y todos los puntos solicitados para que la gente pueda disfrutar estos días de deporte. Aprovechamos el buen tiempo para avanzar en todo lo que se necesita y tener todo a punto para el inicio del rally”, expresó durante el recorrido.

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La titular del MOPC inspeccionó junto a su equipo técnico, autoridades locales y representantes de la organización del evento, diversas mejoras viales, incluyendo accesos estratégicos y algunos puentes recientemente intervenidos tras más de 80 años, que beneficiarán directamente a la comunidad.

Destacó que estas intervenciones buscan garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la competencia, además de dejar un legado de infraestructura para las localidades de Itapúa.

Entre los trabajos realizados se incluyen mantenimiento de caminos rurales, reparación de tramos estratégicos, instalación de señalización en puntos clave del circuito, además del acondicionamiento del parque de servicios del sambódromo, en Encarnación, con el objetivo de brindar mayor comodidad y seguridad a los asistentes.

Centurión resaltó que estas acciones, coordinadas con municipios y la organización del rally, generan beneficios permanentes para los pobladores. “Todas las tareas están encaminadas y los equipos cumplen sus cronogramas. Estamos listos para recibir a competidores y visitantes, y mostrar lo mejor de Itapúa y del Paraguay”, finalizó.

Por su parte, César Marsal, presidente del Comité organizador del Rally del Paraguay, agradeció el apoyo brindado por el MOPC. “El soporte que nos está dando el MOPC es fantástico. Estamos terminando en tiempo y forma toda la ruta prometida, así que esto va a dejar un legado en el Paraguay y esperemos que este legado sea fortalecido día a día”, aseguró.

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• Por Sofía Céspedes, sofia.cespedes@nacionmedia.com.

Desde que asumió el gobierno, el pasado 15 de agosto de 2023, las políticas del presidente Santiago Peña se basaron en las reformas estructurales, dar un mayor impulso y apoyo a los programas sociales y seguir generando incentivos a fin de atraer inversiones para el crecimiento de nuestra economía.

Un pilar fundamental, y promesa de campaña de Santiago Peña, fue la creación de 500.000 puestos de trabajos durante su periodo de cinco años. Según datos de la Presidencia de la República, el gobierno logró incorporar a 85.000 trabajadores en la seguridad social en los últimos 22 meses.

Se pudo formalizar a unos 30.000 trabajadores y se está llegando a un total de 100.000 trabajadores formales desde agosto de 2023. También informaron que, hasta mayo de 2025, se registran unos 793.000 trabajadores registrados en el Instituto de Previsión Social (IPS).

De acuerdo a datos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se establecieron unas 7.700 nuevas empresas y se inscribieron más de 1.000 nuevas sucursales. Además, mediante el modelo de Empresas por Acciones Simplificadas (EAS), que permite abrir empresas de forma gratuita en un plazo de 72 horas, se experimentó un crecimiento del 21,6 % en el último año. De las más de 17.000 EAS constituidas desde su implementación, 6.122 se crearon entre julio de 2024 y mayo de 2025.

Entre julio de 2024 y mayo de 2025 se aprobaron proyectos de inversión y programas bajo el régimen de la Ley 60/90 y de Maquila por un total de USD 522 millones, con una proyección de 9.400 nuevos empleos. También, el régimen de maquila registró cifras récord: USD 1.062 millones en exportaciones entre julio de 2024 y mayo de 2025, un aumento del 13 % con relación al mismo periodo del año anterior.

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Una de las reformas más importantes que realizó Santiago Peña en su gobierno fue la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación con la Dirección de Aduanas, para crear la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que permitió alcanzar una presión tributaria histórica del 11,5 % del producto interno bruto (PIB) en un año, sin aumentar impuestos. La recaudación tributaria aumentó en USD 586 millones (2024) respecto al periodo anterior.

Entre estos cambios, también se destaca el programa Hambre Cero en las escuelas, que hoy está brindando una alimentación de calidad a más de 1 millón de niños en instituciones educativas de todo el país. Esto, a su vez, genera una gran cantidad de empleo, porque moviliza una cadena de valor importante para que los alimentos lleguen a las escuelas, a través de las ruedas de negocios.

El gobierno presentó a finales de 2024 un ambicioso plan de inversiones en infraestructura por USD 5.500 millones para los próximos 5 años, con el objetivo de generar mejores empleos, impulsar la productividad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En el último año, se aprobaron proyectos por más de USD 1.000 millones en infraestructura vial, USD 210 millones en agua y saneamiento. y USD 455 millones en energía, según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En comunicación con La Nación/Nación Media, la ministra de Obras, Claudia Centurión, indicó que en estos dos años se aprobaron y adjudicaron obras de suma importancia para cumplir con el objetivo mencionado anteriormente.

Una de las principales es la Ruta de la Soberanía, un proyecto vial que se extiende por 221 kilómetros y linda con Brasil en los departamentos de Amambay y Canindeyú. Es una obra financiada por USD 220 millones.

“También la Ruta PY05, que ha sido un contrato fracasado en la gestión anterior, es la tercera vez que se intenta reconstruir Pozo Colorado-Concepción, y estamos seguros que nosotros vamos a lograr resultados exitosos”, dijo Centurión a LN. También resaltó que esta obra será construida con pavimento rígido.

Otra obra destacada fue la Ruta PY01, que está por adjudicarse, porque está en evaluación económica. Será el segundo proyecto con modalidad Asociación Público-Privada (APP). Finalmente, habló de la pronta adjudicación para el mejoramiento de la Ruta PY010 en modalidad Llave en mano.

Economistas y analistas coinciden en que Paraguay vive un momento de estabilidad macroeconómica “soñada” y admirada por muchos países, además de tener una de las monedas más antiguas, estables y ponderadas de la región.

Víctor Pavón, abogado y analista económico, dijo a La Nación que el gobierno está cumpliendo con su promesa de atraer inversiones, mientras baja el déficit fiscal de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y propone reformas.

Sin embargo, aseguró que “tenemos cambios positivos, pero se requiere de reformas más profundas aún. Yo creo que nuestro país está en marcha tercera en un vehículo que ya requiere operar en quinta, incluso en sexta".

Pavón hizo alusión a que nuestro país tiene que enfocarse en realizar una reforma en la generación de energía eléctrica. Sostuvo que la electricidad, a diferencia de otros bienes, no puede almacenarse sino distribuirse al momento en el que se genera, pero para eso se requiere de inversiones que superan el presupuesto del Plan Maestro de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que hoy ronda los USD 250 millones, cuando la necesidad es de USD 1.000 millones por año.

“Cubrir este déficit con más endeudamiento sería un grave error. Continuar aumentando la deuda pública, tarde o temprano, implicará subir impuestos o crear nuevos tributos, y eso sería totalmente contraproducente para la economía”, opinó.

Pavón hizo énfasis en que el gobierno debe impulsar un sistema que incentive la inversión y el empleo formal,” no que los castigue”, respecto a la materia tributaria. Expuso que si Paraguay quiere quiere posicionarse como un destino confiable para la inversión, debe ofrecer reglas claras, estables y transparentes.

“La previsibilidad es clave: los inversores no arriesgarán su capital en un país donde las normas cambian constantemente o se aplican de manera discrecional”, afirmó.

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Desde su perspectiva, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), el ingeniero José Luis Heisecke, el primer año de la gestión de Santiago Peña fue complicado ya que hubo pocas licitaciones, dificultades financieras y cobros atrasados por la deuda que heredó del gobierno anterior, pero que con responsabilidad la asumió y cumplió.

“Hacia finales de 2024 e inicios del 2025, el sector comenzó a despegar con un aumento significativo de licitaciones y adjudicaciones, lo que también obligó al gobierno a incrementar la inversión en infraestructura. Paraguay debe seguir apostando fuertemente por la infraestructura para mejorar su posición y aprovechar su potencial de desarrollo”, aseveró Heisecke.

El viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe González Soley, aseguró que la desaceleración del gasto público está permitiendo al Gobierno mantener la inversión en sectores estratégicos sin comprometer la meta de convergencia fiscal.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que a inicios de año el gasto crecía a un ritmo del 12 %, pero actualmente se ubica entre el 5 % y el 6 %. “Esto nos da un margen importante para sostener obras y programas clave, al mismo tiempo que avanzamos hacia el objetivo de cerrar el año con un déficit fiscal del 1,9 % del producto interno bruto (PIB), tal como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal”, señaló.

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Si bien reconoció que la comparación interanual todavía muestra un incremento cercano al 10 %, enfatizó en que la tendencia es descendente, lo que fortalece la proyección oficial de cumplimiento de la meta fiscal.

Hay que recordar que en el informe de Situación Financiera (Situfin) el MEF informó que al cierre de julio de 2025, el déficit fiscal se ubicó en 0,5 % del producto interno bruto (PIB), equivalente a G. 1,74 billones, unos USD 221 millones.

En tanto que la inversión pública mostró un comportamiento positivo, con G. 3,42 billones ejecutados a julio, lo que equivale al 0,9 % del PIB y representa un aumento del 11,9 % frente al mismo período del año pasado.

En cuanto a los reclamos del sector de la construcción sobre intereses impagos por alrededor de USD 100 millones, el viceministro de Economía aclaró que se trata de contratos heredados de la gestión anterior y que actualmente están bajo análisis.

“El Estado no desembolsará fondos sin la certeza jurídica de que los compromisos son válidos y que las tasas de interés aplicadas son correctas. Antes de financiar, debemos confirmar que existe una obligación real de pago”, sostuvo.

González Soley subrayó que este control estricto forma parte de una estrategia para proteger las finanzas públicas y garantizar que la inversión se oriente a proyectos que impulsen el desarrollo, sin poner en riesgo la convergencia fiscal prevista para 2025.

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La Unión Industrial Paraguaya (UIP) evaluó positivamente el clima de negocios en los primeros dos años de gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, destacando que se han registrado señales alentadoras para la economía nacional.

El presidente del gremio, Enrique Duarte, manifestó a La Nación/Nación Media que uno de los aspectos más relevantes de este período fue el impulso de iniciativas legislativas orientadas a dinamizar la actividad productiva, y resaltó el mantenimiento de indicadores macroeconómicos sólidos como: una inflación controlada, el crecimiento económico sostenido y una política fiscal responsable.

“El hecho de mantener la estabilidad macroeconómica en un contexto regional desafiante es un mérito que valoramos”, expresó el titular de la UIP, quien resaltó que este desempeño está en línea con la consistencia mostrada por Paraguay en años anteriores.

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Por otro lado, advirtió que el desafío pendiente se encuentra en la microeconomía, donde aún falta avanzar hacia un entorno más competitivo, con reglas claras, seguridad jurídica y mayor previsibilidad.

En ese contexto, Duarte subrayó que la burocracia sigue siendo un obstáculo importante para atraer más capitales, lo que obliga a impulsar con mayor fuerza la digitalización de trámites y la modernización del Estado.

Sobre las recientes acciones oficiales vinculadas al control de precios de productos de la canasta básica, un tema sensible que involucra a consumidores y productores, dijo que es fundamental mantener espacios de diálogo permanentes entre los sectores para alcanzar soluciones equilibradas y sostenibles en el tiempo, evitando medidas unilaterales que puedan distorsionar el mercado.

Dando una mirada hacia el futuro, la UIP identifica como gran oportunidad la aprobación de normativas de largo plazo que consoliden el desarrollo industrial, considerando a la industria como motor del crecimiento sostenible.

Pero hablan de que el principal riesgo radica en la posibilidad de injerencias políticas que afecten la conducción económica en la segunda mitad del mandato presidencial. “Lo político no debe interferir en lo económico; la seguridad jurídica y la continuidad de políticas son esenciales para sostener la confianza y atraer inversiones de largo plazo”, remarcó.

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