La iniciativa Élite del Rinde reconoció a ocho agricultores de siete regiones del país por sus resultados en soja y maíz.

La productividad agrícola fue protagonista de la primera etapa de Élite del Rinde, iniciativa impulsada por Agrotec S.A., que reconoció a ocho productores nacionales por sus resultados en soja y maíz. Tres de ellos superaron incluso los 15.000 kilogramos por hectárea, reflejando el impacto del conocimiento técnico, la dedicación y las decisiones de manejo agronómico.

El programa plantea como desafío alcanzar una producción conjunta de 15.000 kg/ha, considerando las zafras de soja y maíz. Esta meta supera el promedio nacional de referencia, establecido en 10.160 kg/ha.

En esta primera etapa, el promedio de Élite del Rinde llegó a 12.740 kg/ha, un incremento del 25,4 % frente a la referencia nacional. Los resultados también evidenciaron las particularidades de cada región, donde las condiciones agronómicas y ambientales influyen en la productividad.

Fazenda Almeida, de Santa Rita, se consagró campeón nacional Élite del Rinde 2026, con 15.783 kg/ha. También superaron los 15.000 kg/ha Agro Campo, con 15.482,68 kg/ha, e IMAPO SRL, con 15.387,10 kg/ha.

Conocimiento técnico y acompañamiento. Alex Román, director ejecutivo de Agrotec, destacó que uno de los principales logros fue superar la producción media mediante la participación de las distintas áreas de la compañía, con conocimiento técnico, experiencia e información específica, aplicados a una metodología sustentable.

“Comprobamos en la finalización de la primera etapa de la iniciativa que estamos en el camino correcto, ya que por cada dólar de inversión se logró un retorno de 3,3 dólares”, señaló.

El ejecutivo también destacó el desafío de estar cada vez más cerca del cliente, siguiendo la filosofía de la compañía desde su llegada a Paraguay, en 1990, con asistencia técnica y atención a las necesidades de los productores. “No se trata solo de una relación comercial, sino más bien de confianza”, sintetizó.

Reconocimiento a las regiones. Además de Fazenda Almeida, fueron distinguidos Agro Silo Santo Angelo SA, de Santa Rita; IMAPO SRL, de Nueva Esperanza; Cristian Lorenz, de Bella Vista; Mauricio Ghellere, de San Alberto; Agro Campo SA, de Pedro Juan Caballero; Agro Ganadera 43 SA, de San Pedro; y Willfarm SA, de Campo 9.

La iniciativa busca destacar la planificación, el manejo eficiente de los recursos y la incorporación de tecnologías y prácticas adaptadas a cada zona, como factores para mejorar la productividad y fortalecer la competitividad agrícola.

Esta figura permite separar los bienes de un proyecto del patrimonio de sus participantes, ordenar los aportes de capital y establecer reglas para administrar los recursos. La notaria pública Annabel Villalba explica sus ventajas, alcances y aspectos importantes antes de invertir.

El fideicomiso inmobiliario gana cada vez más relevancia como alternativa para estructurar negocios, atraer inversores y brindar mayor previsibilidad a los proyectos de construcción. En Paraguay, está regulado por la Ley N.º 921/1996, de Negocios Fiduciarios, y por las disposiciones del Banco Central del Paraguay (BCP). La notaria pública Annabel Villalba señaló que su principal característica es la constitución de un patrimonio autónomo, separado tanto de los bienes de quien los aporta como de los de la entidad que los administra.

Pero, ¿cómo funciona y quiénes participan? El mecanismo consiste en transferir un terreno, dinero u otros bienes a un fiduciario, que los administra para cumplir una finalidad establecida en un contrato. Esta función está reservada a bancos, financieras y empresas fiduciarias autorizadas y supervisadas por el BCP.

A diferencia de una compra tradicional en pozo, en la que el comprador paga directamente al desarrollador, en el fideicomiso los fondos ingresan a cuentas propias del negocio y solo pueden utilizarse para el objetivo pactado. “El fideicomiso es una forma de ordenar la confianza”, acotó Annabel.

De esta manera, el desarrollador puede sumar inversores o propietarios de terrenos, mientras que quienes aportan capital conocen el destino previsto de sus recursos.

Más opciones para financiar obras. El fideicomiso no presta dinero, sino que facilita la organización de aportes provenientes de distintas fuentes, como terrenos, inversores, cuotas de preventa y créditos. También puede estructurarse como garantía para respaldar una financiación bancaria.

La separación patrimonial constituye una protección relevante, ya que los bienes afectados al negocio no quedan expuestos a los acreedores particulares de quien los aportó. Además, los fondos deben mantenerse en cuentas identificadas identificadas, cada fideicomiso lleva su propia contabilidad y el fiduciario debe informar al menos trimestralmente.

En proyectos de construcción, también se contemplan controles sobre el terreno, su tasación, la solvencia del constructor y las condiciones financieras para completar la obra. Los desembolsos pueden vincularse al avance y la fiscalización debe estar a cargo de un profesional independiente.

Costos y decisiones antes de invertir. Constituir un fideicomiso implica honorarios de estructuración y administración, además de gastos de escrituración, registros y tasaciones. La operación debe analizarse también desde el punto de vista tributario, porque el tratamiento depende de la naturaleza de los aportes y de los beneficiarios.

La especialista recomienda evaluar la escala del proyecto, la entidad fiduciaria, la situación jurídica del inmueble y las condiciones del contrato. También es importante distinguir entre proyectos a precio fijo, en los que el desarrollador asume los desvíos de costos, y aquellos al costo, donde estos pueden recaer sobre los compradores.

El fideicomiso, advirtió, no elimina todos los riesgos ni garantiza que una obra termine según lo previsto. Por eso, comprender las obligaciones de cada parte y los mecanismos previstos ante incumplimientos resulta esencial para proteger la inversión.

Alonso Chaverri-Suárez, representante del Grupo BID en Paraguay

Hace unas semanas, Asunción reunió a referentes del sector público, empresarial y financiero para debatir sobre infraestructura, competitividad y desarrollo en la Noche de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y en el VI Foro de la Cámara Vial Paraguaya, ambos con el apoyo del Grupo BID. El foco de estos espacios estuvieron unidos por una misma convicción: el desarrollo no ocurre por accidente; se construye.

Cuando hablamos de infraestructura solemos pensar en rutas, puentes, aeropuertos o viviendas. Sin embargo, una obra empieza mucho antes de la primera excavadora y no termina con el corte de cinta inaugural. Comienza con una buena decisión de inversión y alcanza su verdadero propósito cuando un productor llega más rápido a un mercado, una familia accede a agua segura o una persona abre por primera vez la puerta de su casa propia.

Por eso, la infraestructura debe entenderse como una cadena de valor completa. Cada eslabón cuenta: la planificación, el financiamiento, la ejecución, la operación y el mantenimiento. Si uno falla, el resultado pierde impacto. Una ruta construida sin mantenimiento oportuno se deteriora. Un proyecto mal diseñado eleva costos y retrasa beneficios. Una inversión sin una adecuada articulación institucional termina entregando menos valor del esperado.

El Grupo BID estima que el país necesitará alrededor de USD 15.000 millones hacia 2030 para fortalecer su infraestructura de transporte, logística y conectividad. Al mismo tiempo, estudios internacionales señalan que será necesario sostener durante años niveles de inversión superio superiores a los actuales para cerrar las brechas existentes.

Paraguay llega a este momento con activos importantes y unas oportunidades estupendas. La obtención del grado de inversión abre acceso a capital de largo plazo y a condiciones de financiamiento más favorables. Sin embargo, el desafío no es solo invertir más, sino hacerlo sin comprometer la disciplina fiscal que permitió construir esa credibilidad. Ambos objetivos son compatibles.

La clave está en innovar en los mecanismos de financiamiento. La inversión pública seguirá siendo fundamental, pero debe complementarse con financiamiento multilateral, asociaciones público-privadas, concesiones, garantías, mercado de capitales y nuevos instrumentos capaces de movilizar recursos privados e institucionales. Cuanto más amplia sea la base de financiamiento, mayor será la capacidad de sostener inversiones estratégicas sin concentrar toda la presión sobre el presupuesto público.

También es esencial fortalecer la calidad de la preparación de proyectos. Contar con una cartera madura, evaluaciones rigurosas, reglas previsibles, contratos equilibrados y una adecuada distribución de riesgos es lo que convierte una intención de inversión en una obra exitosa.

La misma lógica se aplica a la integración regional. Paraguay, como país sin litoral marítimo, depende de la eficiencia de cadenas que trascienden sus fronteras. Una ruta no termina donde termina el pavimento. Su valor depende también de pasos fronterizos ágiles, servicios logísticos eficientes, procesos digitales y regulaciones regulaciones coordinadas entre países.

En ese contexto -y solo como un ejemplo-el Corredor Bioceánico, en el Chaco paraguayo, representa una oportunidad de cambio. La inversión de USD 200 millones del BID para el Tramo II y conectores permitirá mejorar más de 130 kilómetros de la Ruta PY15 y fortalecer la conexión de una región donde operan más de 7.000 productores.Pero el verdadero impacto llegará cuando esa infraestructura se integre a un sistema logístico que reduzca costos, facilite el comercio y amplíe oportunidades para quienes producen y generan empleo.

Desde el Grupo BID compartimos esta visión. Nuestra Estrategia de País 2025-2029 prioriza inversiones en transporte, energía, agua y saneamiento, y vivienda sostenible. Lo hacemos convencidos de que el Estado y el sector privado no son actores excluyentes, sino socios indispensables. El primero planifica, regula y protege el interés público; el segundo aporta capital, innovación y capacidad de gestión.

Paraguay tiene hoy la oportunidad de convertir su impulso constructor en una transformación duradera. Porque, al final, la mejor infraestructura es aquella que mejora vidas. Y esa es nuestra misión central.

El BCP inició este martes el procedimiento tras detectar una insuficiencia de solvencia en la entidad. Las operaciones permanecen suspendidas mientras se verifica su situación patrimonial. Además, informaron que la garantía cubre hasta G. 228,3 millones por depositante.

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició durante la madrugada de este martes 3 de noviembre el procedimiento de resolución de ueno bank, luego de constatar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido. La decisión fue adoptada por unanimidad el lunes 2 de noviembre y comunicada oficialmente a primera hora.

Según explicó la institución, la medida responde a ajustes realizados en los estados financieros durante el proceso de regularización y busca atender la situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.

El presidente del BCP, Carlos Carvallo, señaló en conferencia de prensa que el proceso es resultado de varios meses de trabajo técnico. Entre los elementos analizados mencionó indicios de créditos a empresas vinculadas al grupo controlador, debilidades en operaciones crediticias y deterioro de los indicadores de liquidez.

¿Qué pasa con los ahorros? Uno de los principales puntos de atención es la disponibilidad de los fondos. Desde el anuncio, las tarjetas, aplicaciones y demás canales de ueno bank permanecen suspendidos, mientras se realiza la conciliación de activos y pasivos.

El BCP informó que la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos alcanza hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228.300.000 por persona física o jurídica en cada entidad financiera. La cobertura se aplica por depositante y entidad, no por cada cuenta.

De acuerdo con las explicaciones brindadas por las autoridades, el dinero comprendido dentro de ese límite está garantizado. Para los saldos superiores, se analizarán mecanismos de compensación de activos y pasivos, con el objetivo de procurar la mayor protección posible.

La banca matriz desplegó funcionarios para avanzar en el balance de exclusión, que permitirá determinar qué activos y obligaciones serán considerados en el procedimiento. El plazo legal para completar esta etapa es de hasta 15 días, aunque las autoridades indicaron que buscan acortarlo.

El alcance para el sistema financiero. La situación también involucra a grandes depositantes institucionales. El mayor es el Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene alrededor de G. 1,74 billones en certificados de depósito de ahorro en ueno bank, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas figura con G. 250.000 millones.

El instituto previsional confirmó, además, que cerca del 9 % de su cartera de inversiones está colocada en la entidad, equivalente a unos USD 345 millones entre certificados de depósito y bonos financieros.

En paralelo, el BCP sostuvo que se trata de una situación particular de ueno bank y que no representa una condición generalizada del sistema financiero paraguayo.

La resolución abre una etapa de verificación y reorganización. Los próximos pasos dependerán del balance patrimonial y de los mecanismos que se definan para atender a los depositantes, mientras las autoridades instan a consultar únicamente los comunicados oficiales para conocer las instrucciones de recuperación de fondos.