A través de un comunicado, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) expresó su profunda preocupación por una postura emitida por la doctora Liana Caballero Krause, miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), la cual consideraron atentatoria contra la propiedad privada.
La doctora Caballero Krause se habría pronunciado a fin del proyecto de ley que regula el Sistema Nacional de Pagos, ante lo cual los bancos que integran Bancard lamentan verse señalados ahora como un problema luego de haber apostado por la transformación digital del país con visión y compromiso.
Desde la Asoban destacaron que la inversión privada ha sido clave para alcanzar, e incluso superar, los estándares internacionales de calidad de servicio, seguridad y escalabilidad. Recordando además que las entidades bancarias llevan 40 años invirtiendo en tecnología e innovación, facilitando el acceso de millones de paraguayos a los medios de pago más modernos, seguros y eficientes.
“Preocupa que la Dra. Caballero haya emitido declaraciones agresivas, sin sustento técnico y comentarios ofensivos, hacia los principales actores del sistema financiero, quienes han trabajado durante décadas, invirtiendo y asumiendo riesgos en favor del país, con resultados ampliamente positivos que han contribuido a la estabilidad y a garantizar los depósitos de los ahorristas”, reza parte del comunicado.
En la misma tesitura, los miembros de la Asoban aclararon que no se oponen a la incorporación de nuevos actores y que lo que buscan es asegurar el respeto a la inversión privada y a la libertad de mercado en un entorno regulatorio justo, equitativo y libre de privilegios.
Consideraron además que no es competencia del Banco Central del Paraguay (BCP) introducir cambios estructurales ni desmembrar una empresa y menos aún adoptar medidas que generen ventajas indebidas en perjuicio del resto del ecosistema.
“Advierte que la incorporación de los incisos e) y q) en el artículo 4 del proyecto de ley, así como su redacción actual, introducen un elevado nivel de incertidumbre jurídica y de imprevisibilidad. Más grave aún, vulneran el principio constitucional de igualdad ante la ley, distorsionan las condiciones de libre competencia y, en consecuencia, restringen significativamente la participación y el crecimiento del sector privado”, remarca otro párrafo del comunicado oficial.
En el mismo también se solicita a las autoridades competentes la postergación del tratamiento del proyecto y la apertura de un espacio de diálogo técnico, transparente y constructivo, que permita evaluar en profundidad las implicancias de los incisos mencionados del artículo 4.