• Brasilia, Brasil. AFP.

La corte suprema de Brasil retomó este miércoles pasado un juicio que debe decidir sobre la regulación de las redes sociales, en un proceso pionero en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio. Tras varios meses de pausa, la corte vuelve a analizar varios casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.

El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la corte al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.

El debate sobre las redes sociales en el máximo tribunal debe definir de qué manera las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios. Otro punto clave es si las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.

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Ocho de once magistrados aún deben votar sobre la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos.

Los tres que ya lo hicieron, entre ellos el presidente de la corte, Luis Roberto Barroso, se pronunciaron por una mayor responsabilización de esas empresas. “Establecer los criterios que regirán los casos que llegan al poder judicial es nuestro deber (...) y no tiene nada que ver con censura. Estamos hablando de responsabilidad civil”, resumió el miércoles Barroso al abrir la sesión.

Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.

Uno de los casos bajo análisis se originó por una apelación de Facebook contra un fallo que obligó a la compañía a indemnizar a una mujer que descubrió un perfil falso con su nombre e imagen para divulgar material ofensivo.

El magistrado Luiz Fux argumentó en su voto que en casos de incitación al odio o a la violencia, racismo, pederastia y apología de golpe de Estado, las plataformas deberían “supervisar activamente” y eliminar el contenido de inmediato, sin necesidad de orden judicial.

El bolsonarismo se ha mostrado crítico con ese proceso. Existe “preocupación ante la posibilidad de que el poder judicial imponga, de forma unilateral, restricciones severas a la libertad digital en Brasil”, señaló la semana pasada en una nota la bancada bolsonarista en la Cámara de Diputados. El sensible debate ante el supremo no tiene fecha de finalización.

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La potencia sudamericana ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando otro de los jueces de la corte suprema, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.

El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia. Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.

El gobierno estadounidense de Donald Trump estudia actualmente posibles sanciones contra Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de “perseguir” al exmandatario (2019-2022). Por su parte, el presidente Lula abogó el martes por “acelerar la reglamentación” de las plataformas. “No es posible que un tipo intente dar un golpe de Estado (...) y diga que eso es libertad de expresión”, dijo en rueda de prensa el izquierdista, en alusión a Bolsonaro.

La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos de Hombre y la Mujer, desarrolla en la fecha una audiencia pública para analizar el proyecto de ley “que promueve el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social del país”, presentado por varios diputados.

La presidenta de esta mesa asesora la diputada Rocío Abed indicó que siempre se está discutiendo sobre la necesidad o no de reglamentar y establecer un marco legal sobre la inteligencia artificial, que está trayendo la globalización.

“La IA puede ser positiva como negativa dependiendo del enfoque que se adopte como sociedad. Es conveniente el desarrollo de una legislación porque puede fomentar el desarrollo de la investigación y de la inteligencia artificial, así como garantizar el acceso equitativo a sus beneficios. Igualmente, debe promover la soberanía nacional y competitividad en este contexto globalizado”, explicó.

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Recordó la referencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio que hizo referencia a Paraguay y su potencial energético y a su vez vinculado a la IA; ya que cuenta con un importante excedente de la energía eléctrica que podría ser de interés de grandes inversionistas en el desarrollo de la IA, así como de tecnologías emergentes en el país.

“Este proyecto de Ley que está a discusión representa una propuesta visionaria, soberana y estratégica que permite aprovechar la ventaja geopolítica única, abierta por el reconocimiento de los Estados Unidos”, enfatizó.

La diputada Abed recordó que en paralelo a este debate, también se está llevando adelante el estudio de la Ley de Datos Personales, que actualmente cuenta con media sanción de Diputados, otorgados recientemente y que son temas de la agenda legislativa. Indicó que están estrechamente vinculados a la propuesta de legislación sobre las IA.

El diputado Rodrigo Gamarra, uno de los proyectistas de la regulación de la IA, señaló que se plantean alternativas de discusión sobre un marco teórico para darle forma a este tema que es la IA, que de a poco va a formar parte de la cotidianeidad de las personas a través de sus celulares.

“La IA es algo transversal que se puso en nuestro camino, es algo imposible de evitar y debemos transitar a través de ella. La idea con este proyecto es darle un marco regulatorio, a fin de ser parte de este desafío para que sea verdaderamente útil a nuestro país”, explicó.

Mencionó que la IA puede ser adaptada a las necesidades que hoy se tienen, brindando soluciones a corto plazo a muchos problemas que se vienen padeciendo desde hace muchos años.

Indicó que se busca una Ley que proteja a las personas, proteja sus datos personales, que incentive el uso de la IA, fomente a los desarrolladores, y sobre todo, se pueda tener a gente especializada en el país, porque existe la capacidad en el capital humano, pero lo que falta es incentivarlo y fomentarlo.

“El gobierno nacional ha demostrado desde todas luces que está abocado en que el desarrollo del país llegue lo más pronto posible. Por eso, creo que el Mitic será un aliado estratégico para poder llevar adelante esta iniciativa”, comentó.

En tanto, el ministro de Tecnología de la Información y la Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, valoró el desarrollo de la audiencia pública como una herramienta para poder escuchar a diferentes sectores y poder entender cómo impacta la IA en la sociedad.

Al respecto, resaltó algunos puntos relevantes, como ser que la regulación siempre va a estar detrás de la innovación y en materia de IA están en la parte inicial de lo que podría llegar a ser y cómo podría impactar en varios aspectos, como educación, salud, seguridad, entretenimiento.

No obstante, señaló que existen etapas que deben ser superadas, por eso, la importancia de contar primero con una Ley de Protección de Datos, que cuenta con media sanción de Diputados y está en estudio en el Senado.

“Debemos entender los cambios que se pudieran dar en otros proyectos de ley que son complementarios o que dependen del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales; que en el caso de las IA dependen totalmente de los datos y del tratamiento del mismo”, indicó.

Indicó que igualmente están trabajando en otras propuestas regulatorias, y que este proyecto de Ley de IA, quieren que sea el primer paso, una herramienta, de un sandbox regulatorio que han visto que nunca se ha planteado en el país.

Explicó que un sandbox regulatorio es un entorno controlado creado por las autoridades regulatorias para permitir que empresas, especialmente startups y fintechs, prueben productos, servicios o modelos de negocio innovadores en un mercado real, pero con ciertas flexibilidades regulatorias y bajo supervisión.

“Sandbox viene del inglés arenero, donde juegan los niños. Refiere entonces, a ese entorno controlado. El objetivo es fomentar la innovación, permitiendo experimentar sin cumplir inicialmente con todas las regulaciones estrictas, mientras se protege a los consumidores y se evalúan los riesgos”, acotó.

Mencionó que existen una serie de proyectos regulatorios que deben ser analizados, pero siguiendo un orden. Por tanto, sancionar una Ley de Protección de Datos Personales, luego un sandbox regulatorio que permitirá comprender mejor el impacto regulatorio de una herramienta innovadora como es la IA, y tercero analizar los elementos que están ahí. "El orden en que salgan es importante, las discusiones se pueden tener indistintamente en cualquier orden", acotó.

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Durante el mes de mayo, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) recaudó G. 4.719.999 millones (USD 593 millones), lo cual representa un crecimiento de 7 % en comparación al mismo mes del año 2024, donde se obtuvo G. 310.627 millones más (USD 39 millones).

La Gerencia General de Impuestos Internos recaudó en el quinto mes del año, un total de G. 3.154.718 millones (USD 396 millones), que representa una variación interanual de 5,4 %, equivalente a G. 162.818 millones (USD 20,5 millones) más.

La Gerencia General de Aduanas por su parte en el mes de mayo alcanzó una recaudación en efectivo de G. 1.565.281 millones (USD 197 millones), obteniendo una variación interanual de 10,4 % respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a G. 147.809 millones (USD 18,6 millones) más.

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Desde la DNIT explican que el crecimiento de los Impuestos Internos en mayo se ve principalmente explicado por los pagos realizados por el sector comercio, seguido por construcción, servicios a empresas, telecomunicaciones, información y comunicación, y el mayor impacto se observó en el Impuesto de los Dividendos y Utilidades (IDU).

Con relación al crecimiento de la recaudación de los Impuestos Aduaneros entre los rubros que incidieron positivamente en la recaudación se destacan: informática y telecomunicaciones, combustibles y demás productos derivados del petróleo y vehículos.

En términos de recaudación total acumulada de enero a mayo, se generó un crecimiento del 9,1%, que representa un monto total de G. 1.521.138 millones más que en el mismo periodo del 2024, con lo cual se observa un crecimiento consecutivo en los 22 meses de existencia de la DNIT (agosto 2023 a mayo 2025).

Ingresos Tributarios afirma que una de las razones por las que se ve un crecimiento en el erario público es por el aumento de controles en todos los puntos del país. En ese marco, cabe mencionar que la DNIT anunció la transición hacia el uso obligatorio del KIT 2.0, la nueva versión del sistema informático para la generación de despachos aduaneros. Esta herramienta ya se encuentra plenamente operativa tras la culminación exitosa de su desarrollo y ciclo de pruebas funcionales.

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El KIT 2.0 constituye una evolución tecnológica de gran importancia para el fortalecimiento del proceso de generación de despachos aduaneros, brindando una mayor estabilidad, seguridad y una serie de mejoras operativas y funcionales orientadas a optimizar el trabajo de los operadores.

La presidenta de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), Lorena Rojas, brindó detalles sobre el alcance de la nueva ley de juegos de azar. Se espera que esta normativa combata el juego ilegal y que de esa manera repunte la recaudación impositiva.

En conversación con La Nación/Nación Media, resaltó que con la actualización de la normativa que se logró luego de años de lucha, se abre un abanico de posibilidades. Asimismo, afirmó que es el primer paso hacia el desarrollo de una industria del entretenimiento en Paraguay.

Estas actualizaciones responden tanto a las nuevas tendencias del sector como a la necesidad de combatir la informalidad y garantizar mayor transparencia y control estatal. La titular de Apoja explicó que la ley aborda dos pilares fundamentales.

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En primer lugar, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) fue reestructurada y ahora depende administrativamente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). “Hoy la DNIT va a dotar de 300 funcionarios para las fiscalizaciones. En lo que a la operación física se refiere, con eso se estarían terminando con las máquinas tragamonedas en las veredas y en los almacenes”, explicó.

El otro punto importante es que se eliminó el monopolio en la explotación de juegos de azar, incluyendo la quiniela y las apuestas deportivas. Rojas explicó que antes solo podían ser explotadas por una única empresa. Sin embargo, con la actualización de la legislación, ahora hasta tres empresas podrán obtener las concesiones por rubro.

Asimismo, explicó que todos los contratos que están vigentes van a pasar a durar tres años. La ley contempla que al tercer año del contrato se debe llamar a una licitación pública para conceder los derechos de operación. Antes se hacía por resoluciones directas.

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“Paraguay es el único que no tiene (identificación) en la región”, señaló, al referirse a la falta de un dominio específico que distinga a los sitios legales de apuestas.

“Hoy ninguno de los juegos tiene el ‘.py’, o un ‘.com’, un ‘.dec’. Entonces, vos tenés un montón de estafas, tenés un montón de niños jugando juegos ilegales”, indicó a LN/NM.

Mediante la legislación se apunta a resolver este problema, ya que serán otorgadas también mediante una licitación pública. Esto permitirá a los usuarios reconocer cuándo una plataforma es legal.

“En Argentina, por ejemplo, los juegos legales tienen el dominio ‘.bet.ar’, como ‘betwarrior.bet.ar’. Eso garantiza que el jugador esté identificado, que no pueda participar un menor de edad y que los premios sean pagados”, afirmó. En Paraguay, se trabaja actualmente para implementar un sistema similar.

Esta identificación es fundamental para que gigantes tecnológicos como Google y Meta permitan la publicidad de plataformas paraguayas, ya que los mismos solo operan con mercados regulados.

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La presidenta de Apoja resaltó que hay mucho movimiento económico en el rubro. “Tecnología asociada ya se está empezando a exportar. Imagínate con la Ruta Bioceánica, quien no va a querer venir a hacer maquila acá. El rubro del entretenimiento es una industria en el mundo”, manifestó.

En este sentido, remarcó que se pueden maquilar ruletas, máquinas de juegos que tienen costos de hasta USD 15.000, accesorios y mucho más referente al rubro. “Imagnate Paraguay como triangulación por el Mercosur para poder sacar el producto y para poder enviar a cualquier parte del mundo con una Bioceánica como esta”, concluyó.

• Nueva ley busca aumentar recaudación fiscal y frenar juegos clandestinos.
• Hasta tres empresas podrán explotar quiniela y apuestas deportivas bajo concesión.
• Conajzar ahora depende de DNIT, con 300 funcionarios para fiscalizaciones.
• Plataformas legales tendrán identificación web para evitar estafas y acceso de menores.
• Paraguay apuesta a exportar tecnología de entretenimiento y atraer inversiones.