La caña dulce producida por pequeños agricultores en el departamento de Guairá sigue siendo una materia pendiente para el gobierno, según precisó a La Nación/Nación Media, Ramona Vargas, representante de Coordinadora Paraguaya de Productores de Comercios Justos (CPPCJ).
Dijo que el proyecto de ley que busca formalizar el rubro y garantizar su trazabilidad fue presentado hace cinco años, pero aún no ha sido incluido en el orden del día de la Cámara de Diputados. Los productores reclaman con urgencia su aprobación para que el sector pueda acceder al Presupuesto General de la Nación (PGN), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y así mejorar su productividad.
“El MAG ya dio su aval técnico al proyecto, pero el proceso legislativo está detenido por falta de voluntad política. Se podría duplicar la productividad de nuestras tierras si contáramos con apoyo estatal para fertilización y maquinaria. Tenemos menos de 5 hectáreas por productor, y esta rentabilidad actual no permite reinvertir en las fincas. Esto perpetúa la pobreza en el sector”, manifestó Ramona Vargas a LN.
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Lo que buscan con el proyecto de Ley de Caña de Azúcar es principalmente formalizar el rubro y garantizar trazabilidad, algo que se requiere tanto para exportar como para asegurar la seriedad en el mercado interno. Vargas mencionó que la mayoría de los demás productos agrícolas sí tienen presupuesto asignado, como la papa o la cebolla, pero la caña dulce no.
“Los pequeños cañicultores de caña dulce orgánica necesitamos urgentemente una ley que nos ampare. Sin esta ley seguimos sin presupuesto y sin apoyo para mejorar nuestros suelos o adquirir maquinaria adecuada para la preparación de tierra”, dijo.
Ramona Vargas comentó que este anteproyecto de ley ya cuenta con varias correcciones hechas por un equipo técnico del gobierno. Incluso, realizaron ya algunas audiencias públicas y luego fue presentado el documento en Diputados. La caña de azúcar representa un pilar clave para la agricultura familiar, generando trabajo para más de 185.000 personas de forma directa e indirecta en todo el país.
Actualmente, los mercados internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea o Asia no compran solo por precio, sino que exigen productos con normas claras, respaldo institucional y trazabilidad. Es decir que, sin una ley como la propuesta, Paraguay pierde competitividad y grandes oportunidades de negocios, según expuso a LN, Ramona Vargas.