Los principales gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al presidente de la República, Pedro Alliana, para exigir una reformulación integral del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank.

El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones, entre ellas la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).

En la misiva, los sectores firmantes advierten que la crisis política y financiera exige respuestas inmediatas del Gobierno para preservar el grado de inversión, recuperar la confianza de los mercados y proteger el empleo. “Paraguay no tiene más margen de error”, expresan en el documento.

Asimismo, reclaman investigar las fallas de supervisión y las eventuales responsabilidades de quienes debían controlar las operaciones de la entidad bancaria.

Uno de los principales cuestionamientos de los gremios apunta al proyecto de PGN 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Según los firmantes, la propuesta presupuestaria no contempla adecuadamente las consecuencias económicas de la crisis de Ueno Bank y contiene previsiones que consideran alejadas de la realidad.

En ese contexto, estiman que el perjuicio para las arcas públicas podría representar entre el 1,5 % y el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB). También mencionan los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos, la disminución de la actividad comercial y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo, cifra que, según advierten, podría continuar aumentando.

A ello suman el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana y el riesgo de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas. Estas cifras corresponden a estimaciones y afirmaciones de los gremios expresadas en la carta. “No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido”, sostienen.

Los gremios proponen revisar integralmente el PGN 2027, utilizando proyecciones realistas de ingresos y gastos, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la convergencia hacia un déficit del 1,5 % del PIB.

Entre sus principales planteamientos figuran la reducción del gasto corriente improductivo, la eliminación de aumentos salariales injustificados y el recorte de gastos considerados superfluos.

Solicitan revisar específicamente las asignaciones destinadas a pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.

Los recursos ahorrados, según plantean, deberían ser destinados prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación pública. También exigen avanzar con la reforma de la Caja Fiscal y limitar la cobertura de vacancias en el sector público a los puestos considerados esenciales.

Otro de los pedidos centrales está relacionado con la recuperación de los fondos afectados por la crisis bancaria. Los gremios solicitan establecer mecanismos legales que permitan destinar los bienes recuperados de los responsables y posteriormente liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) al resarcimiento de los ahorristas que no sean cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Asimismo, proponen establecer por ley un registro público actualizado diariamente, que permita identificar cuánto dinero mantiene cada institución estatal en los bancos, las modalidades de depósito y sus respectivos plazos.

La iniciativa apunta a fortalecer la transparencia en la administración de recursos públicos y prevenir nuevas situaciones de riesgo financiero.

La carta también incluye propuestas para reorganizar distintas áreas del Estado. Entre ellas, los gremios plantean integrar la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante las modificaciones legales correspondientes.

Además, solicitan fortalecer la recaudación de peajes con participación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), impulsar controles contra el contrabando y revisar determinados regímenes laborales del sector público.

Otro de los puntos es dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social, para asegurar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Además de los reclamos, las organizaciones empresariales manifestaron su disposición de colaborar técnicamente con el Gobierno en la reformulación del presupuesto y las medidas necesarias para recuperar la confianza económica.

Entre sus compromisos mencionan impulsar inversiones productivas, generar empleo formal, fortalecer los estándares de transparencia empresarial y ejercer vigilancia sobre las contrataciones y el uso de los recursos públicos.

Los firmantes sostienen que la exigencia de integridad debe alcanzar tanto al sector público como al privado, sin distinciones por vínculos políticos o económicos. “Ningún cargo, vínculo político o poder económico debe proteger a los responsables”, remarcan.

Finalmente, los gremios instaron al presidente Alliana a adoptar decisiones verificables y urgentes para afrontar las consecuencias de la crisis financiera. “El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro”, concluye la carta dirigida al mandatario.

La calificadora internacional S&P Global Ratings revisó de positiva a estable la perspectiva de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), debido a mayores inquietudes sobre la eficacia de la supervisión bancaria en Paraguay, tras el colapso de Ueno Bank. No obstante, confirmó la calificación crediticia de emisor de largo plazo de la institución en ‘BB+’ en escala global.

La decisión también responde a las dudas que surgieron en torno al gobierno corporativo, la transparencia y los posibles conflictos de interés dentro del marco regulatorio y de supervisión financiera del país. En ese contexto, S&P modificó de positiva a estable la tendencia del riesgo de la industria bancaria paraguaya.

Según el análisis, la rápida caída de Ueno Bank y su posterior resolución por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) pusieron en cuestionamiento la capacidad de supervisión y la efectividad de los controles regulatorios. La calificadora menciona presuntas operaciones irregulares con partes relacionadas, posibles manipulaciones contables y deficiencias en la gestión y documentación de la cartera crediticia.

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Pese a estas preocupaciones, S&P considera que los acontecimientos no necesariamente derivarán en un deterioro generalizado de la calidad crediticia del sistema bancario. Por el momento, sostiene que la situación financiera de las demás entidades se mantiene mayormente intacta y que la confianza de los depositantes continúa contenida.

En cuanto a la AFD, la calificadora considera que su perfil crediticio conserva factores de respaldo importantes, entre ellos su sólida capitalización, su condición de único banco estatal de segundo piso y la alta probabilidad de apoyo extraordinario del Gobierno ante eventuales dificultades financieras.

El informe señala que la exposición de la AFD a Ueno Bank representaba cerca del 10 % de su cartera de préstamos, principalmente mediante los programas habitacionales Che Róga Porã y Primera Vivienda. Sin embargo, S&P considera que los créditos están protegidos por las garantías legales de los préstamos subyacentes y que no prevé interrupciones sustanciales en los pagos.

La calificadora también advierte que la AFD podría enfrentar condiciones de financiamiento más restrictivas en las próximas semanas, debido al aumento de los rendimientos en el mercado. La institución tiene vencimientos de bonos por aproximadamente G. 200.000 millones en noviembre y otros G. 100.000 millones a mediados de diciembre, aunque dispone de líneas de crédito de organismos multilaterales y prevé moderar el crecimiento de su cartera.

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La Unión Industrial del Paraguay (UIP) se pronunció sobre la crisis política e institucional que atraviesa el país y destacó la actuación de las instituciones para encauzar la situación y dar paso a una nueva conducción nacional. A través de un comunicado, el gremio pidió que las sospechas de irregularidades sean investigadas hasta sus últimas consecuencias y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

La organización también felicitó al nuevo presidente de la República, Pedro Alliana y al vicepresidente, Antonio Barrios, y señaló que tienen la responsabilidad de recuperar la confianza ciudadana, garantizar la estabilidad y demostrar un compromiso con la honestidad y el interés nacional.

Asimismo, reconoció la actuación del Congreso Nacional y del Ministerio Público, pero sostuvo que la firmeza institucional debe mantenerse hasta el esclarecimiento completo de los hechos. En ese sentido, advirtió que ningún acuerdo político, influencia económica o vínculo personal debe convertirse en refugio para la impunidad.

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El gremio consideró que la crisis obliga a revisar los controles del Estado, establecer responsabilidades claras y fortalecer los mecanismos de detección temprana para evitar que las autoridades investigadas puedan obstaculizar los procesos. También puso el foco en los ahorristas afectados, quienes necesitan respuestas urgentes, información transparente y medidas concretas para proteger sus derechos y recuperar sus recursos conforme a la ley.

Finalmente, la UIP sostuvo que la confianza debe reconstruirse mediante la verdad, la justicia y resultados concretos. Además, afirmó que el país necesita marcar un quiebre definitivo con la tolerancia a la corrupción y garantizar que ningún cargo esté por encima de la ley ni ningún interés particular prevalezca sobre el destino de la República.

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La experiencia adquirida en el trabajo cotidiano puede convertirse en una herramienta para acceder a nuevas oportunidades laborales. En ese contexto, el reconocimiento formal de los conocimientos y habilidades de los trabajadores representa una alternativa para fortalecer los procesos de selección de personal y acercar las capacidades disponibles a las necesidades de las empresas.

Con ese objetivo, el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), a través de su Club Mipymes, presentaron el Modelo de Certificación de Competencias Laborales, una iniciativa dirigida a empresas de reclutamiento, bolsas de empleo y profesionales de recursos humanos.

La propuesta apunta a reconocer oficialmente las habilidades, saberes y destrezas de las personas, incluso cuando fueron adquiridos mediante la experiencia práctica y no a través de una formación académica tradicional. De esta manera, los trabajadores podrán contar con un respaldo que acredite sus capacidades y que a su vez, pueda ser considerado por las empresas durante sus procesos de contratación.

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La presentación se realizó el miércoles 4 de noviembre, en la sede de la UIP, con la participación del secretario técnico del Sinafocal, Alfredo Mongelós, y la vicepresidenta de Cooperación Técnica y Fortalecimiento de Mipymes de la UIP, María José Espí­nola, además de empresarios, emprendedores y representantes vinculados al ámbito laboral.

Durante el encuentro se dieron a conocer los principales componentes del modelo, entre ellos la metodología utilizada para evaluar y acreditar los conocimientos de los trabajadores, los perfiles profesionales que ya están habilitados para acceder a la certificación y las posibilidades de incorporar este reconocimiento como un criterio de valor en las convocatorias de empleo.

La iniciativa también busca fortalecer la articulación entre las instituciones públicas, el sector industrial y las empresas dedicadas a la intermediación laboral. En ese sentido, las bolsas de empleo y las firmas de reclutamiento cumplen un papel importante para vincular a quienes buscan trabajo con las organizaciones que necesitan incorporar personal.

Con este mecanismo, se pretende reducir la distancia entre los perfiles disponibles en el mercado laboral y los requerimientos técnicos y operativos de las empresas, al tiempo de brindar mayor confianza y precisión en la selección de candidatos. La certificación permite además, dar visibilidad a capacidades que muchas veces permanecen sin reconocimiento formal, pese a haber sido desarrolladas durante años de experiencia.

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