Desde el Ministerio de Trabajo reconocen un desfasaje en el cálculo del salario mínimo, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Foto: Archivo
Convocan al Conasam para evaluar desfasaje en el cálculo del salario mínimo
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El Ministerio de Trabajo analiza la revisión del sistema actual de cálculo para el ajuste del salario mínimo, actualmente determinada a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó que ya se convocó al Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) para trabajar con la inflación de junio de 2024 a mayo de 2025 como parámetro.
Segovia explicó al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media que es necesario revisar si el sistema vigente refleja adecuadamente la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo legal de los trabajadores y que el IPC actualmente está compuesto en un 27 % en precios de productos relacionados con la alimentación, y el 73 % es una variedad de artículos que no necesariamente está vinculado directamente con la cotidianidad del trabajador promedio .
“El 73 % es una variedad de productos que en algunos casos afectan directamente y otros no tanto al sector asalariado con salario mínimo. Por ejemplo, pasajes de avión y otro artículos que habitualmente no son utilizados por el trabajador”, mencionó.
Según Segovia, el Ministerio de Trabajo “siempre fue partidario” de modificar la normativa, ya que la inflación general no siempre concuerda con lo estipulado en el salario mínimo vigente. En ese sentido, afirmó que realizaron reuniones técnicas con el Banco Central del Paraguay y que se solicitó una cooperación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para conocer experiencias internacionales en la materia.
Igualmente, señaló que convocaron al Conasam para verificar conjuntamente con participación de los sindicatos y centrales de trabajadores el método más adecuado para la evaluación del salario mínimo, tomando como parámetro, en principio, la inflación de junio de 2024 a mayo de 2025.
“En esa instancia se va a estar evaluando la posibilidad de avanzar o no en este proceso de cambio de método o de herramienta de cálculo para el reajuste del salario mínimo”, señaló Segovia.
En la víspera, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, reconoció que existe un desfasaje entre la suba real del costo de vida y los porcentajes de reajuste salarial registrados en los últimos años.
Además, señaló que, si bien la inflación fue contenida, los precios de los productos, especialmente de los alimentos, no volvieron a bajar, lo que afecta a los trabajadores que cobran salario mínimo, principalmente.
Brasil: inflación cede dentro de la meta del gobierno, a dos meses de las elecciones
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La inflación en Brasil cedió en julio para situarse en 4,44 % interanual, dentro de la meta del gobierno, a dos meses de las elecciones, según cifras oficiales publicadas este martes. El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva buscará su reelección en octubre. El costo de vida aparece entre las principales preocupaciones de los electores brasileños.
La inflación mensual en julio fue de 0,07 % frente al 0,16 % del mes anterior, un cambio que se explica sobre todo por una tendencia a la baja de los precios de los alimentos, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Así, el índice para los últimos 12 meses quedó dentro de los límites establecidos por las autoridades, entre 1,5 % y 4,5 %.
La inflación interanual había superado ese techo en mayo y junio.
El costo de los combustibles también disminuyó en julio, mientras el gobierno de Lula sigue atento a las turbulencias por la guerra en Oriente Medio y las trabas al suministro de petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz.
Ante el panorama global, las autoridades brasileñas han subvencionado el precio de la gasolina.
El Banco Central de Brasil también mantiene una de las tasas de interés de referencia más altas del mundo para contener la inflación.
La autoridad monetaria redujo el 6 de agosto la tasa Selic de 14,25 % a 14 %, siguiendo un ciclo de recortes iniciado en marzo.
Pero se mantiene prudente ante los impactos de la guerra, cuyo efecto sobre los precios del combustible genera una expectativa global inflacionaria. Lula enfrentará en las presidenciales al candidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), preso por golpismo.
La ministra Mónica Recalde explicó ante la mesa directiva del Senado el alcance del reajuste del 5 % del salario mínimo y la situación del contrato colectivo de los trabajadores de prensa. Foto: Gentileza
Senado aborda situación laboral de trabajadores de prensa y reajuste del 5 % del salario mínimo
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A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.
La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.
Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.
Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.
Mesa tripartita
En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.
La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.
“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.
El piso congelado del IRP reduce el efecto real de los aumentos salariales
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Mientras el salario mínimo volvió a incrementarse un 5 % para compensar parcialmente la inflación, el umbral de ingresos para tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa fijado en G. 80 millones anuales desde 2020. La falta de actualización del mínimo imponible provoca el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que incorpora cada vez a más trabajadores al régimen tributario sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.
“Nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos”. La célebre frase atribuida a Benjamín Franklin mantiene plena vigencia más de dos siglos después. En Paraguay, sin embargo, la realidad tributaria incorpora un elemento adicional que afecta silenciosamente a miles de asalariados: mientras los salarios se ajustan año tras año para acompañar la inflación, el ingreso mínimo para comenzar a tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) permanece inalterable desde hace seis años.
Desde el 1 de julio, el salario mínimo aumentó un 5 %, pasando de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales. Como ocurre cada año, el reajuste busca preservar parcialmente el poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.
Sin embargo, el mínimo para quedar alcanzado por el IRP-Rentas y Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP) continúa fijado en G. 80 millones brutos anuales, exactamente el mismo monto establecido para el ejercicio fiscal 2020.
Esta diferencia entre la evolución de los salarios y la inmovilidad del umbral genera un fenómeno ampliamente estudiado en economía pública denominado “arrastre fiscal” o bracket creep. Consiste en que la inflación y los aumentos nominales de los ingresos hacen que cada vez más personas ingresen al sistema tributario, aunque en términos reales mantengan prácticamente el mismo nivel de vida.
Zunilda Trinidad, consultora organizacional y especialista en proyectos de inversión y auditoría, explica que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no tiene atribuciones para modificar ese monto por decisión propia.
“El umbral de G. 80 millones está establecido por la Ley 6380/19. Su modificación requiere un cambio en el marco legal. A diferencia de la legislación anterior, la actual no contempla un mecanismo automático de actualización del mínimo imponible según la inflación”, señala.
En consecuencia, más que una decisión administrativa, la permanencia del umbral responde a la ausencia de una reforma legislativa que adapte el monto a la evolución de los precios.
Cada año el límite vale menos. Aunque nominalmente el mínimo imponible continúa siendo de G. 80 millones, su valor económico se redujo de manera importante desde 2020.
La inflación acumulada durante los últimos seis años disminuyó el poder adquisitivo de ese monto. Si el límite hubiera sido ajustado para mantener el mismo valor real que tenía cuando fue fijado, actualmente se ubicaría aproximadamente entre G. 105 millones y G. 108 millones, según la inflación acumulada del período.
En otras palabras, el umbral vigente conserva apenas alrededor del 76 % del poder adquisitivo que tenía originalmente.
Como consecuencia, numerosos trabajadores que únicamente recibieron incrementos destinados a compensar la inflación hoy superan el límite legal y deben inscribirse en el IRP, aun cuando su situación económica real prácticamente no haya cambiado. ¿Pierde poder adquisitivo el trabajador?
La consultora tributaria Cinthia Ayala Maciel, de Inversiones Paraguay, sostiene que el efecto debe analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, explica que el impacto directo del impuesto suele ser moderado.
“El IRP grava la renta neta y posee una estructura progresiva, con tasas del 8 % y del 10 %. Por ello, quien recién supera el umbral normalmente no enfrenta una carga tributaria elevada”, señala.
Sin embargo, considera que el aspecto más relevante está en los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
“La inscripción en el registro, la presentación de declaraciones, la conservación de documentos respaldatorios y, en muchos casos, la contratación de un contador o de servicios de teneduría de libros representan gastos que son prácticamente iguales para quien apenas supera el umbral y para quien obtiene ingresos considerablemente mayores”, explica.
Ese fenómeno provoca que los costos administrativos tengan un peso proporcionalmente mayor sobre los contribuyentes de menores ingresos dentro del propio universo alcanzado por el impuesto.
Menor ingreso disponible. El efecto del arrastre fiscal no implica necesariamente una pérdida automática del poder adquisitivo, pero sí puede reducir el ingreso disponible de los trabajadores.
Una parte de los reajustes salariales destinados a compensar la inflación termina absorbida por el pago del impuesto y por los costos administrativos derivados de cumplir con las obligaciones tributarias.
Un ejemplo permite visualizar el fenómeno. Un asalariado que en 2020 percibía G. 78 millones anuales no estaba alcanzado por el IRP. Si durante los años siguientes únicamente recibió incrementos equivalentes a la inflación, hoy podría superar los G. 100 millones anuales sin haber experimentado una mejora significativa en su capacidad económica. Sin embargo, al mantenerse congelado el mínimo imponible en G. 80 millones, pasa a integrar el universo de contribuyentes.
Especialistas en política fiscal sostienen que este mecanismo modifica gradualmente la carga tributaria sin necesidad de elevar las alícuotas ni crear nuevos impuestos. Basta con que el mínimo imponible permanezca inmóvil mientras los salarios nominales continúan creciendo.
Mientras el salario mínimo sigue ajustándose para intentar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el piso del IRP permanece congelado desde 2020. En ese contexto, cada nuevo reajuste salarial acerca a más paraguayos al régimen tributario, ampliando la base de contribuyentes mediante el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en un escenario de inflación acumulada y salarios en constante actualización.
Brasil recorta tasa directriz por cuarta vez consecutiva contra la inflación
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El Banco Central de Brasil redujo ayer miércoles su tasa de interés de referencia por cuarta vez consecutiva, a dos meses de las elecciones de octubre, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección. La tasa Selic, una de las más altas del mundo, bajó de 14,25 % a 14 %, informó el Comité de Política Monetaria (Copom) en un comunicado.
El recorte de 0,25 puntos era ampliamente esperado por el mercado. Más de un centenar de instituciones financieras consultadas por el diario brasileño Valor Económico habían anticipado ese movimiento. El Banco Central retomó en marzo un ciclo de recortes, tras casi dos años con tasas elevadas.
Sin embargo, se ha mantenido prudente debido a los impactos de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que estalló a fines de febrero, la que presiona al alza el precio del petróleo y reaviva los temores inflacionarios en el mundo.
Tras reunirse durante dos días, el Copom subrayó el miércoles que el escenario externo “permanece incierto” por los conflictos en Oriente Medio, lo que exige “cautela” de los países emergentes ante el aumento de los precios de las materias primas.
En cuanto a la situación interna, el organismo sostuvo que aunque la inflación se moderó, “aún se sitúa por encima del límite superior del objetivo” del Banco Central brasileño.
La próxima reunión del comité será el 15 y 16 de septiembre, apenas tres semanas antes de los comicios de octubre. Lula, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, acaba de lanzar su candidatura a la reelección en las presidenciales de octubre.
Desde su regreso al poder en 2023, el izquierdista presiona por una reducción de la Selic para estimular la economía del gigante sudamericano. Las tasas altas encarecen el crédito y desestimulan el consumo, lo que reduce la presión sobre los precios, pero también la inversión.
Tasas tan elevadas durante tanto tiempo “asfixian el flujo de caja de las empresas, dificultan las inversiones en innovación y modernización, y agravan el ciclo de endeudamiento de las familias”, advirtió en una nota la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo.
Inflación, tema clave de la campaña
El costo de vida es una de las principales preocupaciones de los brasileños y se perfila como unos de los temas centrales de la campaña electoral. La inflación interanual se desaceleró en junio a 4,64 %, impulsada por la caída de los precios de los alimentos y los combustibles.
Sin embargo, la inflación se mantiene por encima de la meta oficial, fijada entre 1,5 % y 4,5 %. El gobierno de Lula ha buscado contener el alza de los combustibles, en particular de la gasolina y el diésel, este último clave para el transporte de carga en Brasil.
Las subvenciones a los precios en las gasolineras, que debían terminar a mediados de julio, fueron prorrogadas por el ministro de Finanzas, Dario Durigan, ante la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.
El conflicto en Oriente Medio sigue generando perturbaciones en el suministro mundial de petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para los hidrocarburos. Según los sondeos, Lula lidera las intenciones de voto de cara a una eventual segunda vuelta frente a su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del encarcelado expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.