El ministro de la Niñez y Adolescencia, Wal­ter Gutiérrez, anun­ció que el Poder Ejecutivo se encuentra analizando la posibilidad de imple­mentar dentro del sistema penal paraguayo la prisión permanente revisable, una alternativa que sí permite la Constitución y que difiere de propuestas que se encuen­tran en el Congreso.

“Estoy de acuerdo con que se puede incorporar la pri­sión permanente revisable, y lo estamos debatiendo en el Poder Ejecutivo. Está par­ticipando una eminencia del derecho como es la exminis­tra de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta”, explicó.

Detalló las diferencias entre ambas figuras. Cuando se habla de cadena perpetua, no hay posibi­lidad de que el individuo pueda reintegrarse a la sociedad; en cambio, con la prisión permanente revisa­ble sí es posible, pero está sujeto a constantes análi­sis que determinen si real­mente la persona está en condiciones de reinsertarse o si es mejor que continúe privado de su libertad.

“Por ejemplo, si se le con­dena a una persona por 30 años en el marco de la pri­sión permanente revisable, cuando se cumplan los 30 años, lo que va a suceder es que un equipo especializado va a hacer un análisis pro­fundo desde lo psicológico, psiquiátrico, socioambien­tal y otras aristas, verá si al momento del cumplimiento se encuentra en condiciones de ser reinsertado; si no es un peligro, recién ahí se le inserta”, añadió.

Señaló que esto no va en contra de lo que establece la Constitución, que en su artí­culo n.° 20 sobre el objeto de las penas habla de dos pun­tos, de la reinserción de la persona privada de liber­tad, pero también de la pro­tección a la sociedad. “Acá uno no cae en una contradic­ción porque le estás dando la posibilidad de que pueda ser reinsertado”, sostuvo.

Esta propuesta en análisis es diferente al del diputado Rubén Rubin, que estipula incluso 90 años. El minis­tro fue enfático ante la 1020 AM que la iniciativa del legislador; si bien fue pre­sentada como una prisión permanente revisable, no lo es. “No lo digo solamente como ministro ni parte del Poder Ejecutivo, sino como profesional del derecho. Así como está planteada la pro­puesta, es inconstitucional”, aseveró.

El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, anunció que el Poder Ejecutivo se encuentran analizando la posibilidad de implementar dentro del sistema penal paraguayo la prisión permanente revisable, una alternativa que sí permite la Constitución y que difiere sustancialmente de propuestas que se encuentran actualmente dentro del Congreso.

“Estoy de acuerdo con que se puede incorporar la prisión permanente revisable, y lo estamos debatiendo en el Poder Ejecutivo, incluso en este debate está participando una eminencia del derecho como es la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, estamos hablando y viendo que si se hace bien, se puede. La prisión permanente revisable no es cadena perpetua, porque la cadena perpetua es inconstitucional en el Paraguay”, explicó.

En este sentido, el secretario de Estado detalló las diferencias entre ambas figuras. Cuando se habla de cadena perpetua, no hay posibilidad de que el individuo pueda reintegrarse a la sociedad, en cambio, con la prisión permanente revisable sí es posible, pero está sujeto a constantes análisis que determinen si realmente la persona está en condiciones de reinsertarse o si es mejor que continúe privado de su libertad.

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“Por ejemplo, si se le condena a una persona por 30 años en el marco de la prisión permanente revisable, cuando se cumplan los 30 años, lo que va a suceder es que un equipo especializado va a hacer un análisis profundo desde lo psicológico, psiquiátrico, socioambiental y otras aristas, verá si al momento del cumplimiento se encuentra en condiciones de ser reinsertado, si no es un peligro, recién ahí se le inserta”, añadió.

Gutiérrez señaló que esto no va en contra de lo que establece la Constitución, que en su artículo n.° 20 sobre el objeto de las penas habla de dos puntos, de la reinserción de la persona privada de libertad, pero también de la protección a la sociedad. “Acá uno no cae en una contradicción porque le estás dando la posibilidad de que pueda ser reinsertado, pero ponés como condicionante que le tenés que proteger a la sociedad, es equilibrar los dos pilares que están dentro de la Constitución”, sostuvo.

Esta propuesta en análisis difiere del proyecto presentado por el diputado Rubén Rubin, que estipula la posibilidad de elevar penas, llegando incluso a superar los 90 años. El ministro fue enfático ante la 1020 AM que la iniciativa del legislador, si bien fue presentada como una prisión permanente revisable, no lo es.

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“No lo digo solamente como ministro ni parte del Poder Ejecutivo, sino como profesional del derecho, tengo un doctorado y soy del área constitucional. Así como está planteada la propuesta, es inconstitucional. A lo que se presentó se le dio el nombre de prisión permanente revisable, pero no es, no se compadece de esa figura, es como querer llamarle gato al caballo”, aseveró.

El presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, resaltó que al alcanzar los dos años de mandato este 15 de agosto, el gobierno de Santiago Peña está alcanzando la entrega de 10.140 títulos de propiedad de sus tierras. Destacó que en este gobierno se está logrando una verdadera revolución agrícola.

En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que, haciendo un comparativo del mismo periodo de los dos primeros años del gobierno anterior, hay una diferencia de 565 % entre la cantidad entregada por el actual gobierno y el anterior, que solo llegó a entregar 1.525 títulos.

“Esto refleja un poco la voluntad del presidente de la República de llevar adelante una verdadera revolución agrícola, apoyando a los pequeños agricultores. Porque no solamente trabajamos en el equipo del Indert; estamos bajo el sistema productivo, el sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, comentó.

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Explicó que no solo se trata de entregar títulos a los campesinos; la entrega de los documentos es solo la primera etapa de lo que es la política de gobierno del presidente Peña.

Indicó que la política de revolución agraria, de la cual forma parte el sistema del MAG, tiene previsto además la asistencia y apoyo a los pequeños productores, para que puedan tener mayor inversión y mayores niveles de rendimiento y productividad.

Agregó que esta política productiva también incluye al Crédito Agrícola de Habilitación y al Banco Nacional de Fomento, que permite habilitar un sistema de banca social para la producción, lo que significa la inclusión financiera, permitiendo acceder a los beneficios que tiene el BNF en materia de banca social.“Un enfoque inclusivo que les puede permitir financiar a bajos costos sus emprendimientos productivos, pudiendo participar de las ofertas, en el contexto más grande que es el programa de Hambre Cero en las Escuelas. Entonces, en el lado productivo tenemos títulos, acceso al crédito, asistencia técnica, apoyo con implementos agrícolas, tractores, permitiendo aumentar su capacidad de producción”, comentó.

El titular del Indert resaltó que, más allá de los aspectos cualitativos, el gobierno de Santiago Peña está logrando toda una revolución con la entrega masiva de títulos de propiedad, rompiendo récords históricos en el Paraguay.

Resaltó que, más allá de la cantidad de títulos entregados, que a la fecha llega a 10.140 beneficiarios, cifra nunca antes alcanzada, está igualmente trabajando en aquellas comunidades emblemáticas que han peleado por muchos años por la titulación de sus tierras, incluso con graves conflictos sociales y enfrentamientos que derivaron en pérdida de vidas humanas.

Al respecto, Ruíz Díaz recordó tres casos emblemáticos; como el caso de la colonia “Andrés Barbero” o “Barbero Cué”, una comunidad de 2.400 familias que lleva 74 años peleando por titular sus tierras y ahora están en un proceso avanzado más de 450 títulos que comienzan a ser entregados y que se irá dando por etapas.

“Más allá de la cantidad estamos ante un caso, donde fue zona de conflicto que ahora se va a convertir, en una zona de prosperidad. En la colonia Andrés Barbero, hubo muertos, enfrentamientos; pero ahora se va a producir, se va a auto realizar el orden, vamos a decir, a partir de la titulación viene el ordenamiento territorial y es un caso impactante para el país”, resaltó.

El segundo caso emblemático es “Marina Cué”, que hoy es conocido como “San Oscar Romero”, del distrito de Curuguaty; que también es otra comunidad emblemática de largo años de lucha por sus tierras que datan de la década de 1970. Aquí son 210 familias que ya comenzaron a recibir sus títulos de propiedad.

“Una colonia que también pasó por permanente conflicto, donde los campesinos se enfrentaron a las fuerzas del orden público; registrándose la muerte de 11 campesinos y 6 policía. Esto también costó la continuidad de un gobierno, porque derivó en juicio político a un jefe de Estado, causando una interrupción del proceso político en el Paraguay, en la era democrática”, recordó.

El tercer caso emblemático que señaló tiene que ver con la comunidad de Arroyito, específicamente la colonia Virgen del Camino, donde ya están alcanzando aproximadamente unos 2.000 títulos de propiedad.

Señaló que también fue una zona de constante conflicto, recordó que los primeros meses que tuvo que llegar a estas comunidades mencionadas lo tuvo que hacer con acompañamiento policial, ya que fue muy difícil al principio por la alta desconfianza que tenían hacia la institución. Resaltó que todo eso hoy cambió, y se puede ver la alegría en los rostros de la gente que incluso ya los invita a compartir sus mesas.

Asimismo, resaltó que solo de muestra recordó estos tres casos emblemáticos, pero existen muchas otras colonias del Indert que llevan largos años de espera en todo el país. Así también los asentamientos rurales del departamento Central, donde nunca antes se había titulado.

“Todas estas comunidades, al final, son familias que a partir de ahora van a pagar sus impuestos, van a contribuir con el crecimiento, el engrandecimiento del distrito, e integran al desarrollo económico y social de sus respectivas comunidades. Anteriormente estaban en zonas marginales, hoy son zonas tituladas, que les permite sentirse seguros en su hogar”, acotó.

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El gobierno de Santiago Peña concretó ayer la primera entrega masiva de títulos de propie­dad a los labriegos de la colo­nia Andrés Barbero, más conocido como Barbero Cué, ubicado en el departamento de San Pedro. Este paso es considerado como un hecho histórico debido a que los beneficiarios accederán a los documentos que los acredi­tan como propietarios legí­timos de sus tierras después de 70 años.

Como acto simbólico se rea­lizó en la fecha la entrega de 60 títulos y se prevé llegar a un total de 2.600 beneficia­rios. “Esta es una lucha que no debería tener colores, más que la bandera tricolor. Tengo el sueño de tener un Para­guay próspero, desarrollado. Esto no se hizo solamente conmigo, hay mucha lucha y quiero reconocer a todos los que hicieron posible esto”, manifestó Peña.

Con esta entrega se da cum­plimiento al tratado interna­cional entre Paraguay e Italia, que había sido propietaria de estas 17.000 hectáreas y que fueron donadas al Estado paraguayo para la entrega a sus habitantes. “Este es un hecho histórico sin prece­dentes, estamos viviendo un antes y un después en la histo­ria del departamento de San Pedro, esto no se da todos los días, no todos los años. Lo que el Gobierno hace hoy es un acto de justicia después de tantos años de lucha, incer­tidumbre, de espera”, indicó Freddy D’Ecclesiis, goberna­dor de San Pedro.

Antes de llegar a este his­tórico logro, pasaron 70 años para que finalmente se empiece a entregar los títulos de propiedad a los ocupantes de las tierras de esta emble­mática colonia, en la capital del segundo departamento.

“Los derechos indiscutibles son la vida, la libertad y la pro­piedad privada. Los poblado­res que reciben hoy su título de propiedad se están lle­vando una riqueza a la fami­lia“, comentó el titular del Ins­tituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz.

El gobernador de San Pedro destacó que esta conquista es resultado del trabajo conjunto entre la comunidad, el Gobierno nacional y el Indert.

En el marco de la entrega de títulos de propiedad a fami­lias de la colonia Dr. Andrés Barbero, el gobernador de San Pedro, Pedro D’Eccle­siis, afirmó que este es un momento que “marca un antes y un después” en el departa­mento, al poner fin a décadas de incertidumbre para los pro­ductores de la zona.

“Lo que hoy estamos haciendo es justicia después de tantos años de lucha, de espera y de incertidumbre. Durante décadas trabajaron la tierra con el corazón en la mano sin saber si algún día serían dueños de lo que con tanto esfuerzo cultivaron. Ahora tendrán su título de propie­dad, la seguridad jurídica y la dignidad que el gobierno del presidente Santiago Peña hace realidad luego de tantos años”, expresó el jefe depar­tamental.

D’Ecclesiis recordó que las tierras fueron donadas hace más de 70 años con el objetivo de beneficiar al pueblo tra­bajador, pero que por mucho tiempo fueron motivo de con­flictos, abusos e intentos de despojo. “Hoy podemos decir que estas ya no son tierras prestadas ni en disputa: son tierras de su gente, de quienes aman el trabajo, de quienes cultivan y crían a sus hijos”, enfatizó.

El gobernador destacó que esta conquista no es mérito exclusivo de un solo gobierno, sino resultado del trabajo conjunto entre la comunidad, el Gobierno Nacional y el Ins­tituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), presidido por Francisco Ruiz Díaz. “Nuestra política es clara: tierra con título, tie­rra con obras y esperanza”, señaló.