La Unión de Gremios de la Producción (UGP) sigue poniendo en tela de juicio las multas que quiere imponer la Unión Europea (UE) en caso de no cumplir con las exigencias establecidas en el marco del Reglamento 1115.

Para el gremio, las medidas que quieren imponer son irracionales y solo buscan bajar el precio de la soja paraguaya, de altísima calidad. Cuestionan la categoría de riesgo estándar que le asignó la UE a Paraguay, que implica mayores controles y auditorías sobre las exportaciones, a diferencia de países como China, EE. UU. e India, que tienen altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero.

En su boletín semanal, el gremio realizó un análisis sobre qué es lo que podría impulsar al mercado europeo avanzar con este reglamento, y poner trabas a nuestro país, al igual que a Argentina, Brasil y Rusia.

Hugo Jiménez de Recalde recordó que hasta inicios de 1800, las cédulas reales eran documentos oficiales del Antiguo Régimen europeo, donde la corona comunicaba a las autoridades locales la voluntad real sobre diversos asuntos políticos, organizativos y administrativos. Estas disposiciones no se discutían, se imponían.

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Ante los abusos de poder de la Corona y la expoliación de las colonias americanas, el proceso de emancipación de España y la constitución de repúblicas independientes dieron lugar a un cambio radical en el mapa del Nuevo Mundo. La primera nación latinoamericana en independizarse —en este caso de Francia— fue Haití, en 1804. Le siguieron Paraguay (1811), Argentina (1816), Chile (1818), Perú (1821), Ecuador (1822), Brasil (1822), Bolivia (1825) y otras.

“Hace unos días, como reeditando aquellas decisiones imperiales, la UE-27 publicó la lista de países proveedores de bienes agropecuarios y forestales, junto con sus respectivas clasificaciones de riesgo”, expresó.

Luego, mencionó que en la categoría de bajo riesgo fueron incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, China, Chile y Uruguay, entre otros. Argentina, Brasil y Paraguay fueron colocados en la categoría de riesgo estándar o medio, mientras que Rusia fue clasificada como país de riesgo alto.

Afirmó que esta clasificación se basa en criterios como la tasa de deforestación o degradación forestal, la expansión de tierras agrícolas y la tendencia de producción de materias primas y productos relevantes. En consecuencia, el Imperio Europeo, bajo el pretexto de “cuestiones ambientales”, disfraza su espíritu proteccionista y lo transforma en un argumento ambiental.

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Luego, expuso que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), una fuente respetada y confiable en el mundo entero, presenta una amplia colección de trabajos sobre áreas de producción, población, emisiones de CO₂ y gases de efecto invernadero. Allí se pueden explorar las emisiones de numerosos países y regiones, de dónde provienen, cómo evolucionarán en el tiempo y qué factores las impulsan.

Finalmente, precisó que para poner algún criterio objetivo en la comparación de emisiones, deben considerarse múltiples métricas: emisiones anuales por país, emisiones por persona, contribuciones históricas y si se ajustan o no a los bienes y servicios comercializados.

“Ante la necesidad de producción de alimentos para una población cada vez más numerosa, y el papel de las naciones para enfrentar este desafío consagrado en el ODS 2, conocido como “Hambre Cero”. Este objetivo busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. Busca, en definitiva, asegurar que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes y nutritivos durante todo el año, especialmente los más vulnerables”, aseveró.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) presentó la novena edición del concurso de dibujo No al trabajo infantil. A través de esta iniciativa buscan promover la reflexión y el compromiso colectivo contra el trabajo infantil, apelando a la creatividad de niños de todo el país.

La competencia está dirigida a niños de 5 a 13 años, que podrán expresarse mediante el dibujo sobre esta causa: el derecho a una infancia libre, protegida y con oportunidades de desarrollo. Contará con tres categorías, niños de 5 a 7 años, de 8 a 10 años y de 11 a 13 años.

La actividad se llevará a cabo el sábado 19 de julio en la sede de la UIP y serán premiados el primer y segundo puesto de cada categoría, además de menciones especiales. La participación es gratuita y este año los premios incluirán bicicletas, tablets, notebooks, entre otros.

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La edición anterior dejó en evidencia no solo la creatividad de los participantes, sino también su capacidad para interpretar con sensibilidad el mensaje del concurso. Los participantes deberán realizar sus dibujos en cartulina blanca tamaño A3, utilizando la técnica de su preferencia.

Los materiales serán provistos por la organización, aunque los niños y niñas podrán traer también sus propios insumos si así lo desean. Las obras deberán ser realizadas de forma presencial, sin asistencia externa, y serán evaluadas por un jurado técnico conformado por referentes del ámbito artístico e institucional.

El juzgamiento de las obras está previsto para el miércoles 30 de julio, mientras que el acto de premiación se celebrará el miércoles 14 de agosto. Como novedad en esta edición, la organización habilitó un formulario digital de inscripción obligatoria, que debe ser completado por los padres, madres o tutores.

Esta herramienta permitirá estimar la cantidad de participantes y asegurar una planificación más eficiente. Las bases y condiciones completas están disponibles en el sitio web institucional: www.uip.org.py, donde también puede accederse al formulario de inscripción.

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• Bruselas, Bélgica. AFP.

La Unión Europea añadió ayer martes a 10 países, incluyendo a Venezuela y Mónaco, a su lista de jurisdicciones de “alto riesgo” en materia de lavado de activos, aunque retiró de ella a Panamá. Fueron añadidas al listado Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, y entre los países removidos de la lista están Panamá, Jamaica y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

También fueron removidos de la lista Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda. Las entidades deben “aplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE”, explicó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, en un comunicado.

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La Comisión “ha llevado a cabo una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida, incorporando la información” recopilada del Grupo de Acción Financiera (FATF, en inglés).

La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, señaló que la identificación de los territorios “de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE”. Las alteraciones en el listado tuvieron lugar después de una “evaluación técnica exhaustiva”, aseguró la alta funcionaria.

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El Gobierno del Paraguay anunció el plan de construcción de 22 pequeñas centrales hidroeléctricas (PCHs) en ríos internos del país, que requerirá una inversión de USD 1.400 millones. El megaproyecto apunta a diversificar la matriz energética nacional y a generar unos 25.000 empleos directos e indirectos que dinamizarán la economía. Desde el sector industrial destacan que hará más competitivo al país y contribuirá a captar más inversión.

La iniciativa es liderada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Minas y Energía. Esto será posible gracias a una actualización legislativa que permitirá simplificar los procesos de generación de energía eléctrica a pequeña escala y licitar cuencas completas en lugar de proyectos individuales, aprovechando al máximo el potencial hidroeléctrico de los ríos del país.

El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, explicó a La Nación/Nación Media que Paraguay estaría experimentando la demanda máxima de consumo energético hacia el 2030 o 2031, según las prospectivas energéticas. Ante este panorama, enfatizó la necesidad de “introducir nuevas fuentes de generación y, por sobre todo, diversificar la matriz” para poder enfrentar esta demanda.

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Con las pequeñas centrales hidroeléctricas, más las otras energías renovables proyectadas desde el Gobierno, se busca complementar la matriz energética actual y aumentar la disponibilidad.

“Lo que buscamos es la complementariedad, la diversificación de la matrícula de generación, la implementación de la mayor cantidad de fuentes de generación para que esto pueda ser una ayuda, un complemento a todas las centrales ya existentes y que de esta manera siempre tengamos esta holgura de excedente de energía eléctrica que nos permite el desarrollo como país hoy y que cada día es más marcado y pronunciado”, mencionó.

En el Paraguay existen 1.745 lugares donde se podrían desarrollar pequeñas centrales hidroeléctricas, de los cuales el Parque Tecnológico Itaipú identificó 22 ubicaciones con potencia superior a 5 MW (megavatio) cada una, con un total de 400 MW de generación.

El Plan Maestro de Generación 2024 - 2043 de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), que aborda las proyecciones de consumo, refiere que en el país actualmente toda la energía eléctrica proviene de centrales hidroeléctricas y que el momento de mayor consumo (conocido como “hora pico”) es el más crítico a la hora de planificar nuevas obras.

Sin embargo, en el futuro no todas las nuevas plantas de generación serán hidroeléctricas, por lo que es importante estudiar cómo varía la demanda de electricidad a lo largo del día y del año, así como considerar cuándo estarán disponibles otras fuentes de energía, como solar o eólica, para garantizar un suministro estable.

El Centro de Estudios Económicos (CEE) de la UIP reveló que, para un escenario de moderado crecimiento industrial (del 5,3 % del PIB anual), las estimaciones de crecimiento promedio anual para la demanda máxima serán del 6,6 % y del 6,8 %, basado en una estimación que hizo la Ande para el período 2019 - 2030.

Sin embargo, la demanda de potencia máxima superó la proyección de la Ande desde el 2022. Para ese año, la demanda de potencia máxima aumentó 13,6 %, 7 % más de lo estimado. Esta alcanzó 4.270 MW, superando los 4.195 MW proyectados.

En el 2024, el consumo de energía eléctrica en el país creció 18 %, casi 5 % más de lo esperado por la Ande. Llegó a 26.143 GWh (gigavatio-hora), superando los 24.725 GWh proyectados. Además, la demanda máxima superó en 50 MW las estimaciones. El consumo no solo crece al doble de lo previsto (antes 7-8 % anual), sino que ahora aumenta entre 10 % y 12 %.

El CEE de la UIP incluyó en su estudio la demanda de potencia máxima que elaboró la Ande (hasta el 2030) y del Viceministerio de Minas y Energía (hasta el 2025). Describe que, considerando que la potencia máxima es de 8.800 MW y tomando las estimaciones de ambas instituciones, podría decirse que la demanda superaría a la oferta en el segundo quinquenio de la década 2030 - 2040.

Si el consumo de energía continúa su ritmo actual, el sistema eléctrico nacional podría enfrentar un déficit en los primeros años de la década del 30. En un escenario alto, donde la demanda de potencia máxima crece a un ritmo del 10,3 % anual—proyección basada en los últimos dos años—, la necesidad superaría la capacidad instalada antes de 2030.

Bajo un escenario medio, con un incremento anual del 7,4 % (calculado con base en los últimos cinco años), el punto de quiebre llegaría en 2032. Mientras que, en un escenario conservador—que sigue la proyección oficial de la Ande con un crecimiento del 6,6 % anual—, el desbalance entre oferta y demanda se produciría en 2033.

Si bien no existe un cronograma definido, Bejarano adelantó que antes de fin de año se pretende licitar la primera central hidroeléctrica que se construirá en el río Ypané, en la zona comprendida entre los departamentos de San Pedro y Concepción. Sin embargo, aclaró que los tiempos dependen también de la Ande, institución encargada de las licitaciones.

Según las estimaciones, el plazo de las construcciones de cada PCH sería de aproximadamente 24 a 36 meses. Sin embargo, hasta la fecha se espera la reglamentación de la ley para poder avanzar al siguiente paso que es el llamado a licitación.

El viceministro afirmó que la inversión para la construcción de las pequeñas centrales hidroeléctricas será eminentemente privada. En este sentido, se espera que la Administración Nacional de Electricidad llame a una licitación pública internacional para comenzar el proyecto en la cuenta del río Ypané.

La participación del Estado se centrará en la compra de energía producida por estas centrales mediante la Ande y será incorporada al sistema interconectado nacional. Además, añadió que la ley contempla la posibilidad de “autoconsumo” y de exportación, lo que abre nuevas oportunidades tanto para usuarios privados como para la Ande.

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Bejarano destacó el elevado interés que despierta el proyecto. “Hoy en día estamos recibiendo un montón de manifestaciones de intereses de empresas nacionales e internacionales que por supuesto deberían consorciarse, ya que se necesita una expertiz para la construcción de esto. A nivel nacional tenemos constructoras importantes, pero no tenemos la posibilidad de experiencia de construcción de pequeñas centrales hídricas, que sí la tiene a nivel internacional”, señaló.

El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, resaltó la importancia de las PCHs tanto para el desarrollo nacional como para el fortalecimiento industrial. “Todo lo que sea generación limpia y renovable es fundamental, no solo para la industria, sino que para el país”, sostuvo en conversación con La Nación/Nación Media, acotando que algunas de las represas proyectadas pueden servir en punta de carga y otras que puedan servir de base. Ambas son importantes.

Consultado sobre qué sectores industriales se beneficiarían, el titular de la UIP respondió que el impacto será amplio. “Toda la industria se beneficia de la mayor capacidad instalada en el país, no solo una”, afirmó.

El hecho de tener mayor capacidad de generación de energía limpia influirá en la competitividad del país a nivel regional, por ende, se podrá captar mayor inversión de industrias extranjeras. En este punto, Duarte consideró que un punto importante será mantener los costos bajos de la energía. “Esperemos que siga siendo de los más bajos en la región”, apuntó.

El empresario Raúl López, de Guaraní Energías Renovables S.A., destacó el posible efecto multiplicador local de las pequeñas centrales hidroeléctricas. “Estos 22 lugares van a generar de 15.000 a 25.000 puestos de trabajo directo. En promedio, unas 20.000 personas. Multiplicando por una familia tipo de cuatro personas, estamos hablando de una cantidad bastante interesante de gente que va a entrar al sector económico”, dijo a La Nación/Nación Media.

López consideró que, al ser exclusivamente capital privado, tanto nacional como internacional, más del 60 % de estas inversiones quedarán en el país y cerca del 12 al 15 % se traducirá en salario directo.

“Entre el 60 % y el 70 % de todas las inversiones quedan en el país. No son como los paneles solares, donde tienes que enviar plata el 90 % afuera para traer los equipos. Con las PCHs tenés la tierra, la cuenta hídrica, la mano de obra, las varillas de hierro, el cemento, los productos que deben usarse como combustible, el transporte… es una cadena muy amplia de economía que se desarrolla”, afirmó.

También insistió en que estos emprendimientos implican un importante retorno fiscal, incluso en términos impositivos. “Cada pequeña central hidroeléctrica puede generar, solamente en IVA, alrededor de USD 500.000 por año. Si una central vende entre 5 a 10 millones de dólares, el 10 % es IVA”, detalló.

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