El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en conjunto con la Itaipú Binacional, avanza en la planificación de un nuevo sistema de generación de energía solar fotovoltaica que será instalado en la sede del Viceministerio de Minas y Energía.

La iniciativa apunta a convertir al edificio público en un modelo de referencia para la autogeneración de energía limpia dentro del sector estatal.

Según informaron desde la cartera, el proyecto busca establecer un estándar tecnológico de vanguardia en materia de energías renovables, promoviendo la incorporación de sistemas solares en instituciones públicas y fortaleciendo el proceso de transición energética en Paraguay.

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Actualmente, la sede del Viceministerio ya cuenta con paneles solares operativos desde diciembre de 2024, con una capacidad de generación superior a los 7 kW. Sin embargo, el nuevo plan prevé ampliar significativamente esta infraestructura para aumentar la capacidad de producción y optimizar el consumo energético del edificio.

Desde el MOPC señalaron que el proyecto responde directamente a la necesidad de avanzar en el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas con el fomento de energías renovables y eficiencia energética. Además, destacaron que el objetivo es que el edificio gubernamental sirva como ejemplo local de adopción de tecnologías limpias y sostenibles.

En ese marco, equipos técnicos de ambas instituciones iniciarán durante la última semana de mayo una serie de visitas al predio para realizar relevamientos y estudios preliminares.

Estas tareas permitirán medir el consumo energético actual del edificio y recopilar información clave para el diseño definitivo del sistema fotovoltaico.

La coordinación del proyecto estuvo encabezada por el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, y el superintendente de Energías Renovables de Itaipú, Pedro Domaniczky, junto con sus respectivos equipos técnicos.

Este proyecto se da en un contexto en el que Paraguay busca diversificar su matriz energética y aprovechar con mayor fuerza el potencial de las fuentes renovables no convencionales, especialmente la solar.

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En una medianoche helada en la Cordillera de los Andes, Aldana Ramírez busca calor en una fogata mientras supervisa perforaciones en un proyecto de extracción de cobre que avanza sin descanso, parte del boom minero que impulsa el gobierno de Javier Milei en Argentina. “Este trabajo a mí me encanta, desde la primera vez que subí me enamoré”, dice Ramírez, de 27 años. Extraña a su hijo de siete al que ve cada dos semanas, pero dice que “vale la pena el esfuerzo”.

Horas de caminos de tierra rodeados de glaciares y arroyos cuyas márgenes están pobladas de guanacos separan el campamento minero de Los Azules de su pueblo natal, Villa Calingasta, en San Juan, epicentro de varios proyectos metalíferos. Buena parte de los 11.000 habitantes del departamento de Calingasta trabaja directa o indirectamente en la minería, como Ramírez, su padre y sus tres hermanos. Otros se dedican a la agricultura y están preocupados por el agua que baja de los proyectos.

Desde su asunción en 2023, Milei buscó acelerar la minería en un país con vastas reservas de cobre, oro, litio y uranio. En 2024 lanzó el RIGI, un programa con exenciones impositivas que atrae inversiones por miles de millones de dólares.

“La minería se desplegará por toda la cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo”, vaticinó Milei en marzo. Semanas después, promulgó una reforma a la ley de protección de los glaciares que permitirá a las provincias habilitar nuevas áreas de explotación minera. Organizaciones ambientalistas objetaron la norma ante la justicia argumentando que pone en peligro el acceso al agua.

En 2025, las exportaciones mineras crecieron 27 % y alcanzaron 6.000 millones de dólares, impulsadas por el oro y el litio, del cual Argentina ya es el quinto productor mundial. El gobierno proyecta superar los 20.000 millones anuales en 2035.

Para el economista Nicolás Gadano, “la matriz exportadora se está transformando” con la minería y los hidrocarburos, sectores con los que este país tradicionalmente agropecuario busca revertir su histórica escasez de divisas.

Más de la mitad de las exportaciones metalíferas proyectadas corresponden al cobre, clave para la construcción, la transición energética y el desarrollo de la inteligencia artificial. Argentina casi no lo produce desde 2018, pero tiene reservas para posicionarse entre los diez mayores proveedores mundiales.

A 3.500 metros de altitud y casi en la frontera con Chile, entre picos coloreados por minerales oxidados y surcados por sinuosos caminos de exploración, se alza el campamento de Los Azules, uno de los más avanzados de los cinco proyectos de cobre de gran escala en Argentina.

Allí el ritmo de cumbia ameniza las cenas para sobrellevar el aislamiento y el viento incesante. “Hay que adaptarse a la convivencia, uno no siempre tiene el mismo humor”, cuenta Andrés Carrizo, operador de perforadora de 27 años.

El proyecto de la canadiense McEwen (con Stellantis y Nuton/Rio Tinto) prevé iniciar su producción en 2030 y extraer 148.000 toneladas anuales de cobre durante dos décadas.

Su director general, Michael Meding, dijo a la AFP que el RIGI “ha dado señales muy importantes a inversionistas a nivel internacional” y que la reforma a la ley de glaciares brindará “seguridad jurídica”.

Los Azules promete ser carbono neutral en 2038 y destaca que su método usa poca agua. Pero el impacto inicial es tangible: el pozo tendrá las dimensiones de 840 canchas de fútbol y la profundidad de la Torre Eiffel.

Para abrirlo se removerá una vega, un humedal de alta montaña con vegetación esponjosa que actúa como hábitat de fauna local y regulador hídrico.

Los mayores proyectos de cobre en San Juan -Vicuña y El Pachón- contienen glaciares en sus zonas de operación, aunque aseguran que no son relevantes para el sistema hídrico. Ambos celebraron la nueva ley de glaciares, pero su judicialización pone en guardia a los inversores.

La cuestión fractura a las comunidades, debatidas entre la ilusión por nuevos empleos y la preocupación por el agua, bien escaso en las provincias cordilleranas.

“La gente tiene que elegir ‘o cuido el agua o como’”, dice Alejandro, trabajador de una gasolinera en Jáchal, donde en 2015 una mina de Barrick Gold derramó más de un millón de litros de solución cianurada en cursos de agua.

Alejandro, que pide no dar su apellido, no se opone a la minería, pero considera que “no hay controles suficientes” del Estado.

Además del interrogante sobre la aceptación social, el boom minero enfrenta desafíos en infraestructura y energía. Pero en Los Azules, mientras su máquina perfora en la noche gélida, Carrizo se ilusiona: “Estaría bueno que todo continúe, que tengamos todos trabajo y podamos crecer”.

Fuente: AFP.

El gobierno reglamentó la Ley de Energías Renovables No Convencionales, normativa que busca abrir nuevas oportunidades de inversión privada en generación eléctrica. Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, explicó a la 780 AM que la nueva reglamentación no implica una liberalización total del mercado eléctrico, pero sí una apertura parcial al capital privado para desarrollar proyectos de generación y comercialización de energía.

El objetivo es permitir que empresas, industrias e incluso usuarios particulares puedan participar de manera más activa en el sistema energético nacional, manteniendo al mismo tiempo el rol central de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) como administradora del sistema eléctrico.

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“No es una liberalización plena del mercado, pero sí una apertura al capital privado”, señaló. Uno de los principales cambios introducidos por la normativa es la posibilidad de que hogares, comercios e industrias instalen sistemas de autogeneración, como paneles solares, y puedan inyectar a la red la energía excedente que produzcan.

La reglamentación establece que los sistemas menores a un megavatio tendrán garantizada la compra de energía por parte de la Ande mediante un esquema de compensación entre lo consumido y lo generado, mecanismo conocido internacionalmente como “net metering”. Esto permitirá que usuarios reduzcan costos eléctricos y, en algunos casos, obtengan beneficios económicos mediante la venta de excedentes energéticos.

Además, la normativa habilita la participación de empresas privadas en licitaciones para proyectos de generación eléctrica. El primer llamado previsto apunta al desarrollo de 140 megavatios en el Chaco Central, una zona estratégica por su crecimiento industrial y demanda energética.

Según precisó Bejarano, los contratos de compra de energía serán de largo plazo, buscando otorgar previsibilidad y seguridad jurídica a los inversionistas interesados en ingresar al mercado paraguayo.

Otro aspecto relevante es que también se podrá comercializar directamente a grandes consumidores privados, aquellos con demandas superiores a 30 megavatios, e incluso explorar oportunidades de exportación hacia mercados regionales. “Paraguay trabaja en fortalecer la energética dentro del Mercosur y avanzar en nuevas interconexiones regionales, especialmente con Argentina y Brasil”, dijo.

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Paraguay se posicionó como el cuarto país con mayor participación en el hashrate global de Bitcoin (minería de criptomonedas), con aproximadamente un 4,3 % del total mundial, ubicándose por detrás de Estados Unidos, Rusia y China, según reportes recientes de Hashrate Index, un portal internacional dedicado al análisis de la industria minera de bitcoin.

Además, cuenta con más de 40 EH/s (exahashes por segundo) de aporte a la red, liderando actualmente en Latinoamérica. Dicho crecimiento estuvo impulsado por la energía eléctrica abundante, barata y renovable proveniente principalmente de las represas de Itaipú y Yacyretá, factores que han convertido al país en un punto estratégico para la instalación de operaciones vinculadas a la minería de criptomonedas.

Se detalló además que las mineradoras operan con instalaciones que cuentan con medidores especiales y pagan una tarifa superior a la del consumo residencial o industrial. En torno a ello, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) espera recaudar este año 350 millones de dólares, una cifra significativamente mayor a la que hubiera recibido mediante la venta de esa energía a países vecinos.

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Al respecto, Cecilia Maio, analista y fundadora de Ransen Group, se refirió acerca de la resolución 40/2026 emitida en marzo por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que establece nuevas obligaciones informativas para el sector de criptoactivos, agregando que incluso abarca operaciones como uso, transferencias, y un universo importante de ítems.

“Lo que lanza la DNIT en esta regulación, que es la 47/2026, es que es una obligación informativa sobre este tipo de operaciones. No hay un marco regulatorio general ni integral, sino lo que dicen es que se tiene que empezar a informar sobre el uso de criptoactivos”, comentó a la 1020 AM.

Dicha normativa llegó en el contexto en el que nuestro país quedó como el cuarto país con mayor participación en hashrate de bitcoin a nivel global, impulsado por su energía y capacidad operativa. En ese sentido, Maio indicó que la regulación es retroactiva, empezando a funcionar desde el mes de enero de este año y aclaró que no se trata de un impuesto nuevo, sino que es un régimen de información que debe ser tomado como tal.

“Tiene ciertas novedades porque alcanza a todos los que lo usan, ya sean personas físicas, jurídicas, a todas las plataformas, siempre que superen los USD 5 mil anuales en operaciones. Es una de las cosas importantes”, explicó sobre las novedades, detallando que los integrantes del sector deberán solicitar la inclusión en el Registro Único del Contribuyente (RUC) a efectos de presentar la declaración jurada informativa a través del Sistema Marangatú.

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